El establecimiento de colonos en territorios palestinos ocupados constituye un crimen de guerra, según la definición utilizada por la Corte Penal Internacional. Así lo señaló ayer una comisión internacional auspiciada por Naciones Unidas. “Estos crímenes corresponden de lleno a las provisiones legales del artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el de crímenes de guerra”, explicó la jurista francesa Christiane Chanet, presidenta de la comisión que investiga el impacto de los asentamientos israelíes.

El grupo, que completan las juristas Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana), presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que ha conseguido documentar, durante seis meses de trabajo, a pesar de que el gobierno de Israel le negó cualquier cooperación y autorización para entrar en los territorios palestinos.

En sentido de derecho puro, el establecimiento de colonias israelíes en suelo palestino se considera un crimen de guerra, explicó Chanet, quien subrayó que esto no implica que la Corte Penal Internacional (CPI) vaya a decidir que tiene jurisdicción en este caso en vista de que Palestina no es un Estado reconocido.

“Transferir a su propia población a un territorio ocupado va contra el derecho a la libre determinación, y si estamos ante un mapa vemos cómo los asentamientos rompen la continuidad de la tierra palestina”, indicó Chanet en una rueda de prensa.

Unas 250 colonias judías fueron levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3 por ciento) que la población en Israel (1,8 por ciento).

El documento del organismo internacional consideró que desde aquel año los gobiernos israelíes “dirigieron abiertamente, participaron y tuvieron un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos” en Palestina, creados para el exclusivo beneficio de los israelíes judíos, y que su existencia reposa en un sistema de total segregación entre los colonos y la población palestina local.

Recordó además que esos asentamientos implican que los palestinos tienen restringida su libertad de movimiento, pierden el acceso a los recursos naturales, sufren la demolición de sus viviendas y la destrucción de árboles. Entre las especies que desa-parecen están los olivos, que por generaciones han constituido la principal fuente de ingresos para muchas familias palestinas. Todo ello ocurre con el total conocimiento y complacencia del gobierno, dijo la presidenta de la comisión.

“En cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, Israel debe poner fin a todas las actividades de asentamiento sin condiciones previas”, manifestó la francesa Christine Chanet.

Por su parte, Israel criticó las conclusiones de la comisión internacional auspiciada por la ONU. “El Consejo de Derechos Humanos se distinguió, tristemente, por su aproximación sistemáticamente sesgada y unilateral hacia Israel. Este último informe es otro desafortunado recordatorio de ello”, afirmó a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

El ministerio insistió en que la única forma de resolver todos los asuntos pendientes entre Israel y los palestinos, incluido el asunto de los asentamientos, es a través de negociaciones sin condiciones previas y aseguró que “medidas contraproducentes”, como este informe sólo sirven para poner trabas a los esfuerzos para encontrar una solución sostenible al conflicto israelí-palestino.