El gobierno del presidente Mariano Rajoy aprobó ayer la reforma financiera que exigía Bruselas a España a cambio de los 100 mil millones de euros en ayudas comunitarias, destinados a sanear la banca española. Con esta medida se establece, entre otras cuestiones, un proceso para liquidar bancos inviables e intervenir preventivamente en entidades con problemas.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el decreto –que deberá pasar por el Parlamento, donde el derechista Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta–, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que la nueva norma tiene como cuestión fundamental conseguir dinamizar el mercado inmobiliario para sacar a la venta el stock de departamentos y locales a precios razonables. Además, precisó que se impone como condición a las ayudas públicas que los accionistas de los bancos intervenidos asuman parte de las pérdidas de la reestructuración. Esto incluye a los tenedores de “preferentes” o deuda subordinada, miles de pequeños ahorristas que fueron estafados por los bancos y que ahora podrán canjear estos productos complejos por otros de mayor liquidez a precio de mercado más un 10 por ciento. “Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional”, precisó. La vicepresidenta remarcó que con esta reforma, tercera del Ejecutivo del PP y quinta desde el inicio de la crisis, culmina con la reestructuración del sector y se hace con el objetivo de que no cueste ni un euro al contribuyente. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis De Guindos, matizó esta cuestión al asegurar que va a minimizar el costo. El ministro de Economía indicó que aunque en principio estos ahorristas sufrirán pérdidas, después podrán recuperar toda su inversión a lo largo de los años con los productos financieros que recibirán a cambio en los canjes que hagan con los bancos. Se estima que el fraude de los preferentes ronda los 30 mil millones de euros y podría alcanzar hasta a un millón de personas.

La nueva norma responde al memorando de entendimiento (MoU) firmado por el Ejecutivo de Rajoy con Bruselas el pasado 20 de julio. Para salvar a la banca con dinero público, el Estado español deberá pagar intereses y cumplir con los estrictos objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea (UE), lo que podría implicar aún más recortes de gasto en el futuro. La reforma llega en un momento en que se acelera la salida de capitales del país debido a la incertidumbre que sigue generando la economía española.