El Congreso hondureño aprobó por unanimidad un proyecto para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior por el tiempo que dure la emergencia nacional que decrete el Ejecutivo. A partir de un decretoley de interpretación del artículo 274 de la Constitución, las funciones policiales descansan en manos de las Fuerzas Armadas, desde la noche del martes y en forma temporal, para atender aquellas situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes. La decisión coincide con una crisis de imagen de la Policía Nacional. Desde diversos sectores políticos reclaman que la policía, cuestionada por sus vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico –y cuyos miembros han sido acusados de cometer asesinatos y extorsiones, entre otros delitos– sea intervenida de inmediato. Sectores de la sociedad civil, académicos y políticos temen que el desembarco de las Fuerzas Armadas en las calles hondureñas reavive excesos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura en ese país.

El diario hondureño El Heraldo menciona que la norma destaca que “(las fuerzas de seguridad) podrán participar en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y además cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, a petición de la Secretaría de Seguridad”. Para realizar las funciones policiales en forma temporal, “el Poder Ejecutivo debe emitir el correspondiente decreto de emergencia, estableciéndose el término de vigencia de la norma y sus alcances”.

“Los fantasmas de los años ‘80, cuando las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, no deben entorpecer esta decisión histórica, ya que estamos ante otro momento impactante en la vida nacional”, destacó Juan Orlando Hernández, dirigente del oficialista Partido Nacional. El presidente del Congreso instó por igual a oficiales y soldados a que dimensionen la responsabilidad que les toca asumir y “la confianza en ellos (los militares) que les estamos depositando”.

“El tigre está al acecho”, dijo el diputado Sergio Castellanos, de la centroizquierdista Unificación Democrática (UD). Y reconoció que siente temor de que se repitan los crímenes que dejaron, como saldo, al menos 182 desaparecidos y más de 200 asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas. Pese a la inquietud del legislador, UD acompañó la norma que otorga facultades policiales a las Fuerzas Armadas.

Entretanto, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, llamó nuevamente al gobierno a tomar acciones que permitan la depuración policial, tras el asesinato de dos estudiantes –uno de ellos su hijo– por efectivos de las fuerzas de seguridad. “Creo que ningún funcionario público, ninguno que haya sido electo por el pueblo, puede darle la espalda a una demanda que es tan legítima como tener un órgano policial depurado y al servicio de la ciudadanía”, dijo Castellanos.

Al hablar ante el Congreso, la rectora pidió una intervención “nacional e internacional” de la policía que se lleve a fondo. Tanto para los representantes de la UNAH como para algunos sectores empresarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos, las medidas que se tomaron hasta ahora para combatir la corrupción policial han sido superficiales.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, se resistió hasta ahora a intervenir la policía. En reiteradas oportunidades señaló que no se puede actuar a la ligera y que se debe dar tiempo para que el actual ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, trabaje en la resolución del problema. Sin embargo, Lobo adelantó, con buena cintura política, que no se opondría a las recomendaciones que provengan de sectores de la sociedad sobre este asunto. El mandatario hondureño había enviado un mensaje al Congreso para que le diera herramientas jurídicas que permitieran a las Fuerzas Armadas realizar tareas policiales. Actualmente, los militares acompañan a los policías en tareas preventivas de seguridad, pero están bajo el mando de oficiales policiales y no pueden realizar arrestos y registros de viviendas. Honduras ostenta uno de los índices de homicidios más altos del mundo con 82,1 cada 100 mil habitantes.