Entró ayer en vigencia la ley que la semana pasada actuó como detonante del intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa. Mientras tanto, avanza la investigación judicial contra los responsables de la intentona y desde el Ejecutivo analizan prorrogar el estado de excepción que rige en el país.

Ecuador intenta volver a la normalidad después del sacudón político del jueves, cuando algunos uniformados mantuvieron secuestrado por horas al mandatario. El presidente Correa participó en la mañana de ayer en una ceremonia de cambio de guardia en el Palacio de Carondelet. Un importante contingente militar y francotiradores apostados en los tejados le cuidaron las espaldas. Los estudiantes volvieron a las escuelas, aunque la bandera quedó a media asta en memoria de los ocho muertos que dejó esa jornada.

Asumiendo el riesgo de volver a despertar la furia de los policías, la jefatura de la Asamblea Nacional se negó a reabrir el debate sobre la norma que encendió la mecha para que los uniformados atentaran contra el mandatario. “Bajo la coacción y la fuerza no es posible pensar en ningún diálogo sobre nada”, explicó Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento ecuatoriano. La presidencia de la Asamblea Nacional podría haber convocado a sesiones para tratar el tema durante el fin de semana, como pretendían sectores de la oposición. Pero no lo hizo. Dejó correr el tiempo hasta la medianoche del domingo, cuando se vencía el plazo para revisar la ley de Servicio Público. Al no pronunciarse, la iniciativa quedó aprobada de forma automática.

La ley de Servicio Público elimina la bonificación equivalente a un salario extra que los militares y policías recibían hasta ahora tras quince años de servicio y de dos salarios, cinco años después. Aunque el gobierno les subió los sueldos en los últimos años, los uniformados se quejan porque esa suma no compensa la pérdida. La Asamblea, donde los aliados del presidente son mayoría, había aprobado una excepción para la policía y los militares, pero Correa la vetó. El miércoles pasado, 77 asambleístas se pronunciaron a favor de revocar ese veto, pero no llegaron a los 83 votos necesarios. Esa derrota fue la que crispó los ánimos en el Regimiento 1 de Quito y en otros cuarteles del país.

Desde el oficialismo, apuntaron al Partido Sociedad Patriótica (PSP) como instigador del intento de golpe y especialmente hacia su máximo dirigente, el ex presidente Lucio Gutiérrez. “Los policías fueron usados por miembros de la oposición, cuya verdadera intención era matar al presidente y herir de muerte a la democracia ecuatoriana”, denunció Fernando Cordero, titular de la Asamblea Nacional.

En sintonía, el fiscal Washington Pesántez anunció el inicio de una investigación por tentativa de homicidio contra Correa. Según Pesántez, eso quedaba en evidencia con el ataque con armas de grueso calibre contra los vehículos de las tropas de elite que evacuaron al gobernante del hospital de la policía, donde estuvo retenido el jueves. Otros delitos que la Justicia investigará son el secuestro de altos dignatarios, la insubordinación al mando jerárquico superior, la conspiración y el ataque a medios públicos, informó la agencia pública ecuatoriana Andes.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, adelantó que el Ejecutivo evaluará si levanta o no el estado de excepción. Según el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, la intención era levantar la medida hoy, pero previamente debía analizarse la situación. Por lo pronto, a los uniformados motorizados se les retiraron las armas, se dispuso un sistema de vigilancia interno y se retiró el mando a varios jefes policiales.