La crisis financiera, la recesión y el alto desempleo de España llevaron a un pico histórico la cantidad de españoles que abandonaron el país. La situación se tornó insoportable para muchos, tanto que aumentó en un 44,2 por ciento la cantidad de españoles que emigraron en el primer semestre del año, comparado con igual período de 2011. El documento coincide con el quinto día consecutivo de manifestaciones contra el último ajuste anunciado por el gobierno. Las protestas, sin embargo, llegaron en un día de alivio de las presiones sobre España, luego de que el país lograra la primera rebaja en cuatro meses en sus costos de endeudamiento y de que superara el último obstáculo para el rescate de su banca, al acordar con Finlandia el pago de garantías que exigía ese país.

En un informe presentado ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmó que 44 mil españoles ya se han marchado de su país en lo que va del año, un 44 por ciento más que en el mismo período de 2011. El mayor número de salidas de españoles, ya sean nacidos en el país o extranjeros nacionalizados, se produjo en junio, cuando se registraron 7444 emigraciones. Por perfiles, en tanto, la estimación de población estima que hasta el 1º de julio salieron del país 21.089 españoles y 19.534 españolas, pero no desglosa las edades. La inmigración hacia la península ibérica también se ralentizó. En lo que va del año figuran 163.488 llegadas a España, 17.517 de las cuales fueron de españoles. Sin embargo, en el primer semestre de 2011 entraron 221.896 personas y, de ellas, 18.264 de nacionalidad española.

Con pancartas, banderas y cánticos, cientos de empleados públicos se manifestaron en Madrid, frente al Ministerio de Hacienda, incluso después de que el gobierno anunciara que eximirá de la supresión de la paga extra de Navidad a los estatales que cobran los sueldos más bajos. España atraviesa la peor crisis económica desde el fin de su Guerra Civil, con un desempleo record para la Zona Euro del 24,4 por ciento, una recesión que se extenderá hasta el próximo año y bancos al borde del colapso por la acumulación de activos tóxicos derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Presionado por cinco días seguidos de protestas de estatales en Madrid y otras ciudades, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer ante el Senado que no se suprimirá la paga extra de Navidad a los empleados públicos que ganen menos de 1,5 vez el salario mínimo legal, es decir, menos de 962 euros. El ministro dijo que la excepción beneficiará a entre 10.000 y 15.000 estatales, pero el anuncio no logró frenar el descontento de los españoles. De hecho, minutos después de las declaraciones, cientos de empleados públicos cortaron la madrileña calle Alcalá para protestar contra los recortes, frente a la sede del ministerio de Montoro, con banderas de sindicatos del sector y pancartas, entre ellas una que rezaba: “Corruptos. Ladrone$”.

Horas antes, a las protestas se sumaron policías fuera de servicio, que convocados por sus sindicatos se manifestaron frente a un complejo policial en Madrid durante un acto presidido por el jefe nacional de la Guardia Civil. Los ajustes también resintieron la relación entre el gobierno central y las comunidades autónomas de España, algunas de las cuales se rebelaron contra los recortes en sus presupuestos exigidos desde Madrid.

Ayer, el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que Rajoy estrangula a las comunidades autónomas y que su ajuste es “un ataque al Estado de Bienestar”. En medio de tantos frentes abiertos, el gobierno tuvo un leve respiro en la primera subasta de deuda pública española, después del anuncio del nuevo plan de ajuste por valor de 65.000 millones de euros, ya que en la colocación logró la primera rebaja del interés a pagar en el mercado primario desde marzo.

En otro alivio para el gobierno, la ministra de Finanzas de Finlandia anunció que su país acordó con el gobierno de España el pago de garantías que exigía a cambio de respaldar el rescate de hasta 100.000 millones de euros aprobado por la Eurozona para los endeudados bancos de España. De este modo, España aportará a Helsinski una garantía de hasta 770 millones de euros en efectivo, procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que prefinancian bancos y cajas. Este aval cubre el 40 por ciento de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca, dijo la ministra Jutta Urpilainen en un comunicado. El objetivo de esta garantía es minimizar el riesgo para los contribuyentes finlandeses del rescate español. El gobierno finlandés presentará el acuerdo a su Parlamento, que lo votará el viernes por la mañana, agregó el comunicado. El acuerdo con Finlandia sobre las garantías era el último obstáculo pendiente para la aprobación del préstamo a España. Si Finlandia no firmaba el rescate, éste no podía realizarse toda vez que las medidas deben ser decididas por unanimidad. El Tesoro Público español ubicó 3560 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, superando ligeramente el objetivo que se había fijado para esta colocación, entre 2500 y 3500 millones de euros, y rebajando notablemente los intereses a pagar por ellas.