Hace poco más de veinte años, si se quería hacer un trámite en el Registro Civil de Roma había que darle una “propina” a la persona que estaba al ingreso. La persona era de “Informaciones” y estaba haciendo su trabajo, que era el de indicar al público a qué oficina tenía que dirigirse. Pero se usaba hacer así. En los hospitales públicos, algunos les daban “propinas” anticipadas –si es que se puede llamar así– a los enfermeros para ser mejor atendidos. Otros apuntaban más alto y le ofrecían al médico hospitalario pagarle la consulta como si fuera un médico privado. Para no hablar de los regalos, completamente desproporcionados –un auto, un reloj Rolex de oro–, que hacían algunas conocidas empresas a ciertos exponentes políticos o a periodistas, para tenerlos, digamos, contentos y maleables.

En esos años la corrupción estaba muy difundida, no sólo a altísimos niveles políticos y empresariales, sino hasta los más bajos de empleados comunes. Se veía, se palpaba fácilmente. Nadie decía nada. Era “normal”.

Pero hace veinte años, el despertar de una gigantesca e inédita campaña judicial anticorrupción que pasó a la historia como “Manos Limpias hizo cundir el pánico entre los grandes corruptos y los pequeños se hicieron menos evidentes. Manos Limpias surgió del trabajo de un grupo de fiscales de Milán conducido por Gerardo D’Ambrosio, pero en realidad liderado por Antonio Di Pietro, actual secretario del partido Italia de los Valores, y del que formaba parte también el juez Gerardo Colombo.

La campaña judicial empezó con el arresto, el 17 de febrero de 1992, de Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio –un hospicio– de Milán y dirigente del Partido Socialista Italiano, entonces liderado por Bettino Craxi. Chiesa fue arrestado in fraganti, cuando recibía una coima de siete millones de liras de manos de un empresario. Después colaboró con la Justicia y salieron a relucir decenas de casos, muchos de ellos ligados al Partido Socialista y a otros partidos.

En dos años, la Justicia realizó más de 3000 investigaciones y emitió cerca de 1300 condenas, incluso contra Bettino Craxi –ex primer ministro 1983/1987–, que escapó a Túnez cuando sus juicios todavía no habían terminado previendo lo que iba a suceder. Craxi –gran amigo de Silvio Berlusconi, a quien ayudó a conseguir los derechos para sus televisiones– no volvió nunca más a Italia y murió en Túnez en 2000.

Fue además un período de suicidios. En 1993 lo hizo el ex presidente del ENI (ente petrolífero italiano) Gabrielle Cagliari. Su mujer después devolvió al Estado 6000 millones de liras. Poco después se suicidó un industrial que muchos miraban con envidia por sus éxitos, Raúl Gardini, presidente de la Montedison.

Pero a veinte años de estos hechos, ¿qué ha quedado? ¿Cómo evalúan estas dos décadas los que fueron protagonistas? Para el jefe del pool Gerardo D’Ambrosio, ha sido “una ocasión perdida” porque todo lo que se hizo quedó por el camino. Antonio Di Pietro, hoy diputado, dice que ellos realizaron entonces una “‘intervención quirúrgica’ necesaria en una enfermedad social que ya existía. Pero era la política la que tenía que curarla definitivamente”. Sin embargo, dice Di Pietro, cuando los corruptos se dieron cuenta de hacia dónde se dirigían las investigaciones judiciales, se dedicaron no a combatir los esfuerzos anticorrupción, sino a crear armas legales para protegerse y transformar ciertos delitos en “no delitos”, obstaculizando el trabajo de los jueces.

A 20 años de que fuera descubierta “Tangentopoli”, como en Italia fue bautizada la gigantesca masa de dinero ilegal que circulaba entre políticos y empresarios, ¿cuál es actualmente el nivel de la corrupción? La Corte dei Conti, organismo que debe controlar las cuentas y balances del Estado, habla de que las coimas le “cuestan” al Estado la friolera de 60.000 millones de euros por año. ¿O sea que prácticamente hay que volver a empezar y hacer Manos Limpias? “Estaba claro que no se iba a acabar la corrupción sólo con algunas investigaciones –dijo el ex juez Gerardo Colombo a la prensa italiana–. Ni siquiera iba a ser posible descubrir todo a través de los procesos. Tal vez descubrimos un tercio de todas las matufias. Algunos dicen que mucho menos.” Y agregó: “No basta reprimir. Es necesario educar a los jóvenes a ser responsables”.

Mientras se espera a breve plazo una nueva ley anticorrupción que debería ser votada por el Parlamento, la prensa publica casos de pequeña y gran corrupción que siguen existiendo: el de un enfermero que pedía 20 euros para anticipar las citas con especialistas en un hospital, el de un consejero regional que recibe en un auto un sobre con 2500 euros de coima, el de un carabinero que recibe 1000 euros para cambiar las actas de un choque, el de un administrador de una autopista que recibe grandes cifras acordadas con empresarios en Eslovenia o el de nueve empleados de ferrocarriles acusados de “inflar” los costos de algunas licitaciones. Entre corrupción y evasión fiscal no se puede dejar de recordar el caso del tesorero (y actual diputado) Luigi Lusi, del ex partido La Margarita –cuyos militantes pasaron al Partido Democrático–, que se puso en el bolsillo 13 millones de euros sin que nadie se diera cuenta o el del gran hospital privado de Milán, San Raffaele, fundado por un sacerdote, Luigi Verzé, muy cercano a Craxi y a Berlusconi, que el año pasado reconoció un endeudamiento de 1500 millones de euros. El administrador se suicidó y Verzé, que se daba gustos de supermillonario mientras el hospital no pagaba al Estado, por ejemplo, algunos impuestos, murió poco después. Hay para todos los gustos.