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A poco más de un mes del anuncio del gobierno porteño de enrejar la plaza Pueyrredón (Flores) y los parques Centenario y Lezama, no hubo avances en las obras pero sí en las medidas de los vecinos para frenarlas o minimizar el vallado. “Algunos en el barrio piden seguridad y un lugar limpio. La seguridad se soluciona con cuidadores o policías en la plaza a la noche también, cosa que no pasa, y la limpieza con mantenimiento, ¿qué tienen que ver las rejas con todo esto?”, razona Gustavo Torchisky, de la Asociación Vecinos Voluntarios de Parque Centenario. La ciudad tiene 85 espacios verdes cercados y, como pudo comprobar este diario, a veces están cerrados en horarios en que no deberían estarlo. Las llaves de algunos de los candados las tienen los propios vecinos, otras están en manos de los cuidadores. “A nosotros nos las ofrecieron si nos hacíamos cargo de cualquier destrozo. Obviamente nos negamos, es ridículo”, relató Verónica Candolfi, integrante de una asociación vecinal de Flores.

Cada sábado por la tarde, en el mástil de Parque Centenario se juntan varios vecinos para protestar por el plan de enrejar el perímetro de este espacio verde de 12 hectáreas, con la consigna: “Libertad a parques y plazas”. También proyectan películas, programadas por el grupo Cine Libre Parque Abierto, que comenzó con las actividades en 2006, cuando se enrejaron seis hectáreas en el óvalo central del parque. “Ponemos una alfombra persa de cinco metros por tres y ahí se sienta la gente. La idea es tomar el espacio público”, dice Julieta Cabrera, integrante del grupo y del canal comunitario En Movimiento TV.

El nuevo plan de ampliación de las rejas, reconoce esta activista, fortaleció a sus compañeros y a otros que vienen luchando por el uso colectivo de este parque en Caballito. “No es el único problema que afrontamos, nosotros venimos protestando contra la construcción de torres, por ejemplo. Pero es importante que no se enreje porque el espacio público es el ámbito donde se manejan las relaciones sociales, donde uno puede igualarse con el otro”, dice Rodolfo Diringuer, de SOS Caballito.

La ciudad, agrega, tiene sólo dos metros cuadrados de espacio verde por persona, cuando ciudades como Madrid, Bruselas, Amsterdam o Rotterdam tienen entre 20 y 30. “Hay hacinamiento. No hay lugares para esparcirse y las rejas no recuperan el espacio. Caballito es uno de los barrios con menor superficie de parque por persona, sólo un metro cuadrado. Otro punto es la densidad poblacional. Una ciudad se considera sustentable cuando hay 15 mil habitantes por kilómetro cuadrado, como tiene la ciudad, pero Caballito tiene 28 mil personas promedio en esa superficie”, afirma Diringuer.

“El gobierno porteño cuida el parque de las rejas para adentro y deja estar el lado de afuera hasta llegar a un punto complicado. Por esa desidia, los vecinos recibieron bien la noticia de que se enrejará afuera también. Serían casi mil metros de rejas. Es mucho para lo que era un espacio público”, señala Torchisky, de la Asociación Vecinos Voluntarios Parque Centenario. La parte enrejada se cierra a las 20 en invierno, agrega, pero en los últimos tiempos los cuidadores desalojan la zona a partir de las 18.30. “El horario debería ser más amplio y laxo”, opina.

Torchinsky propone un plan de manejo del lugar en el que confluyan autoridades, vecinos y actores sociales del parque: feriantes, libreros e integrantes del anfiteatro, el Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio Astronómico. “Ahí debería discutirse qué parque queremos”, dice. “Noso-tros propusimos hacer un desahogo del Centenario en terrenos que lindan con las vías del ferrocarril Sarmiento, entre las calles Rojas y Donato Alvarez. De hecho en esa zona nosotros construimos dos plazas”, acota Diringuer, quien insiste en que el gobierno debe resarcir espacios verdes en vez cercenarlos.

Flores secas

En la plaza Pueyrredón, las opiniones están divididas. “Los que quieren cercarla y cerrarla por la noche dicen que juntaron firmas, pero nosotros nunca las vimos”, acusa Verónica Candolfi, integrante de la Asociación Civil Red de Vecinos de Flores y Parque Chacabuco. Las principales quejas de los habitantes y comerciantes, quienes dijeron haber juntado cinco mil adhesiones, son los robos, la prostitución y la presencia de indigentes que duermen en esa plaza, sobre avenida Rivadavia al 6900. Se trata de una cuadra muy transitada por su cercanía con la estación de tren de Flores y porque hay más de 20 paradas de colectivos en las inmediaciones.

