El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó por improcedente la acción de amparo presentada por AMIA y DAIA para que se declare inconstitucional el memorándum que el gobierno argentino firmó con Irán en enero pasado. Tal como adelantó Página/12, el juez se basó en tres cuestiones. En primer lugar, que el Poder Ejecutivo está legitimado para firmar acuerdos de cooperación judicial con otro país porque es quien concreta las relaciones diplomáticas. De hecho, interviene en extradiciones, exhortos y otras gestiones que tienen que ver con lo judicial. En segundo lugar, que el memorándum no entró todavía en vigor, por cuanto no produjo hechos concretos hasta el momento: sólo es una negociación que está avanzando. El tercer punto es que por ahora no existe ninguna lesión a las partes, en tanto las capturas internacionales, con alertas rojos de Interpol, siguen vigentes, entre otras cosas por gestiones de la propia Cancillería. Canicoba Corral reiteró que es él mismo el único facultado para levantar las órdenes de captura. Con esta decisión, el canciller Héctor Timerman tiene la cancha despejada para ver si Irán acuerda con el cronograma que la Argentina presentó con el objeto de avanzar en lo establecido por el memorándum.

La AMIA y la DAIA van a apelar la decisión del magistrado, pero en el edificio de la calle Pasteur confesaban que la resolución de Canicoba Corral es correcta. Además, estaban conformes con que el juez reiterara que las órdenes de captura no se alteran. Por los términos del fallo, parece difícil que la Cámara Federal lo revierta, sobre todo por la forma de amparo –una especie de trámite urgente– que no da para debates de fondo.

En la resolución hay algo que resalta por su ausencia: no responde en ningún momento a los planteos que hizo el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman. De entrada nomás en el juzgado decían que la controversia era entre quienes pidieron el amparo –AMIA y DAIA– y el gobierno nacional, que lleva adelante el acuerdo con Irán. Desde esa óptica, Nisman no era parte, pese a lo cual presentó un extenso y llamativamente duro escrito –con calificativos poco habituales– contra el memorándum. Una parte de los familiares, Memoria Activa y 18-J, le respondieron con igual dureza, señalando que viaja mucho, su trabajo no produce resultados y –según señalaron– obstruye una iniciativa que ninguno de ellos considera perfecta, pero que se trata de un intento de avanzar hacia la indagatoria de los imputados iraníes.

El próximo paso ahora estará en el terreno diplomático. Los funcionarios de la Cancillería se reunieron con sus pares iraníes en Zurich a mediados de noviembre y les presentaron un cronograma a los representantes de Teherán para que el memorándum se concrete en 2014 y el juez, el fiscal y las partes viajen a la capital de Irán antes de fin de año. La delegación persa quedó en contestar a la brevedad.

En el fallo de ayer, Canicoba sostiene que declarar inconstitucional una ley –la que convalidó el memorándum– es un paso excepcional que requiere de una ilegalidad manifiesta. El magistrado afirma que no hay ilegalidad en el hecho de que el Poder Ejecutivo acuerde con otro Estado sobre una cuestión judicial.

El juez sostiene que hasta ahora no hubo ningún perjuicio para nadie, por lo que el planteo de AMIA-DAIA es una conjetura sobre eventuales males que podrían producirse. Y explica que ni siquiera hubo una comunicación formal de ambos países a Interpol y menos todavía un pedido de que cesen las órdenes de captura con alertas rojos. “La AMIA y DAIA afirmaron que uno de los fines no declarados del memorándum es bloquear las alertas rojos. Esto no se verifica.” En todo caso, dice Canicoba, el acuerdo producirá efectos cuando entre en vigor.

La realidad actual es que para las cancillerías de la Argentina e Irán el memorándum está vigente, pero ambos países están negociando cómo dar pasos concretos. Se supone que lo primero será la puesta en marcha de la llamada Comisión de la Verdad, para lo cual la Argentina tiene que proponer el nombre de dos juristas internacionales, Irán otros dos y uno deberá designarse por consenso. Ninguno de los cinco podrán ser argentinos o iraníes.

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