Desde Barcelona

En defensa de la enseñanza pública y contra la polémica reforma educativa que pretende llevar a cabo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, miles de personas se manifestaron ayer en toda España. Profesores, alumnos y familias de más de treinta ciudades salieron a la calle bajo el lema “Ni Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) ni recortes”, vestidos en su mayoría con las camisetas amarillas que son ya todo un símbolo de la lucha en favor de la enseñanza pública. Y si este color está tan instaurado es porque lleva tiempo tiñendo las calles y las escuelas. El rechazo de la comunidad educativa hacia la “reforma Wert” viene siendo casi unánime desde que en abril se dictó el primer decreto para aumentar las ratios de alumnos por aula, incrementar las horas lectivas del profesorado o limitar las sustituciones de los maestros. Pero, durante la última semana, la difusión del anteproyecto de la Lomce terminó de disparar las alarmas, sobre todo, en las comunidades autónomas que poseen idioma propio.

Cataluña lleva, en tan sólo cinco días, dos jornadas de protesta con millares de personas convocadas por el MUCE (Marco Unitario de la Comunidad Educativa) y una cumbre de emergencia a la que asistieron todas las fuerzas políticas autonómicas para frenar la aplicación de una ley que es considerada como “un ataque” a su modelo de enseñanza y su lengua. El borrador de la normativa prevé relegar el Catalán a una asignatura de “especialidad” por detrás de las troncales (Biología, Física y Química; Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero) y las materias que la nueva ley llama “específicas” (Educación física, Música, Plástica, Religión o segunda lengua extranjera, entre otras), además de garantizar la escolarización en castellano en colegios privados, a costa de las arcas autonómicas. Desde el MUCE rechazan “este intento de desmantelar un modelo de escuela que, durante más de 30 años, ha demostrado su éxito” y, por su parte, los partidos acordaron defender el sistema vigente en la comunidad, “aunque entre en contradicción con la ley propuesta a nivel español”, según declaró la Consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau. También en Madrid se hicieron oír las voces de disidencia contra la nueva norma. En la comparecencia que Wert realizó ante el Congreso, la defensa de la lengua unió a todos los diputados catalanes de la Cámara. “Ni con un guardia civil en cada aula los alumnos dejarán de estudiar en catalán”, proclamaron los portavoces de los partidos de izquierda, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya.

El problema lingüístico no es, de todos modos, lo único que se le recrimina a Wert desde las comunidades autónomas. Otro de los aspectos que salieron a la luz al conocerse el anteproyecto de ley es el recorte de competencias que se les aplica a las provincias en materia educativa. El gobierno central se propone dictar todo el currículum de las asignaturas troncales de primaria, secundaria y bachillerato (que ocuparán, como mínimo, el 50 por ciento del horario lectivo), mientras que a las comunidades se les deja el diseño de las materias “específicas” y “de especialidad”, que se reparten la otra mitad del tiempo de clase.

La posible centralización de un modelo que hasta ahora otorgaba un margen amplio de decisión a las autonomías preocupa tanto a profesores como alumnos. Juanjo, estudiante de la Facultad de Historia, manifestaba su descontento al respecto ayer, durante la movilización en Barcelona: “La ley de Wert responde a una ofensiva españolizadora que refleja los intereses de la derecha más profunda”. El joven expresaba también su malestar por otro de los puntos controvertidos de la reforma, la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aumento de carga lectiva para la de Religión, lo cual en su opinión “demuestra el peso que sigue teniendo la Iglesia en España”.

El importante papel que cobraría la religión en el nuevo modelo educativo y la amenaza de una paulatina privatización de la enseñanza son los dos cambios de la “ley Wert” que encabezan la lista de críticas. El MUCE, Marco Unitario de la Comunidad Educativa, considera que “para mejorar la calidad educativa no es necesaria una nueva ley. Es un pretexto partidista en momentos de crisis para imponer un modelo mercantilista, elitista y competitivo”. Ana, una maestra de primaria que llevaba ayer su camiseta amarilla en defensa de la educación pública, suscribe a esta idea y explica que “con la reforma se pretende subvencionar a los centros según las calificaciones que los niños obtengan en unas evaluaciones estipuladas desde fuera, fomentando una competencia absurda entre escuelas”.

Al finalizar las marchas que en el día de ayer recorrieron ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Santander o Toledo, entre otra veintena de municipios, los convocantes entregaron a las autoridades una declaración de intenciones que, de momento, se presenta irrevocable: “No aceptamos ni aceptaremos recortes a la educación pública, con el resultado de pérdida de calidad, pluralidad y acceso a un derecho que es fundamental”.