[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde Lima

A poco más de un mes de haber asumido el gobierno, el presidente Ollanta Humala enfrenta su primera protesta social. Campesinos cocaleros de la región amazónica de Ucayali se han declarado en huelga indefinida exigiendo que se detenga la erradicación de la hoja de coca. El paro cocalero, que se inició el domingo con el bloqueo de la principal carretera de la zona, entró hoy en su quinto día, mientras el gobierno exige el despeje de la carretera bloqueada para abrir un diálogo con los huelguistas. Unos 500 agricultores han bloqueado la vía con piedras y palos. En la ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, ya se comienza a sentir el desabastecimiento de alimentos. Las empresas de transporte terrestre han suspendido la venta de pasajes a esa zona del país. Los enfrentamientos entre la policía y los piquetes de huelguistas que bloquean la carretera Federico Basadre han dejado hasta ahora dos heridos y nueve detenidos.

El martes el gobierno respondió a la huelga declarando el estado de emergencia por 60 días en la zona de la protesta. La cuestionada medida, justificada por el gobierno para “reponer el orden público”, suspende las garantías y las libertades individuales, tales como las libertades de reunión y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, y permite la detención de las personas sin orden judicial. También faculta la intervención de las fuerzas armadas, aunque hasta ahora ésta no se ha dado.

Los cocaleros en huelga le exigen al presidente Humala que cumpla su promesa electoral de empadronarlos y detener la erradicación forzada de sus cultivos. Hace unas semanas, el gobierno dispuso la suspensión de la erradicación compulsiva de la hoja de coca con el objetivo de buscar un acuerdo con los cocaleros para ir a una erradicación concertada, pero a los pocos días dejó sin efecto esa decisión. La medida había desatado fuertes presiones políticas y mediáticas contra el gobierno para que reanude la erradicación, presiones en las cuales la embajada norteamericana tuvo un rol protagónico. El gobierno cedió a las presiones y apenas una semana después reanudó la erradicación forzada de los cultivos de coca, lo que le valió los elogios de la embajadora norteamericana, Rose Likins, y también la primera protesta social en su contra.

La protesta cocalera se da en medio de estas presiones al gobierno para que acelere la erradicación forzada de los cultivos de coca y en circunstancias en que la oposición política y los medios de comunicación han desatado una fuerte campaña cuestionando el nombramiento del nuevo zar antidrogas, Ricardo Soberón, designado en agosto como presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), a quien acusan de ser un aliado de los cocaleros por sus cuestionamientos a la política de erradicación forzada de la hoja de coca impuesta en el Perú bajo la dirección de Washington.

Mientras los cocaleros de Ucayali mantenían su protesta y se enfrentaban a la policía por el control de la carretera Federico Basadre, el zar antidrogas Ricardo Soberón se presentaba ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la política antidrogas del gobierno. En los últimos cinco años del gobierno de Alan García, a pesar de la erradicación forzada y la represión contra los campesinos cocaleros, las hectáreas de hoja de coca crecieron en 13 mil, llegando a 61.200 hectáreas, y el Perú pasó a convertirse en el primer exportador mundial de cocaína. Con esas contundentes cifras en la mano, Soberón dijo ante los congresistas que esa política había fracasado y defendió el cambio de estrategia. Este cambio, aclaró, no excluye la erradicación de los cocales, pero –dijo– integra la erradicación de un desarrollo alternativo en las zonas cocaleras que incluya a los campesinos. “El concepto es el de un desarrollo integral, sostenible y con inclusión social”, señaló Soberón.

El zar antidrogas aseguró que la nueva estrategia antidrogas priorizará la interdicción de los insumos químicos para fabricar cocaína, el control del lavado de dinero y el combate a las mafias del narcotráfico y decomiso de la cocaína que se exporta, aspectos en los que hasta ahora se ha hecho muy poco. El decomiso de cocaína apenas bordea el cinco por ciento de las aproximadamente 320 toneladas de droga producida al año, el decomiso de insumos químicos alcanza un porcentaje similar y los casos de lavado de dinero judicializados son mínimos.