El Senado brasileño creó ayer una comisión para investigar las denuncias de espionaje de Estados Unidos a Brasil y pidió protección policial para el periodista que las divulgó. La primera medida aprobada por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada ayer y presidida por la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), fue pedir que Glenn Greenwald, el periodista del diario británico The Guardian, y que divulgó las denuncias, reciba protección policial, así como su pareja, David Miranda.

Greenwald, quien reside en Río de Janeiro con Miranda, es uno de los principales contactos del ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) Edward Snowden, quien le hizo llegar muchos de los documentos que han revelado las dimensiones de las redes de espionaje estadounidense en el mundo. “Ellos son fundamentales para la investigación y tenemos la clara impresión de que están en una situación de vulnerabilidad”, dijo Grazziotin. Greenwald reveló las denuncias de Snowden, asilado en Rusia y requerido por su país. Grazziotin recordó que, tras esas denunci as, el departamento de Greenwald fue robado y que su novio fue retenido durante ocho horas por las autoridades británicas en Londres, siendo requisados numerosos archivos y aparatos electrónicos.

Según algunos documentos ya publicados por Greenwald, Brasil fue uno de los países espiados por Estados Unidos, que hasta tuvo una base de inteligencia en Brasilia, que operó al menos hasta 2002. La última revelación sobre el espionaje en el país fue hecha el pasado domingo por el canal de televisión Globo, que presentó unos documentos entregados por Snowden a Greenwald según los cuales la NSA intervino los correos electrónicos y los teléfonos de la jefa de Estado, Dilma Rousseff.

Las denuncias de espionaje estadounidense cayeron como una bomba en Brasil, sobre todo después de que el domingo la TV Globo y Greenwald denunciaran que la operación habría alcanzado las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff y sus asesores cercanos. Tras las primeras denuncias, el gobierno brasileño calificó el hecho de “inaceptable”, protestando ante Estados Unidos y denunciando el caso en las Naciones Unidas junto con sus socios del Mercosur, entre éstos la Argentina, Uruguay y Venezuela. El lunes, después de que se conocieron las nuevas denuncias, Brasil convocó al embajador de Estados Unidos en el país, Thomas Shannon, y exigió explicaciones “rápidas y por escrito” al gobierno de Barack Obama, que hasta ahora no se pronunciado.

“Transmití la indignación del gobierno” y “manifesté que la violación de las comunicaciones de la presidenta es inadmisible, inaceptable, y constituye una violación de la soberanía brasileña”, dijo el canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, sobre su reunión con Shannon. Brasil no puede garantizar su independencia “si hasta la presidenta es escuchada por el camarada Barack Obama de Estados Unidos”, denunció el vicepresidente de la comisión, el laborista Pedro Taques.

La mandataria brasileña plantea incluir en la legislación brasileña la cancelación de operaciones de empresas que cooperen de alguna manera con el espionaje internacional, afirmó ayer el ministro de Comunicación, Paulo Bernardo. “Todas aquellas entidades que colaboren con ese tipo de servicios tendrán las licencias canceladas para operar en Brasil”, sentenció Bernardo. Agregó que podría tratarse de “un banco o una empresa telefónica”, según reportó la agencia noticiosa Europa Press.

Asimismo, Rousseff le encomendó fortalecer la red interna de comunicaciones del gobierno, pues todavía muchos de sus trabajadores utilizan servicios vulnerables o cómplices con el espionaje internacional. Estas medidas fueron debatidas a principios de semana por la mandataria brasileña y los ministros que de alguna manera se vieron afectados por las escuchas llevadas a cabo por el servicio de inteligencia de Estados Unidos.

Del mismo modo, Rousseff también le reiteró al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, la necesidad de revisar junto a su par de Comunicaciones las leyes relacionadas con la seguridad de datos personales e Internet e incluir modificaciones como este veto a las empresas susceptibles de colaborar con prácticas de vigilancia ilícitas. En el caso del correo electrónico, la idea es establecer protocolos más seguros pues, como afirmó Bernardo, muchos de los mensajes “tienen copia para Obama”.

Desde que salieran a la luz los casos de escuchas ilegales, Rousseff utiliza un sistema de correo criptografiado, un método que el gobierno quiere ofrecer a sus ciudadanos de manera gratuita para el año que viene.

Estas medidas fueron debatidas a principios de semana por la mandataria brasileña y los ministros que de alguna manera se vieron afectados por las escuchas llevadas a cabo por el servicio de inteligencia de Estados Unidos.