Desde la desaparición de Jorge Julio López –cuyos responsables siguen impunes–, se implementaron programas de protección y asistencia a testigos a nivel nacional y provincial, con distinta suerte. En la Ciudad de Buenos Aires se aprobó en 2009 la Ley 2939 de asistencia a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri nunca la reglamentó. A raíz de esto, la agrupación H.I.J.O.S. y el Observatorio de Derechos Humanos porteño presentaron un amparo ante el fuero contencioso administrativo. El juez Juan Vicente Cataldo les dio la razón y ordenó que en veinte días reglamenten la ley. “La falta de cumplimiento demuestra que Macri no tiene interés o no está a la altura del proceso histórico de la Justicia por los crímenes de lesa humanidad”, señalaron H.I.J.O.S y el Observatorio de Derechos Humanos.

La ley, que debía ser reglamentada antes del 30 de septiembre de 2009, disponía que el gobierno porteño debe prestar asistencia psicológica y acompañamiento especializado a los testigos en los juicios, además de asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia y la derivación “de los efectores de salud que cuenten con atención especializada, para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior derivada del testimonio”.

En el amparo que presentó el hijo de desaparecidos Carlos Pisoni, recordó la desaparición de López así como el asesinato de la sobreviviente Silvia Suppo en Rafaela. “Hoy sufrimos la ignominia de un nuevo desaparecido en democracia y, en particular, las víctimas del terrorismo de Estado sufrimos las consecuencias psíquicas de poder correr la misma suerte que López”, señaló Pisoni en el pedido de amparo. En julio de 2011, la jueza Elena Liberatori –que subrogaba el tribunal– dictó una medida cautelar por la que le ordenó al jefe de gobierno porteño que disponga del acompañamiento, contención y apoyo psicológico para Pisoni.

La causa, en tanto, siguió su curso. El gobierno porteño respondió a la demanda que, pese a que la ley no lo establece como autoridad de aplicación, es el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) el que debería ocuparse de aplicar esa ley. Los abogados de la gestión PRO también interpretaron que la reglamentación “resulta innecesaria” y desconocieron la jurisdicción del juez para intervenir en el tema. Incluso, señalaron que violaba la división de poderes. En tanto, H.I.J.O.S. remarcó que la falta de reglamentación era un “veto encubierto” por parte de Macri.

El derrotero judicial continuó hasta que el 24 de mayo de este año llegó a una sentencia, que quedó en manos del juez Cataldo. El magistrado citó una extensa jurisprudencia que refutaba la posición del macrismo sobre los amparos, previstos “justamente para situaciones en las que la acción u omisión de autoridades públicas o privadas restrinja derechos reconocidos por la Constitución local”. El juez también descartó los argumentos sobre la “intromisión del Poder Judicial” y la “no necesidad de reglamentación” de una ley que dice en su artículo 8 que debe ser reglamentada. “La reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la administración, cuando le fue ordenada”, los aleccionó Cataldo y advirtió además que, en ese caso, tendrían que haber pedido a la Legislatura que modificara la ley. “Sin embargo, no lo ha hecho”, concluyó. “Es la propia administración la que transgrede la división de poderes al desconocer y no acatar la obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”, consideró el magistrado, quien dejó en claro que el que debe reglamentar la ley es Macri. La Ciudad, una vez más, deberá pagar las costas de un juicio, como cuando el líder de PRO se negó a informar la cantidad de días de vacaciones que se tomaba.

Luego de que se conoció el fallo, este diario intentó comunicarse con el secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, que no respondió a los llamados. Desde H.I.J.O.S. y el Observatorio de Derechos Humanos porteño señalaron en un comunicado que “fue necesario acudir a la Justicia para que ordene a Macri que garantice nuestro derechos. Esta falta de contención no hace más que revictimizarnos. Los sobrevivientes y testigos reviven el horror cuando dan testimonios. Para nosotros, no es una opción ser parte del proceso histórico”. También consideraron que el fallo “atañe a la inoperancia del IEM, que es parte de la desidia que deja en pleno estado de vulnerabilidad a los sobrevivientes”.