Al menos 55 cadáveres fueron hallados ayer en fosas clandestinas descubiertas en el estado Guerrero, en el sur de México, informó la prensa local. Los cuerpos fueron encontrados por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), durante una búsqueda ciudadana. Brigadas de voluntarios y elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron hasta ahora más de 50 fosas clandestinas y exhumaron 17 cuerpos sólo en la última semana. Aunque se duda de que los restos correspondan a los 43 estudiantes desaparecidos, las familias de 375 personas de Iguala y sus alrededores, de las que no se tienen rastros, acudieron ante las autoridades para aportar muestras genéticas para ser contrastadas con los restos encontrados. Los más recientes hallazgos se realizaron en los lugares que la Upoeg dejó marcados durante una búsqueda ciudadana.

La PGR acusó a esa organización de mentir sobre sus hallazgos, pero ayer acudieron a lugares señalados por la entidad y peritos constataron los descubrimientos. En Lomas de Zapatero, donde la PGR ya había exhumado cadáveres en octubre, fueron encontrados los restos de diez personas y en La Laguna, una zona pantanosa, se hallaron otros seis, así como una mujer en un campo de cultivo de maíz. En tanto, las bancadas parlamentarias del gobernante y centrista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el derechista Partido de Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Diputados retomaron un dictamen de reforma de la Constitución para definir el derecho ciudadano a la movilidad, pero que en realidad autoriza al Estado a buscar mecanismos alternativos para regular el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación.

El 23 abril la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con el objetivo de incluir el derecho a la movilidad, y el documento fue cajoneado en la mesa directiva. Anteayer, en el contexto de las movilizaciones en todo el país para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, esos partidos incluyeron el tema en el orden del día. Amalia García Medina, diputada del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la comisión que avaló el dictamen en abril junto con sus compañeros Julio César Moreno, José Angel Avila y Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que entonces México era otro. Asimismo, la legisladora resaltó que regular la libertad de expresión, de asociación, de petición, de reunirse en asamblea, entre otras, violaría los artículos 8, 9 y 35 de la Carta Magna.