El gobierno chileno envió más fuerzas policiales y elementos disuasivos a la región austral de Aysén, que desde el 18 de febrero se moviliza en demanda de un petitorio que ponga fin al olvido “histórico” que soporta la zona, de clima gélido y carente de infraestructura. El senador oficialista Antonio Horvath denunció que por mar y por aire arribaron nuevas fuerzas especiales de Carabineros y dio a conocer fotografías que muestran a la policía disparando balines a la cara, tanto a ancianos como a niños.

La policía afirmó que la dotación de Aysén se reforzó con 300 agentes con el fin de mejorar su labor y para los relevos del personal en las jornadas destinadas a mantener el orden. Esta cifra es cuestionada por observadores de derechos humanos. Parlamentarios por la zona entregaron el lunes un informe a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que precisa el nivel de represión policial que se vive en la zona.

El senador opositor Patricio Walker, de la Democracia Cristiana, aseguró que “las mujeres de los dirigentes de los pescadores y sus hijos fueron víctimas de una represión brutal que duró 24 horas, disparando bombas lacrimógenas dentro de las casas, y balines metálicos y de goma e incluso provocando un ataque de asfixia a un bebé de nueve meses”. Arica, limítrofe con Perú y Bolivia, se movilizó el sábado y ayer fue el turno de Calama, una ciudad minera y pobre, que exige que el 5 por ciento de los recursos del cobre se queden en la zona.