Desde Barcelona

Don Juan Carlos ya no es el rey de “todos los españoles”, como le gusta decir al presidente Mariano Rajoy. En la tarde de ayer, el monarca que durante 39 años desempeñó el cargo de jefe de Estado del país se despidió en un acto solemne celebrado en el Salón Columnas del Palacio Real ante 160 representantes de la nobleza y el gobierno. Al firmar la ley de abdicación, Juan Carlos cedió el trono a su hijo, el príncipe Felipe, quien, desde la cero hora es ya el nuevo rey, les guste o no “a todos los españoles”.

Durante el acto, corto y de protocolo sencillo, un representante de la Casa Real leyó la ley de abdicación que fue aprobada por el Congreso el pasado 11 de junio y por el Senado anteayer, gracias a las mayorías de los dos principales partidos, el Popular (PP) y el socialista (PSOE). La firma solemne del rey ratificó el cambio de mando para que todo siga igual. Juan Carlos, visiblemente emocionado, dejó su silla a Felipe a modo de anticipo simbólico de lo que a partir de la medianoche se convirtió en un hecho: la herencia de la corona en manos de su primogénito.

Al evento acudieron representantes de las instituciones del Estado y todos los miembros de la familia real, excepto la infanta Cristina, a quien la Zarzuela decidió apartar, tanto del acto de abdicación de su padre como del de coronación de su hermano, para que los escándalos de corrupción vinculados con ella y con su esposo, Iñaki Urdangarin, no empañaran la inmaculada ceremonia. Tampoco asistieron los presidentes autonómicos del País Vasco y de Cataluña, una ausencia significativa en el contexto de un país que cada vez presenta fisuras territoriales más severas.

En su último acto público, Juan Carlos prefirió no dar ningún discurso. Y, por supuesto, tampoco nadie dijo palabra sobre el aforamiento total y urgente del rey que a toda marcha pretende tramitar el gobierno para dejar desprotegido al monarca el menor tiempo posible. A partir del acto de ayer, Juan Carlos perdió su inviolabilidad, pero lo que todavía podría conservar es el fuero civil y penal que lo blinda para ser juzgado sólo por el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial español. Así parece indicarlo la intención de incluir el aforamiento del rey en una enmienda a una ley que se encuentra en estos momentos en trámite, plan que el Partido Popular piensa presentar mañana en el Congreso. Esta es la vía más rápida que el grupo de Rajoy encontró para garantizar la salida a la luz de una protección jurídica máxima y única en España ante cualquier denuncia, querella o demanda contra él cuando deje de ser jefe del Estado y pierda, por tanto, su inviolabilidad.

Mientras que Rajoy repite como un mantra ante los medios las palabras “solidez”, “estabilidad”, “normalidad” y “consenso” para referirse a las figuras reales, miles de personas llevan a cabo desde el anuncio de la abdicación de Juan Carlos diversas movilizaciones que reivindican un referéndum para decidir la forma de Estado de España. Bajo el lema “Ningún pacto, ningún rey. El pueblo catalán decide” está convocada una concentración el próximo domingo en la Plaza Universitat de Barcelona. Los principales partidos de izquierda, agrupaciones nacionalistas y sindicatos que adhieren a la iniciativa explicaron que el motivo es el “agotamiento del régimen del 78” y la denuncia de que “la monarquía española es una institución antidemocrática y caduca”. Los organizadores aseguran que la monarquía tiene como objetivo el “mantenimiento de la unidad de España” y la “garantía de los privilegios de las oligarquías dominantes en contra de los derechos sociales de la población”.

A nivel nacional, también se desplegaron campañas en contra de la sucesión hereditaria de la jefatura de Estado y a favor de que la ciudadanía pueda decidir qué modelo quiere mediante una consulta. A falta de unos comicios vinculantes convocados por las Cortes, desde varias agrupaciones y colectivos se puso en marcha la iniciativa #ReferéndumRealYa!, que promueve una votación online –y en más de 130 mesas con urnas por todo el país– con las siguientes cuestiones: ¿está usted de acuerdo con que la jefatura del Estado sea elegida por sufragio universal y con que se abra un proceso constituyente para que la ciudadanía decida sobre el modelo organizativo del Estado español?

Al día de hoy se estima que votaron unas 60.000 personas y pese a que –tal como explicó la portavoz de la iniciativa, Lorena Müller– lo más probable es que el gobierno no escuche estas voces, el proyecto lo que persigue es “dar visibilidad a esta demanda y decir a la gente que nuestro derecho a decidir no está siendo respetado”. Según la activista de Democracia Real Ya, plataforma que en 2011 impulsó la primera gran movilización de los indignados, “otra vez nos están imponiendo un rey de forma dictatorial. Fue Franco quien impuso al monarca y Felipe hereda de la misma manera, sin consulta. Tenemos que tener la capacidad de poder elegir a nuestro jefe de Estado democráticamente”.

Pero desde el gobierno esa posibilidad no tiene la menor cabida. Para la coronación del nuevo rey –que se llevará a cabo hoy– y su posterior recorrido por las calles centrales de Madrid, un informe de la Abogacía del Estado autorizó a la policía a impedir el acceso a la zona con banderas y símbolos republicanos. El propósito de esta medida es evitar altercados en la calle, dado que se congregarán miles de personas tanto favorables como contrarias a la monarquía. En teoría, se apela a la misma política aplicada durante los grandes partidos de fútbol –en los que por cuestión de seguridad se mantiene la separación entre aficiones rivales– pero, mientras que los republicanos hoy tendrán que esconder sus insignias violetas, amarillas y rojas, los partidarios de la casa real están siendo invitados desde hace días por la intendenta de Madrid a sacar a sus balcones las banderas españolas, en apoyo a la sucesión monárquica y la continuidad férrea del orden vigente.