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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo dos apariciones mediáticas durante la semana, anunciando un haz de medidas variadas. Se centró en las políticas públicas, evitó toda tentación de confrontar con las movilizaciones callejeras de la semana anterior. Obvió el uso de la cadena oficial, recurso legal, legítimo y hasta necesario al que no renunciará, pero que es sensato dosificar.

El oficialismo se coloca en el cuadrante que más le conviene: la acción ejecutiva y la iniciativa política, piedras basales de su sostenida legitimidad durante años, tanto como de las zozobras que atravesó en 2008 y 2009. He ahí su enorme ventaja comparativa. Es pura lógica instrumental que se esmere en explotarla.

Por ese andarivel circula la propuesta de nombramiento del diputado Martín Sabbatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Una decisión que, como es regla, tomó de sorpresa a propios, extraños y al propio elegido. La movida es un reconocimiento (más vale que silencioso y tácito, como pinta al estilo K) a carencias o cuanto menos dilaciones de la gestión, que se encamina a un trance determinante. Corre la cuenta regresiva para el famoso 7 de diciembre (7-D en adelante).

Sabbatella hizo carrera ganando la intendencia de Morón, frente a un taita del distrito: Juan Carlos Rousselot. Fue reelecto y, cuando pasó al Congreso, su partido conservó la intendencia. La legitimidad de ejercicio superó la prueba ácida del voto popular.

La Presidenta habrá sopesado sus antecedentes de gestión, la consistencia ideológica, el volumen propio, las dotes para debatir en público. Sabbatella añade algo no tan corriente en mandatarios con varios períodos ejecutivos: tiene el cuerpito limpio, por decirlo con un eufemismo. No conoce a sus interlocutores “del otro lado de la mesa”, un perfil distante de funcionarios que eran sus compañeros de cenas o recibían caballos de pura raza de regalo. Algo que les vendría bárbaro, valga la expresión, pero no honraba la gestión pública.

Sabbatella alternó cercanías y distancias con el kirchnerismo, siempre por fuera del PJ y manteniendo un grado mudable de autonomía respecto del Frente para la Victoria (FpV). Aguantó los trapos en el conflicto de las retenciones móviles, confrontó con el kirchnerismo en las cruciales elecciones de 2009.

Ahora, su fuerza forma parte de Unidos y Organizados, el armado militante del kirchnerismo. Otras, las más robustas, son La Cámpora, el Kolina y el Movimiento Evita. Este conjunto procura conformar un núcleo del kirchnerismo que le valga a la presidenta Cristina para sostener con fuerza plenamente propia una coalición que también formará el peronismo con anclaje territorial.

De nuevo: no se verbalizará en Olivos ni en la Rosada ni por boca de Sabbatella, quien evitó toda declaración hasta que pase el período de impugnaciones y, como todo lo indica, se confirme la designación. Pero su llegada asume que en este año la Afsca no pudo con los enormes y novedosos desafíos que la interpelan. El cambio que se intenta no es de rumbo, pero sí de velocidad e intensidad.

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El 7-D: La plena implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ldsca) permite deslindar dos aspectos. Por un lado, el que atañe a nuevos actores, contenidos y reglas de juego. Por otro, el referido a la desmonopolización (apodada “desinversión” en jerga). Sólo la cláusula antitrust, el célebre artículo 161, está suspendida. Y en exclusiva para el multimedios Clarín. El nudo del problema es que la excepción es el jugador más grande y poderoso.

La cláusula antitrust fue frenada por las acciones judiciales interpuestas por Clarín y por la concesión de una exorbitante e injusta medida cautelar. La Corte Suprema le puso límite temporal, tan tardío cuan preciso, recién este año. Hasta entonces la Afsca había dispuesto posponer, en paralelo, la “desinversión” para otros concesionarios con más licencias que las permitidas. Clarín recrimina que el parate es discriminatorio. El Gobierno sostiene lo contrario, sensatamente según la mirada de este cronista. Sería inequitativo apurar el paso a quienes cuentan, en proporción, con pocas licencias excedentes mientras el grandote del barrio goza de un calendario propio. No bien se pronunció la Corte, estipulando como deadline el 7-D, se iniciaron los trámites de adecuación con los concesionarios. Así las cosas, hay igualdad entre todos, aunque uno se niega a actuar en paridad con el resto.

La idea del oficialismo es que “el día señalado” sea sólo Clarín el que no haya cerrado con el Estado la adecuación de sus concesiones o lo esté articulando con la Afsca. La búsqueda de ese objetivo despuntó con el actual titular del organismo, Santiago Aragón. Mediando prepotencia de trabajo, optimismo de la voluntad y buena praxis de Sabbatella se espera que “todos menos uno” estén acodados a la virtual mesa, acatando la ley y buscando una solución que respete su espíritu.

