Tras 86 días de huelga de hambre, los cuatro mapuches chilenos acusados de intento de homicidio suspendieron la medida en las primeras horas de ayer. De todas maneras, el reclamo de la mayor etnia chilena persistirá por mayores derechos y la restitución de sus tierras ancestrales.

“El objetivo no es detener la lucha. Debemos pelear para que el gobierno respete al pueblo mapuche y sus derechos”, dijo Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, uno de los aborígenes condenados junto a Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical. Los mapuches depusieron la medida cuando su salud comenzaba a agravarse tras una pérdida de peso de cada uno de entre 20 y 25 kilos y un deterioro generalizado de sus órganos que los mantenía muy delicados pero aún sin riesgo vital.

Los cuatro indígenas no consiguieron su exigencia principal de anular un juicio que los condenó a penas de entre 8 y 14 años por el ataque a un fiscal y un robo con violencia en 2008. Desde febrero pasado, los cuatro mapuches fueron juzgados en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (al sur de Santiago) por los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado con lesiones. En ese juicio se los encontró culpables de atentado a un fiscal chileno en 2008, a partir del discutido método de testigo sin rostro, propio de la ley antiterrorista. Justamente otra de las grandes reivindicaciones es la anulación de dicha ley, que rige en Chile desde los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Tras conocer el fallo, los mapuches decidieron el pasado 15 de marzo reanudar la huelga de hambre en rechazo a la sentencia. Los mapuches habían pasado 80 días sin alimentarse en 2010.

Aunque la ley fue derogada, los mapuches dicen que las figuras jurídicas de esa ley continúan vigentes. Una de las voces que se alzaron en apoyo de esa postura fue la de la Iglesia. Para el arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, ahora queda en manos del gobierno y el Congreso modificar los vestigios de la norma, principal fuente de discriminación hacia los mapuches, que en su mayoría ostentan niveles de pobreza superiores al resto de la población.

“Hay que buscar una nueva ley y tiene que estar implicado el Poder Legislativo”, señaló Ezzati. Sin embargo, la esposa de uno de los huelguistas se diferenció tajantemente de la Iglesia y le negó cualquier tipo de influencia en la decisión de la suspensión de la medida. “La huelga de hambre no terminó por la mediación de parte de la Iglesia Católica. El pueblo mapuche tiene todos sus argumentos para defender sus derechos”, aseguró Pezoa, la esposa de Llaitul.

La medida se tomó al mismo tiempo de conformarse una comisión que velará por los derechos del pueblo mapuche, la principal etnia chilena, reducida hoy a unas 700.000 personas sobre una población total de unos 16 millones de habitantes. La iniciativa quedó conformada por representantes de la ONU, los mapuches, la Iglesia y grupos de derechos humanos, y no se fijó plazos para obtener resultados. El gobierno fue expresamente excluido de la comisión. “(El objetivo es) no enfrentar solos al Estado chileno. El país ha firmado muchos protocolos a nivel internacional con respecto a los derechos humanos, pero ninguno de esos tratados son cumplidos por el Estado”, indicó Pezoa.

Los condenados pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco, una organización que exige la restitución de tierras tomadas por el Estado chileno a partir de 1883, cuando sometió por la fuerza a los indígenas.

A la Coordinadora se le atribuyen una decena de ataques a predios en el sur de Chile que hoy están en manos privadas, en arremetidas que se iniciaron tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, cuando al igual que otros sectores de la sociedad los mapuches comenzaron a levantar su voz para exigir la restitución de sus derechos.

En las últimas dos décadas los indígenas han conseguido avances, sobre todo en educación, y algunas restituciones de tierras, pero su histórico reclamo por discriminación está lejos de resolverse. La ley antiterrorista triplica las penas respecto de la legislación común. La norma fue modificada parcialmente el año pasado, pero el gobierno insiste en mantenerla. “Siempre hemos dicho que queremos un nuevo trato con los pueblos originarios, pero también es cierto que el país necesita una ley antiterrorista”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Las posibles soluciones se complican, porque no existe una unidad en las distintas comunidades mapuches. En la región de la Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago, existen unas 2000 diferentes comunidades, cada una con distintas problemáticas. “No podemos seguir pensando que los mapuches son sólo un gran grupo con características homogéneas. Son distintos grupos, con distintas problemáticas. Hay algunos con problemas de tierras, otros que abogan por mayor educación o ayuda para cultivar la tierra”, explicó el historiador de la Universidad Católica Carlos Parentini. “El fin de la huelga es un parche, apagamos de nuevo un incendio, pero no me cabe la menor duda de que vamos a tener otro nuevo llamado de atención por parte de los mapuches”, agregó el historiador.