Desde Río de Janeiro

Tres manifestantes sostienen una bandera brasileña mientras un policía vacía una lata de gas en Niteroi, cerca de Río.

La noche de ayer terminó en duros conflictos lo que podría haber sido una festiva y pacífica manifestación que se arrastró por todo el país. Ha sido la mayor manifestación colectiva de los últimos 30 años en Brasil. Se calcula que alrededor de un millón de personas coparon las calles de las principales ciudades, especialmente en Río, donde se calcula que hubo 300 mil manifestantes. En San Pablo han sido más de 100 mil. Hubo otros 50 mil en Porto Alegre, 30 mil en Brasilia, 100 mil en Recife, 20 mil en Salvador. Por la noche, lo que había en Porto Alegre y Brasilia, Belém y Río de Janeiro eran escenas de batalla callejera. Hasta las nueve de la noche no había un cálculo preciso del número de heridos y detenidos.

Los violentos incidentes ocurrieron un día después de que los alcaldes de San Pablo y de Río anunciaran que daban marcha atrás en el aumento de los pasajes del transporte público. Ese aumento fue lo que originó, hace dos semanas, las primeras manifestaciones en San Pablo. Al principio fueron marchas limitadas, sin mayor consecuencia, realizadas por jóvenes. El jueves 13 la policía militar de San Pablo actuó con una truculencia que no se veía desde los tiempos de la dictadura. Ha sido el estopín para que la ola de protesta avanzara por todo el mapa brasileño.

La actuación salvaje de la policía militar carioca volvió a alcanzar su auge alrededor de las nueve de la noche de ayer, cuando una brigada de motociclistas de la policía militar disparó balas de goma contra manifestantes que estaban en la puerta del hospital Souza Aguiar buscando noticias sobre los más de veinte heridos que habían sido llevados de emergencia. Ya desde el lunes pasado la acción de la policía militar carioca era blanco de críticas durísimas. La foto de un soldado disparando un spray pimienta en el rostro de una manifestante recorrió las primeras páginas de diarios de todo el mundo.

Lo que se puede concluir de todo eso es la falta absoluta de control tanto de los que convocan las movilizaciones como principalmente de parte de las fuerzas de seguridad. Hubo una tensa repetición de acontecimientos: las marchas empiezan de manera pacífica y razonablemente organizada, hasta que los manifestantes se acercan a edificios públicos. Ha sido así en la asamblea legislativa estadual de Río el lunes, o del Palacio de Gobierno en San Pablo, o el Congreso nacional en Brasilia. Ayer todo eso se repitió, pero con una diferencia. En lugar de empezar a concentrarse en el horario previsto –cinco de la tarde– los manifestantes llegaron al menos media hora antes. El trayecto a ser recorrido fue previamente combinado con la policía. En San Pablo hubo algunos incidentes, cuando grupos que enarbolaban banderas del PT o de la CUT (Central Unica de Trabajadores) fueron expulsados de la protesta. Los que convocaron a la marcha habían advertido claramente que no serían admitidas banderas o camisetas partidarias o de organizaciones sindicales o estudiantiles. Fueron incidentes menores, sin consecuencia.

Hasta las siete de la noche sólo habían sido registrados enfrentamientos al principio de la tarde, cuando los manifestantes intentaron acercarse al estadio donde se disputan partidos de la Copa Confederaciones. Y entonces todo cambió. Frente a la alcaldía de Río hubo una refriega entre los propios manifestantes. Explotaron morteros, y la tropa de choque de la policía empezó a disparar bombas de gas lacrimógeno. En poco menos de media hora la situación escapó totalmente de control. En Brasilia ocurrió algo similar: manifestantes intentaron romper la barrera policial que impedía que entraran al Congreso, y empezaron los enfrentamientos. Alejados del Congreso, los manifestantes intentaron invadir el palacio del Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las más bellas obras de Oscar Niemeyer. Fueron rotos vidrios, encendieron hogueras... Escenas de vandalismo de un lado, la dura acción policial del otro.

En San Pablo, curiosamente, no hubo ningún brote de enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad hasta bien avanzada la noche. La ciudad que vio nacer las manifestaciones asistió a una tranquila conmemoración de poco más de cien mil personas.

Queda por ver cuáles serán los desdoblamientos de esas jornadas. La exigencia inicial fue alcanzada. Pero el rol de peticiones engordó mucho, a lo largo de esos días. Ahora se exige educación pública de calidad, una atención pública de salud que no sea tan ofensiva, transporte público a precios razonables, y mucho más.

Llama la atención la inercia de los partidos políticos. Es verdad que la presidenta Dilma Rousseff hizo un contundente pronunciamiento, advirtiendo de la necesidad de que los gobernantes oigan la voz de las calles. Pero ningún dirigente político, ningún parlamentario de relieve, nadie logró salir del estupor provocado por la velocidad con que esas manifestaciones se extendieron. Hasta el PT, partido nacido de manifestaciones populares no supo todavía qué hacer. Ayer, intentó sumarse a los manifestantes en San Pablo. Sus militantes fueron rechazados. Queda la pregunta: ¿es que los partidos ya no representan a nadie? Y otra: ¿hasta qué punto los políticos están desmoralizados junto a la opinión pública? Y otra más: ¿no hay cómo controlar la acción truculenta de la policía?

Es imposible prever cuáles serán los pasos siguientes. O prever hasta cuándo los políticos mantendrán su silencio. Pensándolo bien, ¿tendrán algo que decir?

Dilma Rousseff acompañó todos los incidentes desde el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, acompañada por asesores. La primera conclusión es que los alcaldes, y especialmente el de San Pablo, Fernando Haddad, se romaron demasiado tiempo hasta tomar una decisión política, es decir, cancelar el aumento del pasaje de bus. Prefirió una visión contable, tecnócrata, en una muestra evidente de insensibilidad e inhabilidad. Hay gran preocupación relacionada sobre los efectos que todo eso podrá tener sobre la imagen del gobierno y de la misma presidenta.

Las escenas de vandalismo fueron provocadas claramente por pequeños grupos. No se debe descartar la presencia de infiltrados, cuya misión es precisamente provocar la reacción descontrolada de una policía formada en tiempos de la “doctrina de seguridad nacional” de la dictadura militar. Es decir: cuando no hay control alguno tanto de quien organiza como de quien tiene la responsabilidad de asegurar el derecho constitucional de manifestar opinión, lo que se ve es lo que se vio ayer. Y que seguramente se verá en la próxima.

Mientras, la clase política permanece atónita. Es como si nadie supiese la extensión de la distancia que separa a los políticos profesionales de la realidad del país.