Desde Roma

Sin nombres. Todavía sin nombres, hoy, al cuarto día del incendio en un galpón de una pequeña fábrica textil de Prato, donde cosían día y noche, donde dormían y donde murieron siete obreros, todos chinos. Cuatro se salvaron, pero con quemaduras de distinta gravedad están todavía internados en terapia intensiva. En la China Town de Prato, que cuenta con 4800 empresas, más de 3000 de ellas dedicadas al textil, el silencio reina. Un poco por el miedo, ya que muchos son inmigrantes ilegales, aunque el martes lloraron a sus compañeros públicamente en una marcha nocturna. Otro poco por la complicidad, tanto de los chinos que “importan” estos trabajadores de 24 horas como de los italianos que de alguna manera les sacan provecho. Los italianos que alquilan los galpones, por ejemplo, sin tener autorización ni las comodidades para que se transformen en dormitorios, las empresas o comerciantes que compran estos productos o subproductos mucho más baratos que los hechos por trabajadores italianos. Y el Estado no interviene para evitar tales situaciones.

Prato, en el centro de Italia, a 18 kilómetros de Florencia, es la cuna de la industria textil desde el siglo XVIII y de la moda italiana actual. En Prato tuvieron o tienen su base productiva grandes firmas de la moda italiana. Prato vive, todavía hoy, de la pequeña y grande industria textil. Están los que hacen ojales y sólo eso, los que hacen botones, los que cortan y cosen confecciones baratas, los que cortan y cosen confecciones que luego tendrán una etiqueta famosa. Muchos de esos trabajadores son chinos. Trabajan 24 horas, siete días a la semana. Al mejor estilo esclavista de principios del capitalismo.

Y porque muchos son ilegales que entraron al país traídos por traficantes de seres humanos –se habla de 15.000 chinos ilegales sólo en Prato–, evitando los controles o corrompiendo algún guardia de fronteras. Porque no hablan ni una palabra de italiano ni de inglés ni de otra lengua, porque para ellos, hay que reconocerlo, es muy difícil aprender otro idioma cuyo abecedario, para empezar, no tiene nada que ver con el propio. Porque su cultura y sus leyes son muy diferentes de las europeas. Porque están acostumbrados a trabajar siempre, y lo hacen en su propia tierra y aquí están obligados, para pagar al traficante los 12.000 a 18.000 euros que les cobró para traerlos al país y recuperar así el propio pasaporte. Por todo esto son una suerte de fantasmas y no quieren o no pueden reconocer a sus explotadores ni a sus compañeros muertos.

La policía logró conseguir los datos de una de las víctimas, una mujer cuyo marido la reconoció por una cadenita que llevaba puesta. Ella era legal y no hacía mucho que había llegado a Italia. Tal vez uno más fue reconocido y era un inmigrante ilegal. Los demás siguen siendo fantasmas. Al parecer muchos de los obreros dormían en un entrepiso construido en el galpón y allí tenían una cocinita que con el frío que actualmente hace en Prato tal vez quedó encendida toda la noche. El incendio se desató el domingo por la mañana. No tenían ni siquiera un extinguidor de emergencia y muchas de las ventanas, por las que habrían podido escapar, estaban cerradas con rejas. No había ninguna puerta de emergencia ni protección antiincendio. Hay cuatro personas sospechosas e investigadas por la Justicia, todas chinas, una de ellas la titular de la fábrica, Teresa Moda, de la que se ha perdido el rastro.

Lo que llama la atención, porque en Italia todo el mundo sabe que existen estas fábricas textiles ilegales –la prensa habla de 1200 empresas cerradas en los últimos cuatro años después de los controles policiales, pero que reabrieron poco después bajo otros nombres– es que algunas autoridades parecen sorprendidas. Una tragedia como la de Prato “no puede y no debe repetirse en un país como el nuestro donde la tutela de los trabajadores y su integridad física y moral está escrita en la Constitución”, dijo el ministro del Trabajo Enrico Giovannini al informar ante la Cámara de Diputados sobre lo que había sucedido. “Aquí estamos hablando de explotación y de tráfico de seres humanos. Tenemos que dar a esas personas la posibilidad de denunciar su situación”, dijo por su parte la ministra de la Integración, Cecile Kyenge, ella misma inmigrante africana luego nacionalizada. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, escribió una carta a las autoridades de la región Toscana pidiendo un examen exhaustivo de la situación de las empresas de Prato a fin de que se respeten las leyes y se proteja a los trabajadores.

Por su parte, algunos residentes legales de la China Town de Prato se muestran indignados. “Muchos se han hecho ricos gracias a nosotros”, dijo Lin, que tiene un pequeño negocio donde vende de todo. “Hay que mirar lo que muchos de nosotros estamos obligados a pagar en negro a los italianos”, dijo otro. Matteo Ye –después de algunos años en el país prefieren usar nombres italianos–, en cambio, apuntó contra los periodistas: “Ahora nos buscan porque ocurrió esta desgracia. ¿Y otras veces que nosotros pedimos ayudan dónde estaban todos ustedes?”, dijo. Y tiene razón porque del sufrimiento de los inmigrantes se habla sólo cuando hay desgracias importantes. No del día a día, que no es menos sufrido ni menos riesgoso.