Jueves, 3 de abril de 2014
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EL MUNDO › UN JUEZ BLOQUEó LA INVESTIGACIóN PARLAMENTARIA POR CASOS DE CORRUPCIóN CONTRA EL EX PRESIDENTE PERUANO
Una cuestionada decisión judicial salvó, en el último momento, al ex mandatario peruano de una posible inhabilitación política en el Congreso, que lo habría dejado fuera de la carrera presidencial de 2016.
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Cuando el agua de las acusaciones de corrupción le llegaba al cuello, un juez le lanzó al ex presidente Alan García el salvavidas que pedía a gritos. Una cuestionada decisión judicial salvó, en el último momento, a García de una posible inhabilitación política en el Congreso, que lo habría dejado fuera de la carrera presidencial de 2016, y del levantamiento de la inmunidad que tiene como ex presidente, lo que permitiría que sea procesado por varios casos de corrupción. Cuando el informe de la comisión parlamentaria que durante más de dos años investigó la gestión presidencial de García entre 2006 y 2011 estaba listo y el pleno del Congreso se preparaba para debatir sus conclusiones que acusan al ex presidente, el juez Hugo Velásquez dictó una resolución declarando nula la investigación parlamentaria. Con este fallo, la acusación contra García quedó bloqueada, aunque el Congreso anunció que apelará la decisión judicial.
No es la primera vez que Alan García se salva de responder por cargos de corrupción. Luego de su primer gobierno, entre 1985 y 1990, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, pero García se refugió en París y Bogotá hasta que prescribieron los delitos por los que estaba acusado.
El fallo judicial que ha blindado al ex presidente produjo un escándalo político y abrió un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El presidente Ollanta Humala criticó la decisión judicial y le lanzó un mensaje a García: que no se escabulla de la investigación. El presidente del Congreso, Fredy Otárola, anunció que el Parlamento “va a defender sus fueros”. En las calles, grupos de jóvenes se movilizaron para protestar contra la decisión del juez Velásquez al grito de “no a la impunidad”.
La llamada Megacomisión del Congreso, que investigó varios escándalos de corrupción que marcaron el segundo gobierno de García, presidida por el oficialista Sergio Tejada, acusa al ex presidente por los llamados “narcoindultos” firmados por el propio García que favorecieron a más de tres mil traficantes de drogas, más de 450 de ellos sentenciados por narcotráfico agravado; por haber interferido en una investigación policial para ocultar grabaciones telefónicas que pondrían en evidencia negociados de altos funcionarios de su gobierno en la concesión de licitaciones; y por haber dictado decretos de urgencia para la remodelación de más de 200 colegios, con lo que se obviaron licitaciones y controles, lo que, precisa la comisión, favoreció la corrupción en estas obras. Seis ministros de García y varios funcionarios de su gobierno también están acusados.
El juez Velásquez retrasó la investigación parlamentaria de más de dos años alegando que se violaron los derechos a la defensa de García porque cuando fue citado por la comisión investigadora para ser interrogado se usó el término “vinculado” para llamarlo a declarar y no el de “investigado” o “testigo”. Sergio Tejada calificó el argumento del juez como “un exceso de formalismo” y “una leguleyada” para anular la investigación.
Desde que la investigación parlamentaria comenzó a tomar forma y los indicios acusatorios contra García se hacían cada vez más sólidos, el ex presidente y su partido, el Apra, lanzaron una feroz ofensiva contra el gobierno de Humala. Para eso contaron con el respaldo de importantes medios de comunicación. La estrategia del Apra ha sido arrinconar al gobierno con sus ataques y ajustar la presión contra Humala para buscar conseguir, a cambio de una tregua, que se desactive la investigación al ex presidente, impulsada por el oficialismo en el Congreso. Pero la investigación siguió avanzando y la presión de García y su partido al gobierno escaló hasta el límite de la desestabilización.
Hace unas semanas, el Apra y el fujimorismo, juntos, originaron una grave crisis de gobierno al bloquear en el Congreso, con el apoyo de otras bancadas menores, la ratificación del nuevo gabinete de Humala. Finalmente, el gobierno logró salvar la situación al convencer a algunas bancadas a cambiar su voto inicial y apoyar al nuevo equipo ministerial. Pero el régimen humalista quedó seriamente debilitado.
El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, acusó hace unos días a Alan García de promover un golpe contra Humala para frustrar las investigaciones por corrupción a su gobierno. “El hecho de ver amenazada su candidatura por la Megacomisión, por el asunto de los narcoindultos, ha desquiciado a Alan García”, disparó el escritor. Vargas Llosa denunció una “operación de demolición” contra el gobierno de Humala y señaló a García como “la figura maquiavélica” detrás de la misma.
Pero si García no pudo evitar la investigación por corrupción presionando y amenazando al gobierno, logró su objetivo moviendo sus fichas en un Poder Judicial en el que es conocida la importante influencia que tiene el Partido Aprista. “La democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables”, advirtió el congresista Tejada. Alan García parece ser, al menos por ahora, un intocable.
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