Desde Medellín

Al Sur de Colombia está Cauca: montaña, coca, guerra, guerrilla, ejército, explosivos, “paras” y gente; indígenas y mestizos que sobreviven a uno de los momentos más duros del conflicto armado en esa región, una de las más abandonadas del país. Después de unas semanas de sangre y crueles enfrentamientos entre fuerza pública e insurgentes, los aborígenes intentan con palos y furia sacar a los soldados de su territorio. También a los rebeldes, pero no los encuentran, explican sus autoridades. Destruyen trincheras, antenas de comunicación, y ayer expulsaron un centenar de militares de la base de Berlín. Están con la guerrilla, los acusó una líder indígena local al comienzo del día. Esta es de los paramilitares, dijeron los del consejo indígena al caer la tarde. A la noche, cuando tras esa cordillera occidental se escondía el sol, la montaña continuaba ardiendo.

“Todo tiene un límite. La fuerza pública tiene la orden perentoria de no ceder un solo centímetro ni en el Cauca ni el territorio nacional”, dijo anoche molesto al fin el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, para quien Cauca es tema de primer renglón por estos días. A esa provincia llegó fuertemente escoltado la semana pasada, en medio de tomas guerrilleras a poblados urbanos, la explosión de una moto bomba, el secuestro de un helicóptero y varios civiles, bombardeos diarios, la desaparición de un avión de la Fuerza Aérea, decenas de retenes ilegales y el homicidio de un niño. La reacción de la organización indígena, exigiendo la retirada de los grupos ilegales y legales por la fuerza es, según Santos, “inaceptable (...) acarrean conductas penales que serán investigadas”, comentó a los medios mostrando su enojo, y aclaró que las fuerzas militares tienen la orden de quedarse en Cauca. Según los indígenas, el plazo para desocupar sus tierras venció este lunes.

James Yatafué, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca-ACIN, explica que “el principal objetivo de este proceso de resistencia indígena es consolidar un territorio autónomo, con gobierno propio e implementar una propuesta de paz”. Por su posición geográfica estratégica –salida al mar pacífico, frontera con Ecuador, salida a los llanos orientales, y vía central hacia los Andes colombianos– éste ha sido un territorio disputado por grupos armados y narcos. Incluso, se dice que el conflicto actual tiene que ver con un cargamento de cocaína que no consigue salir de la región.

Allí, en los últimos 18 meses ocurrieron 600 hechos violentos que dejaron unas 2500 víctimas de la población civil, y unas cien asesinadas, según el Consejo Regional Indígena de Cauca –CRIC–, principal promotor de las acciones para desmilitarizar que aún no dejan saldos mortales. Ese consejo fue acusado de estar infiltrado por la guerrilla, tal como lo afirmó Ana Silvia Secue, dirigente de la OPIC. “La OPIC es una organización paralela (al CRIC) que creó el presidente Uribe con paramilitares de Ortega, Cauca, y es ultraderechista. Ellos sí reciben ayuda de las Fuerzas Armadas”, afirmó Yatafué a la periodista local Sonia Godoy, quien hizo llegar sus declaraciones en exclusiva para Página/12.

El testimonio de Secue fue divulgado en el diario El Colombiano que, durante la presidencia de Uribe, fue un medio abiertamente propagandístico de ese gobierno, y cuya directora recibió subsidios millonarios del Estado en esos años de forma ilegal. Por eso las acusaciones de Secué no tuvieron credibilidad. Pese a todo, los habitantes de Cauca, los que no son puramente indígenas y habitan ciudades como Popayán, manifestaron su rechazo a los actos del CRIC. Centenares realizaron una marcha en protesta frente a la sede del CRIC en la capital del Cauca para exigir el cese de las arremetidas en la montaña, pues, además, muchos de sus familiares son miembros del ejército.

Algunos pobladores se manifestaron en desacuerdo con la forzada salida de la fuerza pública porque, según explican, quedarían a merced de la guerrilla, principal grupo ilegal en Cauca. Se teme que en la vecina provincia del Putumayo o curra lo mismo, pues las autoridades del CRIC anunciaron que su protesta continuará por los pueblos del Cauca y también Putumayo. Los gobernantes pidieron la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y agencias de cooperación internacional para prevenir hechos fatales, en caso de que el ejército responda con la fuerza los ataques indígenas.