Desde México, DF

En el principio fue la duda: ¿el presidente de México es alcohólico? Le siguió el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS Radio por plantear el tema al aire y la consiguiente acusación: Felipe Calderón es censor y represor, y presionó a los concesionarios privados a entregar su cabeza para lavar la afrenta de inquirir sobre la vida privada de un funcionario público. Al final todos recularon: se repuso a Aristegui en la conducción del noticiero matutino, a partir del próximo lunes 21; Presidencia de la República respondió que Calderón goza de cabal salud y la radiodifusora privada descubrió que el único sentido de la existencia de los medios de comunicación es el servicio público.

El affaire Aristegui no concluye con la reposición de su espacio noticioso. La mediatización y politización del caso dejaron un par de preguntas aún sin respuesta cuyo trasfondo marcarán derroteros en los 17 meses previos a la elección presidencial de 2012. Una de ellas es el uso político de las concesiones de telecomunicaciones para imponer la censura en radio y televisión; la otra, los alcances de la libertad de expresión y de prensa ante la tensión entre el derecho a la información de la sociedad y el derecho a la vida privada de los funcionarios públicos.

Detrás del despido de Aristegui está una disputa que lleva ya más de tres años por el espacio radioeléctrico entre las empresas Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y Telmex. La empresa telefónica de Carlos Slim (quien oscila entre la primera y segunda mayor fortuna del mundo según la revista Forbes) ha intentado modificar los términos de su concesión pública para ingresar al mercado de la televisión restringida, clave para los servicios de triple play (audio, video e Internet). Ante los obstáculos que Televisa ha logrado ponerle hasta ahora, Slim se asoció con MVS, propiedad de Joaquín Vargas, y la empresa estadounidense Dish Network, a quienes presta servicios de venta y facturación, captando así casi la mitad de los clientes de Televisa en el mercado de televisión satelital, a través de Sky.

Analistas del sector aseguran que Televisa prepara acciones legales en Nueva York contra Dish Network y Telmex, mientras Slim podría retirar la publicidad de Telmex y Telcel que tiene contratada con la televisora que sólo en 2009 facturó más de 313 millones de dólares a las empresas de telefonía de Slim.

La disputa es entre dos conglomerados gigantes. El poder de Televisa es su “capacidad de persuasión, información o desinformación”, mientras que Telmex “tiene capacidad económica para desestabilizar, si se lo propone, a los medios de comunicación”, dice el especialista de la UNAM Gabriel Sosa Plata. MVS, asociada con Slim, negocia desde hace varios meses con la Comisión Federal de Telecomunicaciones el refrendo de una buena parte de las concesiones vencidas en la banda de 2,5 Ghz, de la que posee 65 por ciento de cerca de 190 Mhz de este espectro, ideal para ofrecer servicios inalámbricos de Internet en banda ancha, televisión restringida e incluso telefonía móvil.

Aristegui denunció que las concesiones de la banda 2,5 Ghz son moneda de cambio político desde la presidencia de la República y permanecen detenidas desde hace cinco años. Según la periodista, el gobierno federal las condiciona a la sumisión de las empresas mediáticas. Presidencia respondió que “la práctica diaria de comunicación social de este gobierno no se mezcla ni se confunde con la política pública en materia de telecomunicaciones”.

El presunto alcoholismo del presidente mexicano y la censura a Aristegui fueron recogidos tanto por los noticieros de CNN, BBC, Al Jazeera y Telesur, como por decenas de agencias informativas internacionales, en contraste con el silencio impuesto por las televisoras y radiodifusoras mexicanas que lo ocultaron, a pesar de que el tema fue discutido dos horas en una sesión de la Cámara de Diputados y que los principales articulistas y columnistas de la prensa escrita no han soltado el tema desde hace 18 días.

Desde que Aristegui cometió el pecado de “lesa majestad” –como lo calificó el historiador Lorenzo Meyer– de poner en la agenda pública el presunto alcoholismo del presidente Calderón, la opinión de redactores y columnistas de prensa escrita tomó bando: unos defendieron el derecho a preguntar de los periodistas, mientras otros ubicaron el tema en los linderos de la calumnia y la difamación.

MVS Radio anunció el regreso de Aristegui el próximo lunes 21 mediante un comunicado en el que dice haber “corroborado” que la radio, igual que otros medios de comunicación, “adquiere pleno sentido cuando funciona con criterios de servicio público y así lo hace al retroalimentarse en las preocupaciones de los radioescuchas”. Además, hizo público el código de ética que la propia Aristegui le impuso (http://bit.ly/g3AsNX) y anunció que antes de 40 días designarán al que será el primer defensor del radioescucha en una emisora privada mexicana, lo cual trasladará parte del debate público en México al terreno de la deontología periodística.

Por lo pronto, el que la presidencia de la República haya respondido públicamente al cuestionamiento sobre la salud de Felipe Calderón, y que MVS, al reponer a Aristegui en la conducción de su principal noticiero, reconozca que la periodista no violó el código de ética que ella misma impuso para trabajar en esa radiodifusora por cuestionar al aire el presunto alcoholismo del presidente sientan un precedente fundamental para el futuro de la prensa en México, pues reafirma que el derecho a la información de la sociedad prevalece sobre el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos, cuando ésta puede afectar o afecta la toma de decisiones que inciden sobre la misma sociedad.

Menos románticos, algunos analistas no conceden mayor importancia ni a la presión social que desató el affaire Aristegui ni al aparente respeto gubernamental de derechos fundamentales de la sociedad mexicana. Para ellos, lo que pesó al final es un negocio multimillonario: “Son los intereses económicos, estúpido”.