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El juez progresista Gonzalo Moliner fue elegido ayer para presidir el Tribunal Supremo español y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sustitución de Carlos Dívar, quien dejó el cargo el mes pasado tras ser acusado de malversación de fondos públicos. La elección de Moliner, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de la Sala de lo Social del Supremo, pone fin a la crisis institucional que dejó debilitado al máximo tribunal y al órgano de gobierno de los jueces, después de que las acusaciones contra Dívar pusieran de manifiesto la falta de transparencia en torno de ambas instituciones. Luego del escándalo, los jueces quedaron debilitados ante la opinión pública española, muy movilizada contra políticos y banqueros, a los que consideran responsables de la actual crisis económica del país, sumido en una segunda recesión y con cinco millones de desocupados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que vela por la independencia de los magistrados, cuenta con 20 vocales elegidos por las Cortes Generales (Diputados y Senadores), por lo que en el seno del organismo se establece una pugna política entre “progresistas y conservadores” afines a los dos grandes partidos del país, el derechista y gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista (PSOE). Después de dos reuniones en las que no hubo acuerdo, los vocales eligieron a Moliner, un jurista con 43 años de carrera, por el mínimo de votos necesario, 12 de los 20 vocales. Cinco votaron en contra y hubo tres votos en blanco.

“Hemos cumplido con nuestra obligación constitucional”, afirmó el presidente interino del CGPJ, Fernando de Rosa, en conferencia de prensa en Madrid, tras la tercera reunión del organismo. Moliner, de 68 años y miembro fundador de la asociación de carácter progresista Jueces para la Democracia, asumirá su cargo en el plazo “más breve posible”, pero antes su designación deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros, añadió De Rosa. Los vocales se embarcaron en una difícil decisión de elegir a un candidato capaz de plantar cara al ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, ante su plan de quitar competencias al CGPJ en la futura reforma del sistema judicial.

Moliner ejercerá su mandato hasta septiembre de 2013, cuando concluye el actual que dejó vacante Dívar, y será quien lleve adelante la implementación de la reforma anunciada. Los que conocen al magistrado aseguran que tiene una gran capacidad de consenso, ya que es uno de los referentes del sector progresista de la judicatura. Moliner fue quien manifestó su oposición a los recortes del gobierno, que castigan a los sectores más débiles.