Clarín, en cambio, rehúsa reconocer el alcance de la sentencia de la Corte Suprema. Un pequeño ramillete de abogados explica, en recorrida por distintos medios, que el 7-D sólo comenzará el plazo de un año concedido para desinvertir. No es ése el sentido del fallo del Tribunal, según surge de su letra y de la interpretación que realizan los Supremos en conversaciones informales. El lapso demasiado generoso le dio sobrado margen a Clarín para formular su esquema de adecuación. Ni la Ldsca ni la sentencia le confieren un changüí adicional.

La medida cautelar se concedió en un juicio por inconstitucionalidad que, salvo que ocurra algo asombroso, no llegará a sentencia de primera instancia este año. El multimedios acusa al Estado por la dilación, pero la Corte interpretó muy otra cosa: una porción relevante del atraso fue producto de las chicanas del demandante. Expresó, textualmente: “Las especulaciones procesales (de Clarín) no sólo resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso, sino que afectan seriamente la seguridad jurídica”.

Los cortesanos subrayaron un hecho notorio, soslayado por el parroquialismo de la Vulgata dominante: la legislación antimonopólica existe en casi todos los países del mundo. Y añadieron que la mayor parte de los cuestionamientos de Clarín a la Ldsca no se fundamentan en potencial inconstitucionalidad sino en posible daño patrimonial. Si lo hubiera, la consecuencia no sería la nulidad de la norma, sino una indemnización. Abogados baqueanos que conocen el expediente principal confirman que Clarín casi no aportó elementos destinados a corroborar violaciones a la libertad de prensa, apenas algunos referidos al daño económico que significaría la regla antitrust.

Hay quien vaticina que el reclamante tratará de conseguir más tiempo de descuento articulando medidas cautelares en cascada ante cada acto administrativo gubernamental. Son especulaciones, porque la táctica de Clarín no se conoce. Abogados y periodistas que le responden insinúan otro camino, acaso acumulativo. Sería el proponer una (¿pseudo?) adecuación desguazando las frecuencias y presentando como adquirentes de tres o más “paquetes” a “hombres fuertes” del grupo, empezando por el CEO Héctor Magnetto. Peliagudo es teorizar sobre una acción no concretada, pero así dicho suena más a una simulación con testaferros VIP, a un simulacro apenas. Maniobras tendientes a velar la real identidad a través de un armado de sociedades que, bien vistas, (cor)responden a un solo dueño.

Entre tanto, hierve el enfrentamiento a cielo abierto, la lucha política contra el Gobierno que cobra virulencia día tras día. Hay momentos en que todas las reglas del métier periodístico parecen haber sido quebradas. El record es superado al día siguiente. Y hay que ajustarse los cinturones porque, da la impresión, esto recién empieza. Los títulos y las notas machacan en la existencia de autoritarismo o totalitarismo. ¿Qué reacciones son válidas en ese escenario? ¿Esperar el devenir de las rutinas democráticas o el vaivén del voto? ¿O hay vía libre para la “resistencia a la opresión”? Las preguntas parecen ridículas, exorbitantes, frisan con lo destituyente... pero se van instalando.

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El peligro moscovita: Sabbatella va camino de ser catapultado al rol de enemigo público número uno del multimedios. Es exótico, pero no es el único, hay numerosos. Claro que no es tan simple “entrarle” al ex intendente de Morón: fue galardonado poco tiempo atrás por su trayectoria política, por Clarín y por ONG como Konex. Editorialistas del multimedios exhuman entonces su pasado militante en el Partido Comunista. Un macartismo rancio lo demoniza, en el diario y en la señal TN. Uno de los periodistas, que imagina que el ahora diputado escondió durante años su faz stalinista, es apodado Colorado. Otro crítico burlón se forjó en el PC. Permítase una ironía en un marco tan candente: los inquisidores deberían tener cuidado en su revival de la Guerra Fría, si cunde podría salpicarlos.

Durante semanas los medios hegemónicos repiquetearon una noticia inquietante: los billetes de cien pesos con la imagen de Evita no podían imprimirse por cien problemas acumulados. De pronto, salió la primera partida, sin que mediaran desmentidas ni aclaraciones.

Un periodista de Clarín cuenta una reunión secreta en la casa del ex procurador Esteban Righi. Un homenaje de jueces y fiscales, realizado con el mayor sigilo para evitar las represalias del Gobierno. Un colega de La Nación retoma el relato y se burla de cómo personas serias pasan a la clandestinidad para evitar que truene el escarmiento K. Consultados el presunto anfitrión e integrantes de la familia judicial, se corrobora que el ágape no existió. Son botones de muestra, machacados sobre lectores inadvertidos.

