El cartel instalado ayer en la planta Ford Motor Argentina es un nuevo punto de partida en las demandas por los delitos de la última dictadura, definida como cívico-militar. Los organismos de derechos humanos impulsaron las causas por la responsabilidad militar primero y luego de sacerdotes o magistrados que participaron directamente o avalaron lo que sucedía en los centros clandestinos. Ahora empieza a verse el avance sobre el sector de las empresas. O más bien, sobre el poder económico detrás del poder militar.

Ese es el eje de la marcha de este 24 de marzo, impulsada por varios organismos de derechos humanos, entre ellos, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Las causas en todo el país avanzan con acusaciones a empresarios”, dice José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Hay dos conceptos: por un lado, una dictadura con un poder destructivo en el que están las acciones terroristas brutales, y por otro, el hecho de que la dictadura fue fundacional: intentó construir un nuevo modelo de país y el trabajo ahora es hacer hincapié en la discusión y acusar al terrorismo de Estado de las modificaciones más profundas que hubo en la estructura económica argentina”.

Ese panorama permite ordenar el estado judicial de las causas que avanzan en ese doble sentido en distintos puntos del país. Algunas, pocas, cuestionan ese aspecto fundacional, como los casos emblemáticos de Papel Prensa y Acindar, impulsadas en diciembre de 2010 por la Liga y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras denuncian puntualmente torturas, secuestros y asesinatos en los que participaron empresarios. En ese universo, las causas son más y se advierten dos tipos: las que involucran capitales nacionales –como la del ingenio Ledesma por la Noche del Apagón, La Veloz del Norte en Salta o la sentencia que ordenó abrir la semana pasada una investigación sobre el directorio de Loma Negra en un juicio en el que aparecieron datos sobre otras cementeras y empresas del emporio Techint– y las de compañías multinacionales, como la Ford Motor Argentina o Mercedes-Benz, sólo por dar algunos ejemplos. Unas parecen avanzar; las otras, no.

En estas causas, algunos fiscales (y sobre todo las querellas) intentan consolidar las pruebas que les exige la lógica de un juicio pensado para “civiles”: hombres que en principio no actuaron dentro de una cadena de mandos o no fueron funcionarios del Estado. Un obstáculo es que se observa en algunos sectores de la Justicia un “sentido común” que tiende a pensar que si fueron civiles, entonces, no fueron parte del terrorismo de Estado. Una resolución muy reciente del Juzgado Federal de Salta ilustra esa discusión. Se dio en el contexto de la causa de la empresa de transportes La Veloz del Norte, en la que un grupo de trabajadores denunció al propietario de la compañía como partícipe de los operativos de sus secuestros y tormentos. Le atribuyeron a Marcos Levin usar a un grupo de tareas para sacarse de encima a los trabajadores más combativos y afiliados a la UTA. Presentaron las pruebas. El juez federal a cargo de la causa, Leonardo Bavio, llamó a indagatoria a Levin. El empresario se negó y su abogado argumentó, entre otras cosas, que como su defendido era “civil” no podría ser parte del terrorismo de Estado. Fueron interesantes las respuestas del fiscal Domingo Batule y de la querella encabezada por David Leiva, con las que el juez acordó y por lo tanto volvió a citar a Levin para mañana. “El hecho de que Marcos Jacobo Levin no haya sido funcionario público no significa que quede excluido por esa sola circunstancia de ser responsable de cometer delitos de lesa humanidad”, dijo el fiscal Batule. “Aclarando –siguió– que éstos se cometen en un marco en el cual los organismos estatales no sólo se mantuvieron indiferentes ante dicha situación, sino que se utilizó el aparato estatal como instrumento represivo dejando a sus víctimas en orfandad de derechos y garantías, puntualizando que un particular puede colaborar o tener participación en la comisión de esa clase de delitos.”

“Concretamente –reforzó el juez Bavio–, en este proceso debe comprobarse si existieron apremios ilegales como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, los cuales son considerados imprescriptibles por el Derecho de Gentes y en su caso, individualizarse a los eventuales autores y demás partícipes.”

Las causas que parecen haber avanzado en los últimos tiempos son aquellas del grupo de las “acciones destructivas” y no las de “fondo”, en términos de Schulman. Y en ese grupo, las que involucran a capitales nacionales. A grandes rasgos, son empresas que elaboraron listas negras, con las que trabajaban los servicios de inteligencia y sobre las que actuaban las fuerzas de seguridad.

Un ejemplo es La Veloz del Norte. Pero también hubo algunas noticias del ingenio Ledesma y Loma Negra.

- La causa del ingenio Ledesma por la llamada Noche del Apagón, de julio de 1976, tiene entre los acusados a Blaquier. Para acercarse a la lógica jurídica, el año pasado algunos querellantes cambiaron la denuncia y en vez de acusar genéricamente “al ingenio Ledesma”, que es una entidad jurídica abstracta en términos de imputación en Argentina, denunciaron con nombres propios al directorio. El fiscal Batule –el mismo de La Veloz del Norte– pidió la indagatoria para Blaquier y otros ex funcionarios de la empresa, pero la rechazó el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, que se convirtió en un tapón para el avance de las causas de lesa humanidad en Jujuy. Olivera Pastor se opuso a gran parte de los pedidos de indagatorias de los militares y convirtió a la provincia en una de las únicas –junto a Catamarca– que todavía no tuvieron juicios orales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

- El otro caso simbólico es Loma Negra. En la sentencia de la semana pasada del juicio oral de Tandil por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó una investigación sobre la cementera. Para los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, el juicio arrojó suficientes “sospechas” de que el directorio de la empresa, entonces encabezado por Amalia Lacroze de Fortabat, “indujo” el crimen. Moreno y su socio habían ganado juicios millonarios a Loma Negra en nombre de los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales y por una enfermedad respiratoria que provocaba el proceso de producción. El fallo condenó además, por primera vez, a dos hermanos que no eran funcionarios públicos: uno era gerente del banco Comercial de Tandil y los dos eran dueños de la chacra que funcionó como centro clandestino. En ese caso, el fiscal Daniel Adler dijo durante el alegato algo que da cuenta de las dos facetas de estas causas: aquellos hermanos dieron asistencia y apoyo a la dictadura, pero lo hicieron porque eso les garantizó retener y expandir sus intereses económicos.