El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destacó ayer la política de titularizar tierras emprendida desde agosto de 2010. El gobierno ha otorgado dos millones de hectáreas a unos 57.450 campesinos, como parte de un plan de lucha contra la pobreza en las zonas rurales del país. Santos ha optado por asignar la propiedad de tierras de forma unilateral, en un momento en que no hay avances concretos en las negociaciones de paz con las FARC.

“Hoy hemos cumplido anticipadamente la meta de entregar dos millones de hectáreas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que tenían derecho desde hace mucho tiempo”, declaró el mandatario durante un acto público en el municipio de Pacho, al norte del país. “Esto tiene un gran significado, porque simboliza lo que hemos querido hacer con mi gobierno y seguiremos haciendo: hacer de Colombia un país más justo”, agregó. Mientras tanto, en la novena ronda de conversaciones, iniciada el miércoles, el representante del gobierno y la guerrilla intentarán cerrar el primero de los cinco puntos de la agenda, el tema agrario, antes de pasar al segundo sobre la participación política. Los otros temas en discusión son drogas ilícitas, abandono de las armas y la situación de las víctimas del conflicto.

En julio pasado, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, había celebrado que el Estado hubiera logrado titularizar un millón de hectáreas y puso como meta entregar anualmente las escrituras de hasta 800.000 hectáreas a los campesinos. De manera simultánea, el gobierno impulsa desde julio del 2011 una ley de restitución de tierras que busca devolver –antes del fin de su presidencia en 2014– unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991. La ley tiene como objetivo que las víctimas de violaciones a los derechos humanos sean reparadas e indemnizadas. Desde la promulgación de esta ley en 2011, 10 personas que reclamaban tierras han sido asesinadas. El más reciente asesinato ocurrió el pasado 5 de mayo en el departamento de Antioquia, al noroeste. Organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno una mayor protección para los campesinos y reclamantes de tierras ante los constantes asesinatos y amenazas que sufren por parte de grupos armados, como las guerrillas y las bandas criminales integradas por ex paramilitares.

En Colombia, 52 por ciento de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15 por ciento de la población, mientras que el resto tiene terrenos pequeños y medianos, según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El país registra más de 3,7 millones de personas desplazadas, una de las cifras más altas del mundo, a causa del conflicto armado que sufre desde hace medio siglo por las acciones de las guerrillas, los paramilitares, las bandas de narcotraficantes y fuerzas armadas estatales. El problema de la tierra es el primer punto de una agenda de cinco que negocian, desde noviembre de 2012 en Cuba, el gobierno de Santos con las FARC, la principal guerrilla del país y la más antigua de América latina, fundada en 1964 y que se atribuye unos 8000 combatientes en la actualidad.

Por su parte, las FARC evaluaron ayer que el diálogo con el gobierno en Colombia está en una situación complicada pero se manifestaron esperanzadas en que el presidente, que el viernes anunció su aspiración a la reelección, dé continuidad al proceso de paz en la próxima campaña electoral. “Estamos en una situación complicada, y construir un acuerdo no es sencillo”, definió el considerado canciller de la guerrilla, Rodrigo Granda. Las delegaciones de la guerrilla y del gobierno están estancadas en el primer punto de la agenda del diálogo, referido al tema agrario, tras seis meses de negociaciones. Al respecto, Granda, quien integra el equipo de negociadores de las FARC, indicó que la organización espera próximamente presentar un informe, que saldrá tan pronto las partes terminen de ponerse de acuerdo con el borrador. “La nación lo entiende y seguramente va a quedar muy complacida en el momento en que se salga con algo productivo”, agregó.

El líder guerrillero se refirió puntualmente al anuncio que hizo Santos de aspirar a la reelección, que formalizará seis meses antes de las elecciones, como establece la ley. “Sería una buena oportunidad para que en la campaña electoral que se inicia, y si es reelecto, se dé continuidad, independientemente de si sale triunfante o no, a que el proceso de paz continúe”, afirmó Granda, quien consideró que el mandatario está en su derecho de aspirar a presentarse a las elecciones presidenciales para el período 2014-2018. “Esperamos que, ahora sí, el gobierno en su conjunto, y el presidente especialmente, entienda que este proceso tan importante de La Habana hay que defenderlo entre todos”, añadió. Santos, cuyo gobierno inició el actual proceso de conversaciones con las FARC en noviembre pasado, se pronunció además porque las políticas promovidas durante su mandato continúen más allá del 7 de agosto del año 2014, en alusión a la fecha en la que será investido el próximo presidente de Colombia.