Ocurren cosas peores. La periodista y docente universitaria Mariana Moyano (que trabaja en el programa 6,7,8 y en Radio Nacional) sufre un brutal asalto en su casa. Comparte el difícil trance con su familia, incluida una hija muy chica. Los online de La Nación y Clarín la azuzan recordando sarcásticamente intervenciones suyas acerca de cómo se manipula la información sobre inseguridad. El mensaje, más cercano a lo explícito que lo subliminal, es que tuvo su merecido. Incitados por los medios, los lectores profieren comentarios deleznables, con expresiones de deseos ruines o inhumanas que da asco repetir. La Nación tiene la delicadeza (o la astucia) de suprimirlos. Clarín los deja acumular. Es sabido que los comentarios en ese soporte tienen un porcentaje muy alto de salvajismo. Los editores cuentan con competencias para limitarlos o suprimirlos. La ética profesional debería primar en esas decisiones: se relega en aras de la contienda. La solidaridad con Moyano es imperativa, el cronista la hace explícita... pero no repara la agresión.

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Tareas faltantes: El peso relativo de los medios dominantes depende de la regla antimonopólica, pero también de que se agrande el campo de radios o canales de tevé sin fines de lucro o públicos. Estos han crecido algo desde la sanción de la Ldsca, los comunitarios no tanto. Hace poco se anuló una licitación para adjudicar 220 señales de televisión en todo el territorio nacional. El único ofertante fuerte era el Grupo Vila-Manzano, lo que hubiera podido generar una contradicción que se evitó. La finalidad de abrir el espectro se vio frustrada por errores de implementación, entre ellos el estipular un precio prohibitivo para los pliegos. Son errores evitables. Además, es forzoso asumir cuán difícil es construir en función de un paradigma nuevo, en un escenario sin precedentes.

Hay logros en la creación de medios universitarios, crecimiento de la producción de contenidos nacionales o locales. Pero queda mucho camino por andar. Entre otras prioridades, será forzoso pensar el sostenimiento económico de radios o canales autogestionarios, porque en grandes cantidades el voluntariado no alcanza. La Academia también debe proponerse modificar módulos de enseñanza. Habrá que capacitar a estudiantes de periodismo o de comunicación para manejarse dentro de un sistema nuevo, alternativo, no concentrado, no reducido a los medios con fines de lucro.

Las misiones exceden, pues, al Gobierno, aunque le conciernan parcialmente.

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Por venir: Acaso se compare a Sabbatella con los jóvenes hitleristas. O se le invente, parafraseando lo que le cupo a Axel Kicillof, un abuelo rabino o se fantasee que estudia ruso para compenetrarse de los textos de Lenin. Entre tanto, el potencial funcionario se va reuniendo con Aragón, que (comentan con agrado en el primer nivel del Gobierno) coopera entusiasmado y hasta ayuda en la recolección de firmas para apoyar a “Martín”. La inminencia de horas definitivas convoca a organizaciones de largo recorrido a movilizarse como lo hicieron cuando se trató la ley en el Congreso.

Sabbatella, cuadro político de primer nivel, un buen comunicador dotado de buenos modos, seguramente deberá salir a la palestra a sostener el debate. Es una cinchada por poder, claro. Es difícil magnificar la importancia que le atribuyen los contendientes. Pero los que se enfrentan no son iguales: un gobierno democrático versus una corporación que reivindica una posición dominante.

Para quien considere simplista ese cuadro, vaya otro ángulo, una mirada institucional. Clarín recurrió a los Tribunales para diferir la plena vigencia de la Ldsca. Tuvo fortuna, por ponerlo así. El Gobierno acató la cautelar injusta, hasta tanto el máximo Tribunal le puso término.

La base de las medidas que vendrán es una ley, dictada por un Congreso en el que el FpV no tenía mayoría propia. La apoyaron varios partidos de la oposición, incluyendo el socialista liderado por el ex gobernador Hermes Binner, el segundo candidato presidencial más votado en 2011. O sea, las instituciones de la República sustentan la posición del Gobierno, el poder fáctico fue limitado por dos poderes del Estado. Clarín conserva todos los derechos para seguir defendiendo sus posturas, pero no representa más que a sí mismo.

Proliferan especulaciones febriles acerca de la pérdida de representatividad de la Presidenta, sofismas que equiparan encuestas sospechosas con votaciones populares. La libertad de expresión ampara los razonamientos. Pero éstos no facultan a violar o azuzar a que se violen las reglas constitucionales. La autoridad y legitimidad presidencial siguen en pie. El calendario de la Ldsca es uno, muy otro el de las saludables rutinas democráticas.

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