“La seguridad no depende del enrejamiento, que además no hace funcional a un espacio público vital en el barrio. Hoy la plaza tampoco ofrece mucho. Hay un sector para jubilados donde sólo pueden jugar al ajedrez, cuando lo que pedimos es una cancha de bochas con una casilla para guardar cosas, como en plaza Irlanda”, comenta Candolfi. La manzana, dice, dejó de ser vista como un lugar de esparcimiento en el barrio. Por eso, propone que haya mesas con media sombra, más árboles y juegos.

Las personas que duermen allí no tienen por qué ser un argumento para perimetrar, señala, en todo caso debe modificarse el programa Buenos Aires Presente (BAP) como para poder ofrecer una alternativa real a quienes viven en la calle. “Y serviría que haya guardias, pero si no ocurre lo mismo que en la plazoleta 11 de Noviembre, donde le dejaron de pagar hace tres meses al guardia”, denuncia. Ese lugar, en avenida Directorio entre Varela y Pasaje Italia, fue reinaugurado por el gobierno porteño en 2009 y por el momento no tiene rejas. “Es la que sigue”, asegura Candolfi.

“Coincido con muchas de las cosas que dicen quienes se oponen a las rejas. Creo que, como todo, esto también es un tema ideológico, a nivel político, y también entre los especialistas en proyecto urbano. Poner rejas a espacios públicos, que es el espacio democrático por excelencia, es quitarle ésa, su mayor virtud. Es salvando las distancias, como el concepto del barrio cerrado: entra sólo quien es como uno”, explica la arquitecta Susana Stitzman, especializada en proyectos urbanos. Según ella, el principal problema es que muchos vecinos piden rejas en vez de mantenimiento.

El primer paso, agrega esta especialista, es asumir que existe una realidad social que se pone de manifiesto justamente en el espacio público. “Pienso en la gente que duerme en la calle y en el vandalismo, por ejemplo. Asumamos estos temas y demos soluciones. Si algo se rompe, reparemos”, plantea Stitzman. De lo contrario, los miedos, prejuicios e intereses de un sector terminan cercenando derechos de otros.

“Supongamos que alguien quiere ir a tomar mate con sus amigos a la plaza en verano, a la noche. Algo que ocurre seguido. No puede si le cierran el lugar. Esa persona también tiene que poder usar ese espacio”, dice esta especialista, quien señala que también el miedo y los prejuicios inciden en el reclamo de muchos vecinos de perimetrar y cerrar plazas.

La causa Lezama

Pese a la gran cantidad de asistentes, sobre todo los fines de semana, cuando hay feria, en parque Lezama, en San Telmo, hay un solo baño químico. Varias esculturas fueron atacadas y destruidas, casi no hay pasto y una parte interna del parque, que fue enrejada, nunca más se abrió, siquiera para mantenerlo. El abandono derivó en una causa judicial, primero contra los ex jefes de Gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Telerman y ahora contra el actual. “Por este tema, le tenemos embargada una parte del sueldo a Macri”, asegura el abogado Jorge Freijo.

La causa judicial, que obtuvo un fallo favorable del juez Hugo Ricardo Zuleta, ordena “el restablecimiento de las condiciones de salubridad, higiene, disponibilidad para los vecinos del parque Lezama y zonas aledañas”. Entre otras disposiciones, obliga al gobierno porteño a reparar el sistema de riego, disponer de al menos dos guardias, reponer pasto, areneros, hamacas, subibajas, castrar y desparisitar a los gatos que habitan en un sector lindante al Museo Histórico Nacional y echar a una mujer que se apropió de una casilla con el visto bueno de las autoridades municipales.

El gobierno porteño anunció obras por 19.500.000 pesos en este parque de ocho hectáreas, mientras sigue apelando, y adelantó que planea enrejar casi todo el lugar. “Nosotros no compartimos ese criterio de poner rejas indiscriminadamente. Hay partes internas que precisan esa protección, pero de ninguna manera se lo debe perimetrar”, opina Freijo. El problema es que los gobiernos “se creen los dueños de lo que tienen que cuidar, pero el parque no es de ellos, es de la gente”.

El fallo de Zuleta deslinda las responsabilidades que le caben al gobierno porteño y emanan de la Constitución de la Ciudad, en sus artículos 26 y 27. “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano”, cita el magistrado. Y agrega que es responsabilidad de las autoridades promover la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito y garantizar su uso común, al igual que los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica.

Sin embargo, por los testimonios de los vecinos y por lo que se puede apreciar, el “acceso libre” sigue siendo una quimera en muchas plazoletas de Buenos Aires que nacieron sin rejas, como la inmensa mayoría de los espacios verdes de la ciudad, y ahora lucen candados en horas donde deberían estar abiertas. Pasa seguido en los pequeños jardines que bordean la autopista 25 de Mayo, en los barrios San Cristóbal y Constitución. Y para quejarse, no queda otra que encontrar al vecino que se quedó con las llaves.

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