Unos cuatrocientos habitantes de la región de Aysén recuperaron ayer por la fuerza el control del puente Presidente Ibáñez, escenario de batallas campales entre manifestantes y carabineros. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la criminalización de la protesta social en la Patagonia y exigieron al gobierno chileno poner fin a la violencia policial en la zona, que ayer sumó un nuevo capítulo con la refriega por la toma del puente.

El Movimiento Social por Aysén protesta desde hace dos semanas por el alto costo de vida en la región, ubicada a 1700 kilómetros al sur de Santiago, Chile, producto del aislamiento de la zona con respecto al resto de Chile. Tras una noche de intercambio de balas de goma, carros hidrantes y bombas molotov, los manifestantes doblegaron a los carabineros que, superados en número, debieron replegarse a su cuartel. Desde las diez de la noche del jueves la policía disparó gases lacrimógenos a los manifestantes que impidieron el avance de los uniformados atrincherados en barricadas. Al mediodía de ayer el puente continuaba tomado por los ayseninos y el tránsito seguía cortado. Anoche mantenían una asamblea para debatir la liberación de un carril para facilitar el tránsito del puente que comunica las dos localidades más importantes de la zona, Puerto Aysén y la capital Coyhaique, con el resto de Chile.

En las últimas horas, el gobierno intentó embarrar la cancha al tachar la protesta de política. Hasta ahora, el presidente Sebastián Piñera sólo se refirió al conflicto a través de sus ministros de Interior y Salud. Desde Santiago, Rodrigo Hinzpeter se mostró preocupado por la escalada de violencia que tomó el conflicto. Pero no se refirió a la brutalidad policial, que dejó a una persona sin un ojo el sábado, por los disparos de los carabineros. “A los dirigentes de Aysén les ha pasado la mano”, parcializó. Jaime Mañalich fue el enviado de Piñera a comienzos de la semana para intentar una salida al conflicto en una mesa de negociación con los dirigentes del movimiento, pero regresó a La Moneda con las manos vacías. El jueves acusó al colectivo ambientalista Patagonia Sin Represas (PSR) de estar detrás de las protestas. “Uno de los dirigentes principales de este movimiento en Aysén es el señor Patricio Segura, empleado de PSR”, acusó Mañalich. Segura le dijo a este cronista ayer que el movimiento es un colectivo de ciudadanos que no está motivado por intereses políticos. Tras el fracaso de la mesa de negociación, el gobierno delegó en la intendenta de Aysén las negociaciones con el movimiento. “No vamos a negociar con Pilar Cuevas porque no es interlocutora válida para nosotros”, lanzó el líder de las protestas, Misael Ruiz, en diálogo con Página/12. “A este movimiento lo compone toda la región, está la Central Unica de Trabajadores, los pescadores artesanales, la junta de vecinos, estudiantes, profesores, campesinos, alcaldes, concejales, senadores y políticos –grafica Ruiz–. La única que no se adhirió fue la intendenta. Ella es la primera que debería haber enarbolado nuestra bandera y no fue así.” El Movimiento Social por Aysén exige la presencia de ministros para una eventual mesa de negociación. Solicitan que se presenten los titulares de Hacienda, Economía y Energía, ya que consideran tienen más peso para hacer frente al pliego de demandas de doce puntos que mantienen hace años. Entre ellos se encuentran la solución al alto costo de los combustibles, estabilidad para funcionarios públicos y procedimiento vinculante para decidir sobre la construcción de represas en la zona. Ruiz atribuye el fracaso de la última mesa de negociación al poco poder de los ministros que envió el gobierno. “La mesa con Mañalich no llegó a buen puerto porque ellos no vinieron apoderados con todos los temas, sólo con salud. No vinieron con resoluciones, sino a firmar un acuerdo por el tema de salud.” El acuerdo consistente en provisión de más médicos, ambulancias y salas de diálisis ya fue firmado.

Tras brindar ayer una conferencia de prensa, el Movimiento aguarda que el presidente se expida sobre el pliego de doce puntos y envíe ministros a la zona para negociar.

Mientras tanto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores Municipalizados de Chile denunciaron ayer la brutalidad policial de los carabineros en la represión de la protesta. “Hoy estamos frente a una situación grave porque se está respondiendo a las justas demandas de los patagones con represión, además de dar la espalda a las necesidades de miles de chilenos”, subrayó Lorena Pizarro, presidenta de AFDD. “Nos unimos todo el pueblo y lo logramos, toda la gente juega en contra de los carabineros, la represión es demasiado dura”, confirma Ruiz.

Informe: Juan Nicenboim.