SOCIEDAD › EL GOBIERNO URUGUAYO ESTIMA QUE LOS ASESINATOS DE PACIENTES OCURRíAN DESDE HACE SIETE AñOS

Las víctimas podrían sumar decenas

El viceministro de Salud relató que al menos uno de los enfermeros acusados de homicidio obtenían la morfina utilizada en la atención de emergencias. Abren una línea telefónica para que los familiares puedan informarse y denunciar.

 Por Emilio Ruchansky

Luego de aclarar que “el tema es bastante sensible como para ser imprecisos”, ayer el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, afirmó que los pacientes muertos son más de los 16 identificados por los propios autores, dos enfermeros de importantes centros de salud de Montevideo. “Decenas”, dijo el funcionario, quien no descartó que la situación ocurriera desde hace “más de siete años”. Por su parte, Inés Massiotti, abogada de Ariel Acevedo, uno de los acusados, aseguró que su defendido declaró haber quitado la vida a algunos de los pacientes con la anuencia de médicos y familiares. Ni en la Justicia ni en el gobierno hablan de “eutanasia”, sí de “criminalidad”. Mientras aumentan las sospechas de otros familiares de fallecidos, ayer el viceministro de Salud debió aclarar un dato revelado por el hospital público Maciel, donde trabaja uno de los tres acusados. Allí se triplicaron las muertes el último año, pero también “el número de pacientes se duplicó”, dijo Leonel Briozzo.

“Los controles no fallaron”, aseguró ayer Briozzo, en conferencia de prensa, luego de informar que la morfina y la lidocaína utilizadas por al menos uno de los enfermeros, Marcelo Pereira, provenía de un espurio aprovechamiento de las emergencias médicas. Si bien existe registro y control del uso de los medicamentos en los centros de salud, comentó Briozzo en conferencia de prensa, cuando sobreviene una emergencia, “como un paro cardiorrespiratorio o una hemorragia masiva”, se instauran medidas inmediatas de reanimación y se suprimen esos controles. Esto crea una especie de “ventana” a las farmacias hospitalarias.

“Eran ventanas que estos delincuentes con intencionalidad de hacer daño aprovecharon para adueñarse de los medicamentos, según lo que dijo el juez (Rolando Vomero), guardarlos y utilizarlos después en los procedimientos de asesinato que cometían”, dijo el funcionario. Ayer, el Ministerio de Salud Pública comenzó sus investigaciones administrativas en la Asociación Española, donde Acevedo reconoció once muertes, y en el Hospital Maciel, escenario de otros cinco fallecimientos admitidos por Pereira.

Además de abrir una línea telefónica para que otros familiares puedan asesorarse y denunciar, las autoridades sanitarias uruguayas estudian la posibilidad de instalar cámaras en algunas zonas hospitalarias, para registrar los tratamientos que reciben los pacientes internados. Serían como cajas negras en caso de muertes dudosas. También se apostará “al autocontrol del equipo médico”, dijo Briozzo, para cambiar la cultura de “no denunciar a un compañero” y minimizar riesgos.

“Nadie podía anticipar desde el punto de vista sanitario una epidemia criminal”, dijo en la misma rueda de prensa el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, Eduardo Levcovitz. Que las muertes provocadas por los dos enfermeros son más que las 16 reconocidas es algo que dan por descontado en el gobierno y también en la Justicia, donde hoy podrían dar a conocer los argumentos por los que fueron apresados por “homicidios especialmente agravados” Pereira y Acevedo, y por complicidad, la enfermera Andrea Acosta.

“Hasta que lea esos argumentos no voy a hacer comentarios sobre mi defendido o sobre si vamos a apelar el procesamiento dispuesto por el juez o no”, dijo a este diario Santiago Clavijo, abogado de Pereira. Su cautela, reconoció, se debe a que “este es el caso más renombrado de la historia del país”. Hoy le llegarán esos argumentos, anoche los recibió Massiotti, representante legal de Acevedo. Esta abogada, quien es amiga del acusado, trazó ayer diferencias entre él y el otro enfermero, colegas en la Asociación Española.

Según ella, su defendido siempre mostró su arrepentimiento, Pereira no. Incluso Massiotti dijo que a este último le molestaba tener que bañar cada cinco minutos a algunos pacientes. También marcaron diferencias los colegas de los dos enfermeros presos en la cárcel de Juan Soler, Departamento de San José. Sobre Pereira, se dijo que era “desprolijo”, “mal compañero”; en cambio, Acevedo era apreciado por los demás enfermeros, por su esfuerzo y compromiso en su trabajo. En el juzgado ya prevén a corto plazo declaraciones de colegas y jefes y en un futuro varias exhumaciones.

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Los familiares de Gladys Lemos, una de las víctimas de los enfermeros.
 
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