En medio de la conmoción por el fallo que absolvió en Tucumán a los acusados del caso Marita Verón, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de aprobar las reformas a la ley de trata, que ya tienen media sanción del Senado. Las sesiones se extenderán entre el 18 y el 31 de diciembre y los bloques de la oposición dieron el visto bueno para que el próximo miércoles se trate la reforma en la Cámara de Diputados. El proyecto deja en claro que puede haber condena aunque las víctimas no se declaren como tales y plantea elevar las penas para que sean de cumplimiento efectivo. Además, refuerza la asistencia integral para las víctimas. Ayer, distintos organismos de derechos humanos se pronunciaron en contra de la sentencia. La onda expansiva de las críticas obligó a la renuncia del ministro de Seguridad tucumano, Mario López Herrera.

La ley 26.364, sancionada en 2008 por impulso del oficialismo, había impuesto mecanismos de protección para las víctimas de esclavitud sexual o laboral, como el derecho a recibir alojamiento, manutención y contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas. También estableció que su testimonio se tome “en condiciones especiales de protección y cuidado” y tipificó la trata como la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación, “cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad”.

Justamente, la norma fue una derivación del caso Marita Verón, desaparecida en el año 2002. En el juicio que acaba de terminar en las absoluciones no se aplicó porque se trataba de una ley sancionada después de los hechos que se juzgaban.

En el punto que más discusión provocó, la norma establece que una mujer adulta considerada víctima de trata puede alegar que en realidad había prestado su consentimiento para ejercer la prostitución en ese contexto. En el caso de menores de edad, esa posibilidad no existe.

A partir de esta ley, se creó una Oficina de Rescate para damnificados por la trata y se avanzó en el cambio de paradigma en los operadores judiciales, quienes descreían (y descreen aún) del relato de las víctimas, exponiéndolas peligrosamente en la instrucción y en los juicios orales. Pero esto no fue suficiente. “El consentimiento no impide condenar porque basta con que haya abuso de una situación de vulnerabilidad y se aplique esta ley y el protocolo de Palermo. Pero no todos lo jueces interpretan la norma de esta manera”, explicó Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata, distrito record, con siete sentencias condenatorias por trata.

Por este motivo, la modificación aprobada en el Senado el 31 de agosto de 2011 aclara: “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. Otro punto de la propuesta que será analizada el martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Minoridad y Familia y Presupuesto es la elevación de penas. Establece penas mínimas de cuatro años por proxenetismo y promoción de la prostitución, cuando la ley actual impone tres.

Este último punto hace que el castigo sea de cumplimiento efectivo. Además se instala una serie de agravantes en caso de que para someter a la víctima se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción o cuando el autor “fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima o funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad”. Si alguien es detenido en plena captación, traslado o acogimiento de la víctima, puede recibir penas de 4 a 8 años, si se demuestra que existió explotación, el castigo sería de 8 a 12 años.

En el caso de que la persona damnificada sea menor de edad, la propuesta penal oscila entre los 10 a 15 años. Además se permiten las denuncias anónimas y se preserva la identidad si la persona da su nombre “inclusive para fuerzas de seguridad que intervengan”. La reforma también plantea un “sistema sincronizado de denuncias” en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. “El decomiso de los bienes usados para esos delitos conformará un fondo especial de asistencia a las víctimas”, señaló la diputada oficialista Diana Conti.

Respecto de las víctimas, el proyecto obliga al Estado Nacional a otorgar capacitación laboral y ayudar en la búsqueda de empleo y crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, “con la función de diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas”. También se incluye la creación de un Comité Ejecutivo integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo para implementar un Programa Nacional para alcanzar los fines propuestos por el Consejo Federal.

“Hay un principio universal en los derechos humanos: nadie puede consentir su propia explotación. Cuando dejamos el consentimiento como un elemento para configurar el delito, se revictimiza porque la persona tiene que aportar elementos para probar que no dio consentimiento”, planteó la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba. Sobre la elevación de penas, ejemplificó con un caso de trata en Santa Fe, en 2006. “Eran dos chicas, Cristina Ojeda y Romina Gamarra, que escapan y hacen la denuncia pero como los delincuentes estaban libres, las amenazaron y ellas terminaron desdiciéndose”, recordó. Esas chicas no habían recibido protección alguna. El consentimiento fue fruto de un debate profundo cuando se sancionó la ley porque varios legisladores plantearon que podría afectar los derechos de las trabajadoras sexuales, señaló Córdoba. Para la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda, la reforma en este punto “no va a dañar a las cuentapropistas, como sí lo hacen medidas netamente prohibicionistas como la del gobernador (José) De la Sota en Córdoba, que sólo benefician a la policía”. La diputada adelantó que va a apoyar el proyecto en general y discutirá artículos en particular, como la elevación de penas. “Es bueno que se apruebe, ya lo pedimos en marzo”, agregó.

“El principal problema son los operadores judiciales y policiales. Y eso no se cambia con una nueva ley. Hace unos años estuve en un operativo en la Isla Maciel, en el que rescataron a tres menores paraguayas. Mientras les tomaban declaración, el agente preguntó si tenían celular y dijeron que sí. Entonces me miró y me dijo: ‘Esto no es trata’. Los celulares eran de Paraguay. Buscan cualquier cosas para decir que no es trata”, recordó Donda. Luego relató otro caso en que las jóvenes rescatadas negaron ser sometidas al ser indagadas frente a periodistas y al cura del pueblo. “El cura era cliente, me dijeron después”, aseguró.

Por su parte, el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que faltan discusiones internas, “pero seguramente apoyaremos la reforma en general y discutiremos algunos puntos en particular”. Entre otros temas, Gil Lavedra objetó las medidas de protección testimonial porque podrían vulnerar el derecho a la defensa. “Así como viene redactado pareciera que no puede ser interrogada”, afirmó. Gil Lavedra estimó que la trata con fines de prostitución “no es un delito tan complejo porque está a la vista de todos, el gran problema son los encubridores”.

Fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados señalaron a este diario que hay acuerdo entre todos los bloques para que la modificación a la ley de trata se vote el próximo miércoles. “Nosotros apuntamos a que se vote como llegó del Senado para no alargar los tiempos y no tenga que haber revisión en la Cámara alta”, planteó un allegado al jefe de bloque, Agustín Rossi. “La ley de trata fue el primer paso, sin perjuicio de esto, creo que se puede mejorar aunque las leyes por sí solas no alcanzan: hay que aplicarlas correctamente”, observó Gil Lavedra. El fiscal Adler coincidió: “No es solo la ley, también son las prácticas judiciales y policiales las que tienen que cambiar”.