“La Justicia de Estados Unidos cierra el camino a cualquier negociación y nos lleva directo a un paredón”, lamentaban anoche en el equipo económico. Para el Palacio de Hacienda, la posibilidad de abrir una instancia de diálogo formal, donde se discuta un mecanismo de pago alternativo de la sentencia del juez Thomas Griesa, que evite empujar al país a un default, quedó, por ahora, clausurada. Colaboradores del ministro Axel Kicillof afirmaron a Página/12 que la decisión de la Cámara de Apelaciones de levantar la suspensión del fallo de primera instancia en favor de los fondos buitre imposibilitará canalizar en tiempo y forma los próximos pagos de deuda externa, el 30 de junio. El paso legal implementado ayer por el panel de jueces se desprende automáticamente del rechazo de la Corte Suprema de ese país a revisar el caso. Pero, desde el Ministerio de Economía interpretan que la pasividad de Griesa, el autor de la sentencia original, para convalidar esa decisión, da por tierra con cualquier negociación voluntaria y fuerza una situación de cese de pagos. De todas formas, el Gobierno reiteró su vocación de pagar.

El Gobierno no descarta solicitar la reunión con el magistrado que había indicado Kicillof el martes, para que explique cómo implementar su sentencia y prevenir un escenario de crisis financiera. Desde el equipo económico señalaron que el encuentro que mantuvieron ayer los abogados de ambas partes fue solicitado por los buitres. Pretendían que el juez restrinja cualquier intento de modificar hacia Buenos Aires el lugar de pago de la deuda con los acreedores que participaron del canje, como ofreció Argentina.

La sentencia del juez norteamericano prohíbe a los intermediarios financieros de Argentina en Nueva York que cursen los pagos de la deuda si el país no abona en efectivo la totalidad del reclamo buitre. El Gobierno sostiene que, aunque posee voluntad y capacidad de pago, el fallo de Griesa empuja a un default. Cumplir la decisión judicial y desembolsar los 1330 millones a los buitres habilitará que sus pares carroñeros con deuda no ingresada al canje (cerca del 7 por ciento del total) reclamen un tratamiento similar. Los pagos potenciales a inversores especulativos ascenderían a 15.000 millones de dólares. Pero, en ese escenario, quienes aceptaron las quitas, extensión de plazos y reducción de intereses también buscarían acceder a esas condiciones privilegiadas y dispararían reclamos por más de 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, si el país no les paga a los buitre, pero intenta cancelar los vencimientos con los bonistas en Nueva York, los fondos serían embargados, con lo cual también se entraría en default.

El ministro Kicillof esbozó el martes los primeros pasos de la estrategia oficial para enfrentar el fallo adverso en la Justicia de Estados Unidos. Además de anunciar que el 92,4 por ciento de los acreedores tendría la posibilidad de modificar el lugar donde cobran los vencimientos de capital e intereses de sus títulos públicos, el funcionario anticipó que los abogados que representan al país solicitarán un encuentro con Griesa. En el último encuentro previo a la decisión de la Corte Suprema, el magistrado expresó que bajo ningún concepto pretendía empujar al país a un default. Por eso, el titular del Palacio de Hacienda instruyó a los abogados del país que expongan ante el juez las razones por las cuales el Gobierno entiende que su fallo conduce a un cese de pagos y escuchar los argumentos en contrario.

Por ahora, desde el Ministerio de Economía confirmaron a Página/12 que el pedido de visita al juzgado no fue cursado. Los buitres se anticiparon. Alarmados por el cambio de jurisdicción que comenzó a preparar el Gobierno, solicitaron un encuentro en el tribunal. Esa reunión se extendió durante una hora y Griesa reiteró su conocido rechazo a los argumentos del Gobierno –como el mensaje de la presidenta Cristina Fernández del lunes pasado– y dejó en claro su malestar con la alternativa de pago en Buenos Aires anticipada por el país. “El discurso de la Presidenta es un problema. No me da confianza de que exista un compromiso de buena voluntad para cumplir con sus obligaciones”, habría dicho Griesa ayer.

El equipo económico no descarta solicitar la reunión. De hecho, a la salida del encuentro de ayer, el abogado del país, Carmine Boccuzzi, dijo que ésa es la intención oficial, pero los funcionarios entienden que la posición de Griesa y la decisión de la Cámara de Apelaciones cerraron cualquier posibilidad de negociación de términos de pago alternativos. Desde su visión, “el levantamiento de la medida cautelar que convalidó el juez de primera instancia no sólo imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada, sino que muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas de las obtenidas en la sentencia”.