En los últimos días volvió a tomar impulso el reclamo por la restitución del juez Baltasar Garzón a su cargo en la Audiencia Nacional, que debió abandonar el año pasado, después de que lo denunciaran por prevaricato a la hora de investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. Ayer hubo manifestaciones en distintos lugares de España para expresar la solidaridad con el magistrado, que espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decida si acepta la presentación que realizó días atrás para denunciar su indefensión frente al Tribunal Supremo que impide que retome sus tareas en Madrid.

“Si la condena al juez Garzón se llevara a cabo, supondría una denegación de la Justicia particularmente grave para las víctimas del franquismo, que el juez había amparado”, decía en el manifiesto leído ayer por las organizaciones de defensa de la memoria histórica que se reunieron en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Una movilización similar tuvo lugar en Valencia. El jueves último, Garzón presentó ante el TEDH una denuncia acerca de su situación en España. En respuesta, el derechista sindicato Manos Limpias, uno de los denunciantes del magistrado, salió ayer al cruce y denunció que Garzón sólo intenta victimizarse a nivel internacional.

Página/12 dialogó con la abogada Helen Duffy, directora de litigios de la organización londinense Interights y patrocinante del juez suspendido que actualmente se desempeña como asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En comunicación telefónica desde La Haya, la letrada que conoció al magistrado mientras trabajaban en el caso Augusto Pinochet, comentó a este diario en qué se basa la demanda presentada por Garzón ante el Tribunal de Estrasburgo y cuál es su reclamo.

–¿Por qué el juez Garzón interpuso una presentación ante el TEDH?

–El juez Garzón fue sometido a un proceso penal por su decisión de abrir una investigación sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco. Procesar a un juez por tomar una determinación judicial es una violación de los derechos humanos, de acuerdo con la Convención Europea, y constituye una violación a la obligación de garantizar la independencia judicial, que es esencial para hacer ese trabajo. En primer lugar, fuimos al TEDH para resguardar los derechos del juez Garzón y para buscar el reconocimiento de que esta acusación en su contra es en sí misma una violación. Pero también acudimos a la Corte para buscar mayor protección de la independencia judicial y para asegurar que no se darán otros procesamientos injustificados de jueces por mantener determinadas opiniones. Por ejemplo, el juez de la Suprema Corte argentina Eugenio Zaffaroni es uno de los expertos internacionales que enviaron su opinión haciendo notar que la decisión que tomó Garzón estaba avalada por la legislación internacional y la práctica de sus pares en otros países, incluida la Argentina.

–¿Cuándo podrían saber si el TEDH acepta el caso?

–Recién lo presentamos. No esperamos tener ninguna respuesta del TEDH por varias semanas. El proceso ante la Corte no es rápido. Es muy difícil saber exactamente cuándo van a recibir el caso, cuándo van a dar alguna respuesta o cuándo lo van a comunicar al gobierno de España. Para que responda la Corte, no hay un plazo regulado. Nosotros sí tuvimos un plazo límite para llevar el caso, que fue de seis meses, contando desde la última oportunidad que tuvo el magistrado de parar el proceso en España.

–¿Qué efecto puede tener una resolución favorable del TEDH?

–Cuando hay un dictamen, las decisiones de la Corte son vinculantes. Tenemos que ver cuál es esa decisión pero, sea cual fuere, el Estado español está obligado a cumplir con ella.

–¿Entonces una decisión favorable podría restituir al juez Garzón a su cargo en la Audiencia Nacional?

–Es muy difícil decir cuáles son las resoluciones que le reclamamos a la Corte a esta altura del caso. No pedimos algo tan específico del TEDH. Lo que sí hicimos es una demanda denunciando la violación de sus derechos. Todavía no está claro qué es lo que va a pedir el juez Garzón y tampoco lo que va a responder la Corte.

–¿Cuál es su evaluación del estado de las causas en España por crímenes cometidos durante el franquismo?

–Lo que entiendo es que el Tribunal Supremo en España tiene paralizadas las causas, mientras se resuelve el caso contra el juez Garzón. Por lo tanto, en este momento, las víctimas no tienen acceso a la Justicia. Por eso, este caso es particularmente importante en términos de los derechos humanos, porque hay un triángulo de violaciones en juego: en primer lugar, a los derechos del juez Garzón; en segundo lugar, a la independencia judicial y a los derechos de los demás jueces, y en tercer lugar, a los derechos de las víctimas del franquismo, que fueron dejadas sin el acceso efectivo a la Justicia.

–¿Cree que las manifestaciones que se dan todas las semanas y en distintos puntos de España a favor de Garzón pueden ayudar a que el TEDH se pronuncie a su favor?

–No creo que haya un vínculo directo entre las manifestaciones y las decisiones de la Corte. La resolución del TEDH estará basada en los argumentos legales. Pero me parece que las marchas son importantes para mandar un mensaje acerca de cuál es la situación y sus implicancias.

Entrevista: Luciana Bertoia.