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El Ministerio Público de Venezuela imputó ayer a la ex diputada opositora María Corina Machado (foto) por el delito de “conspiración”, por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro, por lo que podría recibir una pena de ocho a 16 años de cárcel. En un comunicado, dicho ministerio explicó que Machado formaba parte de un plan “que tenía como propósito perturbar la paz del país”.

La fiscal Katherine Harington le imputó a la dirigente antichavista un delito incluido en el artículo 132 del Código Penal, que dispone que “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a 16 años”. El mismo artículo explica que “en la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho”.

El anuncio llegó un rato después de que la ex legisladora se presentara a declarar ante la fiscalía, adonde llegó escoltada por decenas de seguidores. “Yo vengo a defender la verdad, a reafirmar mi condición de ciudadana que tiene derechos y creo en mi derecho, en que la verdad de los venezolanos se escuche y es la que vengo a exponer hoy. Pase lo que pase, la lucha debe continuar”, dijo Machado a su arribo, y calificó de “infamia” las acusaciones en su contra lanzadas en mayo a partir de una denuncia del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Al retirarse del lugar, Machado sostuvo que “el Ministerio Público se ha convertido en el verdugo de los ciudadanos que luchan por la verdad y por la justicia”. “Se equivocan si creen que con esta brutal represión pueden retrasar la transición a la democracia en paz; al contrario, la persecución desatada contra todos, la acelera”, aseguró.

En supuestos correos electrónicos suyos, Machado proponía a otros dirigentes de la oposición lograr “financiamiento para aniquilar” al presidente Maduro, algo que ella rechazó de plano. “Si creen que con amenazas, con chantajes, con presiones nos van a acallar, se equivocan; no tengo miedo, no podemos tener miedo. Somos una enorme mayoría que quiere un cambio profundo”, aseveró.

Negó que pretenda un magnicidio, pero consideró que “la contribución que Maduro puede hacer por Venezuela, por la paz, es renunciar, para que Venezuela pueda avanzar por una ruta de transición a la democracia en paz”. Machado fue destituida de su banca de diputada en marzo, en una decisión que adoptó la Asamblea Nacional –de mayoría chavista– porque la entonces legisladora aceptó hablar ante la OEA en representación de Panamá. Con la imputación, Machado adquiere los derechos contemplados en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado, de acuerdo con un comunicado divulgado por el mismo Ministerio Público. La ex diputada quedó en libertad pero aún se desconoce cuándo volverá a ser citada a indagatoria.