El Ministerio de Economía emitió anoche un comunicado de prensa en el que advirtió que la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York de levantar la medida de no innovar (stay), que frenaba el embargo de bienes argentinos, imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda reestructurada en esa ciudad. Se refiere al compromiso de 228 millones de dólares en títulos públicos bajo legislación neoyorquina que vence el 30 de junio y que ahora son plausibles de ser embargados. La definición del equipo económico se conoció el mismo día en que se llevó a cabo una reunión en el despacho del juez Thomas Griesa para comunicar el levantamiento del stay (ver aparte). El comunicado de Economía sostuvo que no existe intención de negociar una postura intermedia por parte de los tribunales de primera y segunda instancia, que obligan al país a pagarles a los fondos buitre 1330 millones de dólares en efectivo por sus bonos defolteados. El Gobierno ratificó “la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. La posibilidad de un acuerdo extrajudicial entre las partes (settlement) requeriría del paraguas de Griesa para que pueda extenderse la protección contra embargos de los pagos de deuda.

La cautelar (stay) se encontraba vigente hasta tanto la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera si tomaba el caso sobre un supuesto trato discriminatorio del Estado argentino entre los bonistas que ingresaron al canje y los que eligieron la vía del litigio. La negativa a tratar el tema por parte del máximo tribunal se conoció este lunes y en 48 horas la cámara decidió levantar la cautelar. Luego de que se denegara la petición de una nueva audiencia en banc (del pleno de jueces) y de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de apelación argentina, se ordenó el levantamiento del stay, señala el comunicado que lleva la firma de la secretaria de la Cámara, Catherine O’Hagan Wolfe. “La República Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la cámara, que deja sin efecto la suspensión (stay) de las medidas cautelares pari passu dictadas por el juez Griesa”, sostiene el comunicado enviado a última hora de ayer por Economía.

“Las órdenes del pari passu –tratamiento igualitario entre acreedores– le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitre, que podría ascender a 15 mil millones de dólares”, detalla el ministerio. Si bien el reclamo de los buitres en esta causa asciende a 1330 millones de dólares, se prevé que ingresarían demandas bajo este precedente de la totalidad de los holdouts, 7 por ciento del universo de tenedores de bonos que no participó en ninguna de las dos reestructuraciones. “El levantamiento del stay por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa”, agrega Economía, tras lo cual reitera “la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley de la Argentina”.

El levantamiento de la cautelar permite la ejecución de estos fallos de primera y segunda instancia que ordenan al país pagar en efectivo el ciento por ciento de los demandado. La sentencia de Griesa, convalidada por la cámara y ahora también por la Corte Suprema estadounidense, determina que el dictamen debe cumplirse junto con el pago del próximo compromiso de deuda argentino o, en caso contrario, se embargarán los fondos destinados a ese fin, situación que llevaría al país a una situación de default técnico. Mientras se mantuviese el stay era Griesa quien resolvería si ejecutaba la sentencia o habilitaba una instancia de negociación entre las partes para efectivizar los pagos y evitar el default argentino. Desde Economía apuntan que la decisión de la cámara pondrá al país contra las cuerdas e invalida el diálogo.

La estrategia de los abogados que representan al Estado argentino fue la de llegar a enero de 2015, cuando vence la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), la cual garantiza a quienes ingresaron en el canje de deuda recibir cualquier mejora que obtengan los holdouts. Esto daba aire al Gobierno para negociar con los buitres un acuerdo mejor a la quita de 2005 y 2010, sin que haya una ola de juicios contra el país que elevaría la deuda en más de 120 mil millones de dólares, según había estimado el ministro de Economía, Axel Kicillof. La cláusula RUFO se activa si “voluntariamente” la Argentina hace una mejor oferta a los acreedores que se quedaron afuera antes del 31 de diciembre de 2014. Previo a la negativa de la Corte Suprema estadounidense, voceros de algunos de los fondos buitre habían adelantado su intención de encontrar una salida consensuada al conflicto. No obstante, esta premura de la cámara limita la negociación.