Desde Montevideo

Tardó, costó, pero se abrió un camino distinto. Hoy, el Estado uruguayo asume su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Serán dos momentos para un mismo fin: reparar a la familia Gelman por el asesinato y la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena. Por la mañana se colocará una placa con el nombre de las víctimas que estuvieron en el centro de tortura Servicio de Información y Defensa (SID), en la calle Bulevar Artigas. Y por la tarde, el presidente José Mujica será el orador del acto público que se realizará en el recinto de la Asamblea General y será transmitido por cadena nacional.

Un camino distinto se abrió con la sentencia de la Corte Interamericana del 24 de febrero de 2011, que responsabilizó al Estado uruguayo por el crimen de la nuera del poeta Juan Gelman, trasladada de Buenos Aires a esta ciudad en 1976 cuando estaba embarazada de seis meses. El caso es emblemático del Plan Cóndor: la coordinación de la represión de las dictaduras del Cono Sur. De acuerdo con las investigaciones periodísticas, María Claudia fue sacada del centro de detención para dar a luz y luego llevada de vuelta al SID junto a la beba recién nacida. A María Claudia la asesinaron y a su hija la entregaron a un policía y a su mujer.

Cuando Juan Gelman comenzó la incansable búsqueda de su nieta Macarena, a quien reencontró en el año 2000, el camino de la Justicia estaba cerrado en Uruguay. No tuvo ningún apoyo oficial. Y esto debido a que se había sancionado una ley en 1986 –primer año de regreso a la democracia– que impedía que fueran juzgados militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La Ley de Caducidad fue, por mucho tiempo, el gran obstáculo para dar pasos por la verdad y la justicia en este país. Fue ratificada en un primer referéndum en 1989 y diez años después fracasó una segunda consulta en la que los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda proponían su anulación. Si bien el primer presidente frenteamplista Tabaré Vázquez marcó algunos casos de violaciones a los derechos humanos por fuera de la amnistía para que sean juzgables, no avanzó en la anulación de la norma, contando con una mayoría parlamentaria. Es sabido que los dos partidos conservadores de Uruguay, Colorado y Blanco, siempre apoyaron la vigencia de dicha ley.

El fallo de la CIDH combatió la impunidad: exigió que la Caducidad deje de ser un impedimento para avanzar en el juzgamiento de los responsables en la causa Gelman y otras similares.

Y entonces se produjeron movimientos encadenados. El Congreso, con mayoría del gobernante Frente Amplio, aprobó una ley en octubre pasado que deja sin efecto la Caducidad, porque restablece la capacidad punitiva del Estado y califica a los delitos de la dictadura de crímenes imprescriptibles. Dos meses después, el comandante en jefe del ejército, Pedro Aguerre, rompió amarras con la complicidad y el silencio de su institución, cuando fueron hallados los restos de un desaparecido. Aguerre ordenó que se aporte información para esclarecer los crímenes cometidos en la dictadura, al tiempo que dijo que su fuerza “tiende la mano” para superar episodios del pasado. Aguerre, junto a los comandantes de la armada y la fuerza aérea están invitados a participar del acto de hoy en el Legislativo. Mucho especularon los medios más conservadores como El País sobre la presencia o ausencia de los comandantes. Estos aseveraron que estarán presentes. Otro asunto que publicó El País es el pedido que hizo el Partido Colorado de incluir su voz en el acto, cuando el gobierno ya había anunciado que el único orador sería el ex tupamaro Mujica. El mandatario responderá hoy mismo si lo autoriza.

Llegada a Montevideo para participar del acto, Ariela Peralta, abogada que representó a Macarena y Juan Gelman ante la CIDH, conversó con esta cronista en un bar del centro y destacó que el acto público forma parte de un proceso de reparación mayor. “El reconocimiento de responsabilidad es una medida de satisfacción: que el Estado diga en su nombre la verdad es un acto reparatorio, porque ya no es un discurso de las víctimas en solitario, ni negado o tapado, sino un discurso que impacta en el imaginario colectivo porque deja de ser aquello que repetían ciertas personas.”

Según la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Washington, el gesto simbólico es extensible a las demás víctimas del terrorismo de Estado. “La sentencia dice que será un acto de responsabilidad del Estado por el crimen cometido en el caso Gelman, pero el espíritu del fallo es extensivo al resto de las víctimas y trata de generar estándares. En muchas partes, el fallo reconoce que la detención de María Claudia, su traslado a Uruguay y la supresión de identidad de Macarena forman parte de un plan sistemático: el Plan Cóndor. Y se refiere a que la Ley de Caducidad no sea obstáculo en este caso y en otros similares. Marca una hoja de ruta al Estado y establece jurisprudencia.” Más aún, señaló la abogada: “Es una medida de satisfacción dirigida a la víctima, pero también a la sociedad en su conjunto. Otras víctimas que pasaron situaciones similares a la de Juan y Macarena van a escuchar que el Estado asume su responsabilidad”.

Se le preguntó a Peralta si es optimista con los pasos que se dieron desde las estructuras de poder a partir de la sentencia de la CIDH. Pensó unos segundos y contestó: “Hubo cambios en los últimos tiempos, nosotros los reconocemos. Pero, durante mucho tiempo, la Ley de Caducidad fue un impedimento y los gobiernos no ayudaron en nada. Hoy somos cautelosos: se abren algunos espacios, algunas expectativas. Habrá que ver qué sucede”.

Tardó, costó, pero se abrió un camino distinto.

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