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El del aborto es un tema sometido, como pocos, a un mecanismo permanente y antiguo de despolitización e insignificancia, tanto en la agenda política como mediática. Despojado de su carácter de asunto de interés público, es menoscabado como una cuestión de quienes son las principales víctimas de semejante destrato: las mujeres, y en particular las mujeres pobres.

La reforma del Código Civil y Comercial votada en la Cámara de Senadores dejó afuera aspectos importantísimos de la vida concreta de las personas, entre ellos nada menos que aquellos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. La mayoría oficialista optó por una reforma que condena a la invisibilización las muertes evitables de mujeres por abortos inseguros, aquellos que el fiscal federal Federico Delgado, en un caso judicial, denominó “los abortos de la pobreza”. También les dio la espalda a los más de mil abortos diarios que se realizan en Argentina en una clandestinidad consentida y bochornosa, y a las cientos de mujeres denunciadas y encarceladas cuando concurren a hospitales luego de autopracticarse un aborto sin asistencia médica. Es provocativo que esta reforma de los códigos, lejos de avanzar en el reconocimiento de derechos, consagre el silencio sobre estas realidades ocultas a pocos días del Encuentro Nacional de San Juan, donde más de 20.000 mujeres expresamos en las calles nuestro reclamo por la sanción de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

El artículo 19 –donde se sostiene que la existencia de la persona humana comienza con la concepción– viola derechos humanos de las mujeres que fueron consagrados en varias leyes nacionales y tratados internacionales vigentes en nuestro país, exponiendo a la Argentina a un retroceso en materia de derechos humanos que seguramente traerá consecuencias y demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes apelan al Pacto de San José de Costa Rica para oponerse a la despenalización y legalización del aborto desconocen u ocultan que el Psjcr sostiene que el derecho a la vida es, “en general”, desde la concepción, dejando de ese modo la puerta abierta al derecho al aborto. Por eso Uruguay, uno de los países firmantes, pudo sancionar recientemente una ley que legaliza el aborto sin entrar en contradicción con el Pacto. La inclusión de esa cláusula en el nuevo Código Civil significa un retroceso lamentable también en materia de fertilización asistida.

Como lo ha expresado el mismo senador Pichetto, es imprescindible que en 2014 la Cámara de Diputados reabra el debate y modifique la matriz confesional del proyecto votado en el Senado. En esa cámara hay varias docenas de diputados y diputadas (de diferentes partidos, incluidos varios del FpV) que acompañaron con sus firmas el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. De ellos y ellas esperamos que estén dispuestos a hacer oír nuestras voces.

Sólo un estado efectivamente laico podrá garantizar políticas públicas respetuosas de los derechos humanos e independientes de las creencias religiosas de sus funcionarias y funcionarios. La despenalización y legalización del aborto es una deuda de la democracia y no habrá una real ampliación de derechos mientras ese derecho nos sea negado a quienes somos la mitad de la población.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.