Las chimeneas humeantes transpiran el rezago industrial mientras un grupo de pescadores amarran sus barcos al muelle de La Boca. Paisaje portuario, mural de Benito Quinquela Martín, asoma detrás de Mariana Mota, en la planta principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “La última vez que me sacaron fotos fue en la audiencia de recusación –recuerda la jurista uruguaya–. No estoy acostumbrada a esto”, agrega ante el pedido del reportero gráfico para hacer un retrato. La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de séptimo turno en Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura. El miércoles, al finalizar su participación en las jornadas “Hacer Justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, la abogada conversó con Página12 sobre el estado de los juicios, el rol de la mujer en la Justicia uruguaya y la persecución mediática que padeció en su país.

“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie. Fui gremialista estudiantil, que no es lo mismo que una vinculación política partidaria que no tuve”, argumenta Mota. En una entrevista reciente, el diario uruguayo El Observador le preguntó si era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Uruguay (UJC). La mirada de la jueza atraviesa el ventanal del hall de la facultad. Profuso, el Río de la Plata corre más allá, tapado por el cemento de la urbe porteña. El primer expediente que tramitó tenía, como principal imputado, al presidente de facto Juan María Bordaberry. La querella lo acusó de atentar contra la Constitución y de cometer crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex mandatario fue sentenciado a 30 años de prisión. En ese momento fueron hallados los primeros restos de desaparecidos: los del escribano Fernando Miranda fueron encontrados en el Batallón 13; el cuerpo del sindicalista Ubagesner Chávez Sosa apareció en una chacra de Pando en manos de la Fuerza Aérea. Ambos militaban en el Partido Comunista de Uruguay (PCU). En la causa por esos asesinatos, la magistrada cambió la calificación de homicidio, dictada por la jueza Graciela Gatti, su antecesora, por desaparición forzada de persona. Bordaberry murió el año pasado sin recibir sentencia en segunda instancia.

–¿Por qué la calificación de desaparición forzada, en la jurisprudencia uruguaya, tiene un alcance limitado?

–En Uruguay se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año 2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la Ley 18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su aplicación.

–Quienes defienden el terrorismo de Estado afirman que su país vivió una “dictablanda”.

–Además de los muertos, desaparecidos y presos políticos, toda la gente era controlada. Uruguay pasó a tener el nivel más alto de presos políticos per cápita de Latinoamérica. Con 7 mil detenidos, un 32 por ciento de los uruguayos estuvo en prisión en dictadura. Según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado. Los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas. De acuerdo con esa valoración, eran pasibles de destitución. Los despidos se sucedieron durante toda la dictadura, incrementando un elevado número de uruguayos exiliados.

–¿Qué recuerdos guarda de esos años?

–Cursé primaria y secundaria en dictadura. Recuerdo qué profesores habían sido echados. La gente podía enterarse de lo que estaba pasando en la realidad si tenía algún pariente preso o desaparecido. La censura era absoluta.

–También quisieron recusarla por participar en la marcha del silencio, que se organiza cada 20 de mayo en Montevideo.

–Un periodista del semanario Búsqueda publicó que había hablado en la marcha con un abogado de causas por derechos humanos. Efectivamente estuve conversando con él como puedo hacerlo en el juzgado o con cualquier persona. No puedo tener prohibida la palabra con nadie. Como consecuencia de ello, la Suprema Corte me dio una copia del artículo, y me pidió que hiciera un informe en 24 horas.

–¿En qué causas intervenía usted en ese momento?

–En la investigación por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa, donde estaba condenado Bordaberry como co-autor y había dos militares procesados: Jose Araujo Umpiérrez y Enrique Ribero. Y estaba trabajando en la causa por la desaparición de Horacio Gelos Bonilla, obrero de la construcción que además era militante comunista. Los abogados pidieron que me apartara de esas causas.

–¿Bajo qué argumento pidieron eso?

–Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político.

–¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?

–No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas.

–¿Cuáles son los avances en Uruguay sobre la participación civil en la dictadura?

–Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, fue sentenciado a veinte años de prisión por la desaparición y asesinato en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Es el único civil condenado (N. de R.: el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia el mes pasado).

–En 2005, un grupo de arqueólogos de la Universidad de la República excavó en una chacra de Pando, perteneciente a las fuerzas armadas, para buscar restos de desaparecidos. El documental Las manos en la tierra registra ese proceso.

–Ese trabajo rescata la voz de los arqueólogos, de los hijos de las víctimas y de la fiscal Guianze Rodríguez. El enfoque del arqueólogo López Mas es interesante: expresa que la tierra habla cuando están buscando a los desaparecidos. Aparece el testimonio de Macarena Gelman, quien todavía busca a su madre, y de Valentina Chávez, la hija de Ubagesner Chávez Sosa. Javier Miranda, hijo del escribano Fernando Miranda, señala cómo el hecho de recuperar los cuerpos repara, pero muy poquito, porque, en realidad, la destrucción es haberte quitado al familiar en vida. Y Guianze Rodríguez analiza lo difícil de la investigación cuando existe un pacto de silencio.

–¿Qué elementos rescata de los testimonios recogidos en las audiencias?

–Las relaciones antagónicas entre padres e hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a las víctimas liberarse de una carga emocional muy grande.