El mismo día en que Facundo Goñi, un militante social que trabaja como limpiavidrios y en un proyecto de la UNLP, fue absuelto en La Plata, el Senado bonaerense aprobó la ley de Scioli-Casal que impide las excarcelaciones por resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. Se preguntará estimado/a lector/a qué tiene que ver una cosa y la otra. El juicio a Goñi es la radiografía instantánea de la ley con la que Scioli-Casal promete reducir la inseguridad: la Bonaerense lo persiguió y detuvo al menos 25 veces. Finalmente le armó una causa en la que lo detuvo por resistencia a la autoridad y portación ilegal de un arma que, previamente, un oficial de la Bonaerense le introdujo en el bolsillo al palparlo en la comisaría donde se había presentado voluntariamente, tal como se demostró en el juicio. La ley ayer aprobada obliga a mantener detenidos a futuros Goñis hasta que demuestren lo contrario. La escandalosa sanción de la ley provocó un muy fuerte rechazo entre los organismos defensores de DD.HH., funcionarios judiciales y especialistas, y promete próximas instancias de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

La iniciativa de Scioli-Casal fue presentada como proyecto en Diputados de la provincia en septiembre pasado. En aquella oportunidad, dentro de los modelos a los que adhería la propuesta en sus fundamentos, citaba textualmente que “se orienta a rescatar una legislación que ya está en el Código Penal nacional a través de una reforma del año 2004, que distingue y agrava este tipo de situaciones a las que nosotros nos estamos refiriendo”. Se refería a las reformas Blumberg de abril y mayo de 2004, modificatorias que dejaron al Código Penal patas arriba. De ese modo, sin mencionar al falso inyenieri, la explicación de los operadores del sciolismo a diputados y senadores para aceitar el tratamiento parlamentario fue que se buscaba ajustar las legislaciones provinciales a las nacionales. El cuento del tío Scioli fue presentado a los diputados en septiembre pasado, días después de que dos adolescentes balearan a un jubilado para robarle el auto, en Lanús. Robos que el ex ministro de Seguridad de Scioli, Carlos Stornelli, había denunciado como fomentados por la propia Bonaerense como negocio de reclutamiento de jóvenes para obtener materia prima de desarmadero.

Tres meses antes de la presentación del proyecto, en julio, Facundo Goñi, limpiavidrios (uno de los bolsones sociales en riesgo por portación de cara y de actividad) y militante social por los chicos en la calle, en el Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), era detenido por los bonaerenses de la 1ª de La Plata, encargada de custodiar la Gobernación y la plaza San Martín, afeada por la olla popular en la que milita Goñi, obstinado en ganarse la vida como limpiavidrios. Goñi fue esposado pero, a instancias de una funcionaria municipal testigo de la detención, fue liberado y citado a la comisaría.

La resistencia de Goñi a la autoridad fue contada en el segundero del jefe de calle Gastón Lascano. Cuando el militante y limpiavidrios se presentó, lo palparon contra todo protocolo de seguridad policial: primero tantearon en sus bolsillos donde le colocaron una pequeña pistola, según demostró en el juicio Omar Osafrain, defensor general de La Plata y de Goñi. Ante los jueces del Tribunal Nº 1, el propio Lascano pasó un papelón lindante con el delito al quedar demostrado que el arma era tan pequeña que podía quedar oculta en su propia mano, contradiciendo su propia declaración.

El 22 de noviembre, el proyecto recibió media sanción por amplia mayoría. Pasó al Senado donde –después de que el CELS, la Comisión por la Memoria, el Cepoc y otros organismos y funcionarios judiciales intentaran sin éxito que se convocara a una audiencia pública– recibió dictamen. Ayer, finalmente el Senado aprobó sin complicaciones para el oficialismo la ley que según Scioli-Casal reducirá la inseguridad, poniendo en manos de la Bonaerense la decisión de cuándo y en qué consiste la resistencia a ella misma, y cuándo y en qué bolsillos encontrar armas de portación ilegal.

Cinco organismos de defensa de los DD.HH. (La Cantora, APP, el CELS, el Cepoc y la CPM), el juez Luis Arias, el defensor juvenil Julián Axat; y el defensor público de Santa Fe, Gabriel Ganón, firmaron un durísimo comunicado en el que “repudian el proyecto de ley aprobado”. Agregan que “nuevamente el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal”. Recuerda que “bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los resultados han sido un fracaso”. Y aclaraban que “es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales”. Resaltaron que, “en contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones”. Recuerdan que el propio Senado que aprobó la ley acusó a la Bonaerense en el Informe Candela, y la manifiesta inconstitucionalidad de la ley, ya que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables”.

Lo dicho. Es ley el cuento del tío.