[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Los fusilamientos en Trelew eran parte de una política que el Ejército venía implementando”, sentenció el teniente de fragata Julio César Urien ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en el marco del juicio por la Masacre de Trelew. Llamado como testigo por la defensa de dos de los imputados en el proceso –los marinos retirados Emilio del Real y Luis Sosa–, Urien acabó aportando datos fundamentales para echar por tierra la estrategia de los acusados. Tan es así que su declaración fue, el jueves, desestimada por la defensa que en un principio lo convocó, pedido que finalmente fue desoído por el tribunal. “Este juicio nos ayudará a explicar en parte el origen del genocidio argentino: cómo se empieza a generar la postura de las Fuerzas Armadas de represión a la militancia argentina”, definió el abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos en la causa, Germán Kexel.

Urien remarcó que como miembros de la marina recibieron “adiestramiento” en el marco del Plan Conintes: “Hacíamos allanamientos, practicando tomar la población, en el ’72 habrá sido. Toda la instrucción militar que se nos empieza a dar es luchar contra el pueblo, se nos da parte de una película de la batalla de Argelia –la escuela francesa– donde se justifica la tortura como elemento para obtener información. En ese marco llegamos a agosto”, apuntó. También mencionó que cuando les leyeron “el parte oficial” por lo sucedido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972 con los 19 presos políticos allí encerrados “la impresión nuestra era que había sido un asesinato”.

Para Kexel, Urien “fue implacable”. Urien, al igual que los militares retirados Ricardo Hirsch, Mario Actos y Aníbal Acosta, habían sido citados por las defensas en el marco de la comprobación de sus estrategias: probar que los fusilamientos de Trelew no fueron delitos de lesa humanidad, sino que los asesinatos fueron, en realidad, reacciones de los marinos ante un intento de fuga de los 19 presos políticos que se encontraban el 22 de agosto de 1972 encerrados en la Base Almirante Zar.

Urien y sus compañeros formaron parte de un grupo de 200 marinos que, en noviembre de 1972 y en plena actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada, se sublevaron a sus autoridades.

“Nosotros no queríamos ser parte de eso, como militares nos sentíamos en la obligación de resistir esa obligación. Queríamos decir que no todos estábamos de acuerdo con secuestrar, con actuar de civil. Decidimos sublevarnos y esperar la vuelta del general (Juan Domingo) Perón”, recordó Urien en su declaración de ayer. Producto de esa decisión, fueron detenidos y, en 1973, amnistiados por la orden impartida por el entonces presidente Héctor Cámpora horas después de asumir el cargo.

Sin embargo, la estrategia de los patrocinantes de Sosa, Del Real y del resto de los acusados, los militares retirados Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y el cabo Carlos Marandino dio un giro en su propia contra cuando el primero de los testimonios, ofrecido el jueves por Hirsch, habló de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional de parte de la Armada “en contra de un enemigo interno”.

“Las defensas se negaron a que las querellas indagaran a Hirsch por otras cuestiones que no fueran la amnistía. Dijimos que no, no contaban con ningún tipo de argumentación jurídica”, explicó el responsable de la querella de los familiares de la masacre, Eduardo Hualpa. Tras un debate extendido y efusivo, el TOF rechazó el pedido de las defensas. Tras lo dicho por Hirsch, las defensas quisieron desistir del resto de los testigos citados por ellas mismas, pedido que el tribunal aceptó sólo parcialmente. “Nosotros consentimos dos desestimaciones, pero no la de Urien. El había sido jefe de la división que se sublevó en contra de las indicaciones de torturas y secuestros y tenía cosas interesantes para decir respecto de la calificación de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad”, concluyó Kexel. Urien, finalmente, declaró. “Sucedió algo llamativo que sirvió para seguir comprobando que los fusilamientos no fueron accidentales, sino parte de un plan sistemático de eliminación”, definió.