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Tras dos semanas de intensa presión social, el gobierno de Portugal aceptó ayer dar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas. La virtual rebaja de un 7 por ciento sobre los salarios de los trabajadores derivó en una multitudinaria marcha la semana pasada y congregó el viernes a miles de personas frente a la casa de Gobierno.

En un comunicado el gobierno informó que el primer ministro, Pedro Passos Coelho, admitió estar disponible para estudiar alternativas a ese programa, en el marco de la concertación social. Esta fue la principal conclusión de la reunión del Consejo de Estado, órgano consultivo convocado el viernes por el jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, y que acabó en la madrugada de ayer tras ocho horas de deliberaciones. El órgano consultivo, que últimamente sólo ha sido convocado por el jefe del Estado en situaciones de crisis, también incidió en la necesidad de preservar la cohesión nacional en un momento en que Portugal se encuentra intervenido por las instituciones internacionales. Prueba de la contestación social que había generado la propuesta del gobierno fue la protesta celebrada frente al Palacio lisboeta de Belem, donde tuvo lugar la reunión, y en la que participaron miles de personas para pedir la suspensión de las últimas medidas de austeridad anunciadas por el Ejecutivo. “Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha” y “FMI fuera de aquí” fueron algunas de las consignas más coreadas por los manifestantes.

La propuesta del gobierno luso de subir en 2013 las contribuciones que pagan a la Seguridad Social los trabajadores y bajar la que abonan las empresas por cada empleado fue anunciada por el propio Passos Coelho el 7 de septiembre, con el objetivo de crear empleo y frenar así la desocupación. Sin embargo, la medida fue contestada por la oposición, los sindicatos e incluso la patronal, por considerar que podía hundir todavía más el ya de por sí debilitado consumo interno.

Este nuevo incremento de la carga fiscal a los trabajadores también causó divergencias entre los dos partidos que conforman el gobierno conservador, el Partido Social Demócrata (PSD) y los democratacristianos, que juntos permiten a Passos Coelho gozar de mayoría absoluta. Estas diferencias de criterio entre ambos grupos parlamentarios quedaron finalmente resueltas, según el comunicado difundido ayer tras la reunión del Consejo de Estado, que da por superadas las dificultades que podían afectar a la solidez de esta alianza y descarta así la posibilidad de una crisis política.

El país vive bajo la asistencia financiera de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde mayo de 2011, que acordaron prestarle 78 mil millones de euros a lo largo de tres años para evitar la bancarrota, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el gobierno conservador luso. Los recortes, sin embargo, no han evitado que Portugal afronte dificultades para cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con la troika, como el de la reducción del déficit público, lo que obligará a la adopción de nuevas medidas de austeridad.