La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó ayer el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de Jorge Ernesto Vildoza, Rodolfo Fernando Giromini y la firma American Data S.A. Los acusa, según confirmó Página/12, de financiar al ex jefe de la ESMA Jorge Raúl Vildoza, aún prófugo de la Justicia, y a otras personas ya capturadas, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. A través de esta resolución, es la primera vez que se aplica la ley antiterrorista aprobada en diciembre del año pasado.

Vildoza y Giromini, presidente y vice de American Data, son el hijo y el yerno, respectivamente, de Jorge Raúl Vildoza, segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1980. Este ex militar está acusado de robar bienes de desaparecidos y, junto con su mujer Ana María Grimaldos, de apropiarse del bebé nacido en cautiverio Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y Héctor Penino, ambos secuestrados el 13 de julio de 1977. Grimaldos fue detenida el pasado 3 de julio, luego de haber estado prófuga desde 1986, y la jueza Servini de Cubría la procesó por la sustracción del menor, quien recuperó su verdadera identidad en 1998, y por falsificación de documento público, según ya informó este diario en detalle.

La mujer declaró que Vildoza murió, pero la Justicia sospecha que aún está vivo y la UIF considera que sólo pudo mantenerse en la clandestinidad con el apoyo económico de su hijo biológico y su yerno a través de American Data, una firma dedicada a la explotación de juegos de azar. De hecho, Oscar Beccaluva, un ex abogado de American Data, declaró en abril de 2006 en un juzgado provincial de Tierra del Fuego haberse reunido con Jorge Raúl Vildoza en abril de 2001 y aseguró que el ex jefe segundo de la ESMA blanqueaba a través de un par de casinos de esa provincia dinero conseguido producto de la apropiación de bienes de desaparecidos, testimonio que ratificó ante un Juzgado Federal de Ushuaia en diciembre de 2010.

A partir de ese testimonio, la UIF procedió a ampliar la investigación financiera/patrimonial de American Data, como así también la del hijo del militar, Jorge Ernesto Vildoza, y su yerno, Rodolfo Fernando Giromini, identificándose algunos de sus bienes y activos. El organismo encabezado por José Sbatella imputó entonces la existencia de financiamiento del terrorismo y aplicó la ley 26.734, a través de la cual se incorporó al Código Penal el artículo 306 que tipifica ese delito.

Ese artículo dice expresamente que se encuentra penada aquella persona que “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies”. Ese artículo 41, también incorporado al Código Penal por la ley antiterrorista, dice que “cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

A su vez, el artículo 6 de la ley antiterrorista afirma que la UIF “podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente el congelamiento administrativo de activos vinculados con las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal”. Todos estos pasos fueron los que dio la UIF, incluso la comunicación al juez Norberto Oyarbide, quien ya fue informado y ahora puede ratificar, rectificar o revocar la decisión.

Los delitos cometidos por Jorge Raúl Vildoza datan de la última dictadura, pero son de lesa humanidad e imprescriptibles. Por eso la UIF considera a Vildoza un “terrorista prófugo” y a su hijo y su yerno supuestos cómplices. De hecho, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa Unidad señaló que “se constata con un importante grado de verosimilitud la vinculación entre Jorge Raúl Vildoza y la firma American Data, como con sus directivos”. A partir de ello, la UIF dio validez a la sospecha de financiamiento de terrorismo por parte de la compañía y sus autoridades, adoptando la medida de congelamiento de sus fondos.