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El juez Thomas Griesa expresó su molestia porque la presidenta argentina calificó de “extorsión” la posición de la Justicia estadounidense a favor de los fondos buitre, durante el encuentro que mantuvo ayer en Nueva York de representantes argentinos y de los fondos litigantes. El magistrado habría señalado que lo manifestado por Cristina Fernández “no da confianza” en que el país vaya a asumir un compromiso de pago y luego cumplirlo. La desagradable circunstancia de quedar expuesto a la opinión descalificadora y a las decisiones de un magistrado funcional a los intereses especulativos más mezquinos del sistema financiero mundial, sólo es posible por la renuncia previa de Argentina a la soberanía legislativa y jurisdiccional sobre los bonos de deuda emitidos por el Estado nacional.

Esta renuncia tiene origen en la llamada “cláusula Martínez de Hoz”, por el nombre del ministro de Economía de la dictadura que, mediante la modificación del Código de Procedimientos Civil y Comercial, posibilitó que todos los contratos de la deuda externa argentina fueran sometidos a la ley y jurisdicción del estado de Nueva York. Esta norma sigue vigente desde entonces, y rige sobre todos los títulos defolteados en 2001. Si no existiera esa cláusula, el interés de los fondos buitre por comprarlos a precio basura se habría reducido al mínimo, quizás a cero.

“Hoy aparece ante nosotros una herencia del neoliberalismo”, había dicho Axel Kicillof el martes al referirse al fallo de la Corte a favor de los fondos buitre. Y, por cierto, la cesión de jurisdicción en favor de los tribunales estadounidenses es no sólo un valioso mal hereditario, sino que constituyó, y constituye, uno de los pilares del modelo neoliberal: es la herramienta para el sometimiento de un país a través de su deuda externa y de las sucesivas renegociaciones de vencimientos, que van moldeando su política económica, atando de pies y manos a sus ejecutores (presidente, ministros y responsables de organismos monetarios y financieros).

El fallo del juez Griesa favoreciendo el reclamo de los fondos buitre fue convalidado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, primero, y la Corte Suprema de Estados Unidos, después. Pasada la perplejidad inicial por tamaña muestra de injusticia y aparente sinsentido, vale la pena repasar la lógica del modelo imperante (neoliberal, con predominio del capital financiero) para tratar de entenderlo. Antes que a una reestructuración de deuda exitosa, a lo que esta decisión judicial le apunta es a castigar al pecado original: el default de 2001. Y si éste es seguido de una reestructuración exitosa, peor, mayor razón para condenar al país que haya logrado superar ambas experiencias.

Argentina defendió, con buen criterio, el argumento de que un fallo en su contra perjudicaría al sistema financiero en su conjunto, porque anularía toda posibilidad de reestructuración de deuda futura de un país que cayera en cesación de pagos. Pero la lógica que sigue el fallo de la Justicia norteamericana es muy diferente: lo que se pretende anular es el paso previo, la alternativa del default, la cesación de pagos. El “castigo ejemplar” a Argentina busca demostrar que el camino de defoltear y reestructurar deuda es inútil, intransitable. Un sendero al fracaso.

El mensaje a países como Grecia, Portugal y otros deudores soberanos comprometidos es que el default es el camino al infierno, que el único camino de salida posible, el que se les permitirá, es seguir aplicando las políticas de ajuste impuestas por sus acreedores y los organismos financieros, para obtener las refinanciaciones que les permitirán seguir viviendo, aunque menos dignamente.

Los grupos financieros pretenden preservar la deuda externa de los países como herramienta de control. La Cámara de Apelaciones neoyorquina, al levantar la suspensión sobre la orden de embargos, volvió a cargar el arma con la que le apunta a Argentina, el país que intentó quebrar un pilar fundamental del modelo dominante.