El kirchnerismo redobló sus críticas por el traspaso del subte. Luego de que Metrovías, empresa controlada por el Grupo Roggio, anunciara que retiraba veinte coches de la circulación y exigiera una definición por parte de Mauricio Macri, desde el gobierno nacional volvieron a responsabilizar a la gestión PRO por no administrar los fondos que deposita la Nación para obras. “El Gobierno de la Ciudad se tiene que hacer cargo del subte”, insistieron por su parte los metrodelegados, que calificaron de “chantaje” la decisión de la empresa de retirar coches de circulación. Si alguien espera que la solución venga de la Justicia, sería bueno que espere sentado: las causas que existen en los fueros federales están paradas.

“El subte fue, es y será responsabilidad del gobierno nacional”, decía uno de los guiones que el equipo de prensa de Macri distribuye por mail entre funcionarios y legisladores. A ese lema se atienen en la gestión PRO, donde decidieron no tocar los fondos para infraestructura que el gobierno nacional deposita en una cuenta del Banco Nación (a razón de 15 millones por mes), ni prevén aplicar ningún tipo de sanciones a la empresa por las demoras que se vienen produciendo en la hora pico. En la paritaria de los trabajadores del subte, que se reabrirá en los próximos días, sólo intervinieron cuando los fue a buscar la policía o cuando la situación se volvió insostenible. En síntesis: no se ocupan.

Como parte de esa estrategia, el macrismo desistió de una apelación que había hecho por la primera medida cautelar que pidieron en el fuero contencioso nacional. Allí ambos gobiernos habían trabajado denuncias. Desde el PRO, tampoco promovieron su denuncia ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal, una tarea que dejaron en manos del gobierno nacional. La causa dormita en ese juzgado, mientras la Cámara en lo Contencioso debe todavía resolver una apelación del gobierno nacional en la que pedían que se le ordenara a Macri hacerse cargo del subte. Hay una segunda causa judicial, menos conocida, que los macristas presentaron en el fuero civil y comercial federal. Allí no impugnan el acta acuerdo que Macri firmó en enero –y con la que aumentó el subte a 2,50 pesos–, sino la ley votada en el Congreso Nacional. La exigencia sigue siendo la misma: que el Estado nacional garantice los miles de millones en obras para el subte.

Como parte de sus argumentos, el kirchnerismo desempolvó una ley de 1987: “El gobierno porteño captura 2600 millones de pesos al año para obras en el subte a través del Fondo Permanente para Ampliación que pagan los porteños con el ABL, las patentes y AUSA pero Macri no los utiliza”, sostuvo el legislador Francisco “Tito” Nenna. El diputado kirchnerista citó un cable de la agencia Télam en el que se afirma que ese fondo recaudará este año 2667,9 millones de pesos. En el gobierno porteño, en cambio, retrucaron que “desde 1994, quedó sin efecto la afectación de fondos que preveía esa ley nacional. Antes de eso, el gobierno nacional nunca constituyó el fondo. Es otro incumplimiento de Nación”.

En tanto, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, indicó: “Sinceramente lamento que sobre un tema tan sensible y que afecta a muchísimos argentinos haya tan poca responsabilidad y se genere la sensación de que cada uno dice lo propio pero nadie se hace responsable”.

“El subte es de la Ciudad. Macri tiene la plata en su poder pero no la utiliza porque toma a esto como un capricho”, se sumó el senador Aníbal Fernández. En tanto, el dirigente de Miles Luis D’Elía cuestionó tanto al gobierno porteño como a Metrovías –a quienes le exigió que “asuman su responsabilidad”– y respaldó a los metrodelegados.

Los gremialistas responsabilizaron a la empresa y a Macri. “El Gobierno de la Ciudad se tiene que hacer cargo del subte. Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) es el dueño del subte, no el gobierno nacional”, opinó Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro. “(Juan Pablo) Piccardo es el que tiene que velar por los intereses de su casa para ver por qué Metrovías no está invirtiendo en sus coches”, indicó el delegado, que coincidió con el titular de la Asociación de Consumidores, Héctor Polino: “El gobierno porteño tiene que restablecer la unidades y aplicar las sanciones que correspondan”. Segovia consideró que “Metrovías está haciendo un lockout patronal: está chantajeando, pidiendo plata. A los proveedores no les pagan, el servicio médico no funciona, no compran repuestos”. Reclamó que actúe también la CNRT y que la concesionaria costee el arreglo de los coches.