El gobierno nacional y los gobernadores de las provincias petroleras dieron ayer un paso más dentro de su estrategia destinada a presionar a las empresas del sector para que produzcan más. Los funcionarios se reunieron por la mañana en un hotel céntrico y fijaron como objetivo incrementar un 15 por ciento la producción nacional de crudo y gas. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) declaró a la salida del encuentro que la meta deberá cumplirse en los próximos dos años, pero en el acta no figura ningún plazo. Sólo se remarca que exigirán “un incremento en las inversiones como aporte inmediato al objetivo de alcanzar el autoabastecimiento petrolero”. El texto consensuado ayer no menciona a ninguna empresa, pero Buzzi dijo que “YPF está incumpliendo claramente”.

Luego de enfrentarse con YPF, el Gobierno apostó a la Ofephi para incrementar la presión sobre la petrolera, pues las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo. El derecho se los otorgó la reforma constitucional de 1994 y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con el cumplimiento de ese mandato al firmar el decreto 546 donde se estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. En noviembre de 2006 el Congreso fue más allá al sancionar la ley 26.197 que les transfirió la totalidad de los yacimientos.

El pasado 25 de enero, el ministro de Planificación, Julio De Vido, recibió a los gobernadores de las diez jurisdicciones que integran la Ofephi para plantearles la necesidad de impulsar un acuerdo que les fije a las petroleras mayores exigencias de producción, lo cual les reportaría a los mandatarios más ingresos por regalías. El Acuerdo Federal de Hidrocarburos se selló el 9 de febrero. Ese día se consensuó exigir un incremento de la inversión en exploración y producción para alcanzar el autoabastecimiento y se estableció que los mandatarios se tomarían 15 días para fijar las nuevas metas que deberán cumplir las firmas. Ayer fue el turno de ofrecer esos detalles en un encuentro del que participaron representantes de las provincias junto al secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

El acta firmada establece en los puntos 1 y 3 que la producción nacional debe aumentar un 15 por ciento, tanto en petróleo como en gas. En el punto 4 se aclara que lo establecido será requerido por las provincias “a cada operadora de su jurisdicción y desagregado por yacimiento concesionado”, aunque el párrafo que cierra el documento dice que las metas regirán “para cada operadora que presente un incumplimiento en materia de inversiones, asociadas a una caída manifiesta e injustificada de producción o de reservas de hidrocarburos”.

En la rueda de prensa, el gobernador Buzzi fue más explícito al asegurar que en su provincia “hay empresas que están por encima del nivel de inversión que se espera, como Capsa, Pan American, Tecpetrol y hay otras que no cumplen con esta expectativa y, de persistir esta situación, vamos a empezar con los mecanismos de reversión de aquellas áreas en las que no están cumpliendo”. Cuando se le pidió que precisara a qué empresa se refería, puso como ejemplo a YPF y mencionó la baja performance de la compañía en la Cuenca del Golfo San Jorge, que incluye tanto Chubut como Santa Cruz. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, de buena relación con YPF, evitó responder, en cambio, si su provincia les retirará las concesiones a quienes no cumplan los objetivos de producción. “No acostumbro a contestar preguntas hipotéticas”, dijo. Esa diferencia entre ambos mandatarios es una de las causas que explica la vaguedad de algunos fragmentos del documento.

A los gobernadores se los consultó sobre el plazo que se había fijado para el incremento del 15 por ciento de la producción nacional de crudo y gas. En ese momento, Buzzi dijo que es una meta a dos años, aunque el acta no lo explicita. Luego aclaró que no se van a sentar a esperar que se cumpla ese plazo. “Si se empiezan a mover un poco, se va a notar rápido, pero se tienen que mover para revertir la situación porque si no estamos dispuestos a revertir concesiones”, sostuvo.

Si se rescinden concesiones, los gobernadores dicen que podrían hacerse cargo de la gestión de los yacimientos a través de las petroleras públicas provinciales, aunque también afirman que hay inversores privados interesados en sumarse. Algunas firmas estadounidenses que dinamizaron el negocio del petróleo no convencional en Estados Unidos durante los últimos dos años les hicieron saber de su interés al gobierno nacional y a gobernadores, pero por ahora la intención es que YPF y el resto de las firmas que, según los mandatarios, no vienen cumpliendo con las expectativas, reviertan la situación. Fuentes del mercado señalaron ayer que el objetivo que fijaron los gobernadores no compromete la situación de las empresas que están operando actualmente en el país, las cuales podrían cumplir con las exigencias. Sin embargo, el conflicto entre YPF y el gobierno nacional alcanzó tal magnitud que tampoco se descarta que finalmente se le quiten concesiones o incluso que se avance con una intervención de la empresa o su estatización.