Estados Unidos gastó más de 3000 millones de dólares en la lucha antidrogas en América latina desde 2005, dinero cuyo destino específico no puede precisar debido a falta de controles, según un informe divulgado ayer en el Senado.

La insuficiente supervisión de los contratos concedidos por el Pentágono y el Departamento de Estado hace imposible el rastreo adecuado de los fondos para combatir el narcotráfico, indicó el informe solicitado por la senadora demócrata de Misuri, Claire McCaskill.

El estudio, realizado por el Subcomité de Supervisión de Contratos del Senado, demuestra que más de la mitad de los fondos fueron concedidos a contratistas privados para el suministro de aviones y demás equipos y las operaciones de vigilancia y capacitación de agentes. Sin embargo, señaló que las agencias federales estadounidenses carecen de sistemas para rastrear adecuadamente el dinero invertido o para evaluar su eficacia.

“Está cada vez más claro que fracasaron nuestros esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en América latina, especialmente en lo que se refiere al uso de contratistas”, se quejó McCaskill, presidenta del subcomité.

“Sin una adecuada gestión y supervisión, estamos desperdiciando los dólares de los contribuyentes y tirándole dinero a un problema sin siquiera saber lo que conseguimos a cambio”, dijo McCaskill en un comunicado.

La investigación solicitada por la senadora revisó los contratos concedidos entre 2005 y 2009 para operaciones antinarcóticos en Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y la República Dominicana. Durante ese período, las autoridades aumentaron en un 32 por ciento la cantidad de fondos destinados a contratos, de 482 millones de dólares a 636 millones, aun sin contar con un sistema para evaluar el uso de los fondos.

Según el informe, ni el Pentágono ni el Departamento de Estado tienen un sistema o una base de datos centralizada capaz de rastrear los contratos para la lucha antinarcóticos. El propio Pentágono reconoció que sus sistemas internos para ese rastreo “consumen mucho tiempo y son proclives a errores”.

Peor incluso, un año después de que el Departamento de Estado se comprometió a tomar medidas para mejorar el rastreo de esos contratos, aún no puede ofrecer un informe detallado de los gastos básicos. El análisis destacó la falta de transparencia, una débil supervisión de los contratos y la concesión de fondos por unos 840 millones de dólares sin el debido proceso de licitación.

En una ocasión, según la investigación, el Departamento de Estado concedió unos 37 millones de dólares a una corporación de Alaska para gestionar un programa de servicios de alimentos en Bolivia.

El Departamento de Estado también otorgó otro contrato sin licitación, por 2100 millones de dólares, a varios contratistas extranjeros para la adquisición de camionetas en Bolivia.

El informe también apuntó a un “monopolio” de los contratos, ya que la mayoría de los concedidos para operaciones en América latina entre 2005 y 2009 fueron para las empresas DynCorp, Lockheed Martin, Raytheon, y Arinc, que en su conjunto obtuvieron más de 1800 millones de dólares.

A raíz del informe, la oficina de McCaskill dijo que la senadora, miembro de los comités de las fuerzas armadas y de seguridad nacional, recomendará mayores medidas para controlar estos fondos.