El ex presidente Manuel Zelaya encabezó una marcha en Tegucigalpa en la que afirmó una vez más que la detención y enjuiciamiento de Enrique Flores Lanza constituye una ruptura del acuerdo que posibilitó su regreso a Honduras. “Se llama Acuerdo para la Reconciliación, pero cómo puede haber reconciliación si se está persiguiendo a la oposición, si un sector de los que firmó está siendo perseguido y el otro (los que lo derrocaron de su gobierno hace dos años) está siendo protegido”, dijo Zelaya ante los periodistas.

El origen de la denuncia del ex mandatario está relacionado con la causa judicial que se inició contra Flores Lanza, uno de sus ministros antes de ser derrocado. “Me parece que se está violando el espíritu de este Acuerdo” (de Cartagena), sentenció Zelaya al término de la protesta convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en solidaridad con el ex funcionario procesado.

En la movilización, que se de-sarrolló sin incidentes, participaron unos 300 miembros del FNRP que coordina el ex presidente. Ese movimiento surgió a partir de su derrocamiento el 28 de junio de 2009. Un nutrido grupo de manifestantes, encabezado por un Zelaya sonriente, llegó hasta la sede del juzgado donde se sigue la causa iniciada por corrupción contra Flores Lanza, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el jueves y a quien se le impuso una fianza de 1,4 millón de dólares.

El Acuerdo para la Reconciliación o Acuerdo de Cartagena fue suscripto el 22 de mayo por Zelaya y Porfirio Lobo, actual presidente de Honduras. La firma de ese acuerdo contribuyó al regreso del ex mandatario a Honduras, después de un exilio de 16 meses en República Dominicana, así como de algunos de sus aliados y ex funcionarios, entre ellos Flores Lanza. El documento contó con la mediación de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, y permitió además la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), que se produjo el 1º de junio pasado.

Si bien estaba prevista una tercera audiencia (de un total de cuatro) en la causa de Flores Lanza, finalmente fue pospuesta debido a una recusación presentada por su defensa contra el juez Aguilar. Al ex ministro se lo acusa de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, en especial, por el manejo de 30 millones de lempiras (1,58 millón de dólares) pertenecientes al Fondo Hondureño de Inversión Social. También está sospechado de haber desviado fondos del Estado para organizar una campaña de publicidad a favor de una consulta popular que promovía Zelaya.

El gobierno de Lobo rechazó el jueves las acusaciones sobre violación del Acuerdo de Cartagena, tal como había denunciado Zelaya a partir de la detención de Flores, y exhortó a la comisión de seguimiento del convenio que verifique esa situación. La vicepresidenta, María Antonieta Guillén, dijo entonces que el ex ministro se presentó ante los tribunales de forma “voluntaria” y que la decisión de un juzgado de arrestarlo “es competencia directa de un poder del Estado (el Judicial) que tiene total independencia en el accionar del Poder Ejecutivo”.

“Se está persiguiendo a la oposición y los golpistas están siendo protegidos, entonces me parece que se está violando el Acuerdo de Cartagena, que nace precisamente del proceso de que haya justicia y equidad para todos”, afirmó Zelaya en una rueda de prensa, después de encabezar por primera vez una manifestación del FNRP en su calidad de coordinador general. Subrayó que Flores Lanza, amparado en el Acuerdo de Cartagena, se presentó voluntariamente a los tribunales de justicia y “lo capturan como si estuviera huyendo, además de imponerle el pago de una fianza exagerada, es una persona de clase media que con sus ahorros apenas ha podido comprar una casa”, afirmó.

A su vez, señaló que el presidente Lobo fue el más interesado en firmar el Acuerdo de Cartagena, denominado acuerdo para la reconciliación nacional en Honduras, y que “a mí no me cabe duda de que actuó de buena fe, pero esa buena fe está siendo vulnerada y violada, cuando lo que hay es persecución para los golpeados y protección para los que golpearon”.