Desde La Paz

Insulza, secretario general de la OEA (izq.), es el primero en diluir expectativas de cambios.
Imagen: EFE.

Hoy comienza en la ciudad de Tiquipaya la 42ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que debatirá sobre seguridad y soberanía alimentaria, sobre la propiedad de las islas Malvinas e intentará aprobar una Carta Social de la OEA. Estos son los temas en agenda de esta reunión que tendrá delegados de 34 países. También se podrían modificar el rol y las atribuciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del organismo continental. Pero José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, es el primero en diluir expectativas de cambios, porque entre los países no hay consenso para encararlos.

El gobierno de Bolivia, por su parte, tratará de llamar la atención sobre su falta de mar, perdido en la guerra con Chile finalizada en 1879. Algunos funcionarios de Evo Morales se refirieron al tema en medios de comunicación, pero difícilmente podrán obtener un resultado dentro de la asamblea, porque no se trabajó en ese sentido. De la misma manera, multitud de grupos opositores o enemistados con el presidente Morales verán la manera de manifestarse en Tiquipaya y denunciar que se vulneran sus derechos.

Algunos de estos sectores, como los indígenas que no quieren la construcción de una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), se podrán reunir con Insulza, quien se limitará a escucharlos y evitará involucrarse en cuestiones internas de este país. El chileno no recibirá a otros que se dicen “perseguidos políticos”, como algunos opositores que se exiliaron de Bolivia. Porque primero deberían pasar por la sede de la OEA en Washington, para que el punto entre en la agenda de Derechos Humanos y sea tratado en la próxima reunión. “Los voy a recibir a todos (a los indígenas del Tipnis y al gobierno nacional). Ahora, debo decir de partida, para que no nos equivoquemos, que yo voy a escucharlos con mucho interés y respeto por sus opiniones, pero creo que es un tema que nosotros difícilmente podríamos involucrarnos”, dijo Insulza.

También fue ecuánime para referirse al conflicto entre Chile y Bolivia por la falta de mar de este último. “Me preguntaron cuando asumí el cargo de la OEA cuál era mi opinión sobre este tema y qué es lo que iba a hacer con él. Y yo dije que sólo iba a hacer aquello que los países me pidieran, que no me iba a vincular a él de manera alguna, que no iba a dar ninguna opinión sobre él y que ciertamente no iba a manifestar jamás nada que pueda afectar los intereses de un país miembro y voy a hacer exactamente lo mismo ahora”, dijo en conferencia de prensa.

Bolivia se aferra orgánicamente a la OEA para tener sólo el apoyo moral de otros países. Pero el estado de Chile desconoce a este organismo internacional como árbitro y se remite a un tratado bilateral de 1904, según el cual el estado de Bolivia se compromete a no reclamar más por su soberanía marítima.

También se prevé que firmen una declaración de apoyo al reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas, para lo cual el gobierno boliviano ya adelantó que está dispuesto.

En esta asamblea hablarán sobre seguridad y soberanía alimentaria, cuya definición también genera roces entre algunos países. Para Bolivia, por ejemplo, es fundamental la soberanía, para atender los requerimientos alimentarios de una población con sus producciones locales. Otras naciones (Estados Unidos) dan más preponderancia a la seguridad alimentaria, según la cual se alimentaría a la población sin importar mucho de dónde vengan los productos o si son transgénicos.

En otras palabras, la soberanía alimentaria promovería la producción en comunidades campesinas, mientras la seguridad alimentaria daría más espacio a la agroindustria. “Norteamérica y Sudamérica son los dos subcontinentes más superavitarios en materia alimenticia en el mundo”, dijo Insulza. Para el secretario, el problema es de distribución para llegar a las 53 millones de personas que están desnutridas en los países de la OEA, según sus datos.

Algunos integrantes del organismo, como Venezuela o Ecuador, proponen formular modificaciones a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se aprobaran estos cambios, la CIDH debería “consultar” a un Estado antes de exigirle la aplicación de medidas cautelares para proteger la vida de alguien en peligro y que reclame auxilio. Algunos países también piden revisar criterios, metodologías y procedimientos para realizar el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región.

“Quiero desmentir, lo más claramente posible, la idea de que aquí se impondrá alguna reforma o transformación que muchos no quieren. Nosotros queremos dialogar con la sociedad civil sobre ese tema, queremos dialogar con la Comisión y la Corte para obtener resultados que nos lleven a todos a sentir que hemos mejorado nuestro trabajo”, aseguró Insulza. En julio vence el mandato del actual secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón.

La asamblea será desde hoy hasta el martes en el Hotel Regina, por donde pasarán dos mil delegados venidos para la ocasión. El secretario indicó que además revisarán las formas de financiamiento de la OEA, para ver la manera de recibir más apoyo de los miembros.