En Estados Unidos los drones piden pista. La tendrán en 2016 gracias a un contrato por 33 millones de dólares. El ejército pagará esa suma para que la multinacional SGS construya un aeropuerto exclusivo para ellos en terrenos del Fuerte Bliss, en El Paso, Texas. No en vano se eligió esa zona fronteriza con México. Una de las funciones que cumplirán esas naves no tripuladas será continuar vigilando a los inmigrantes que cruzan el río Grande hacia el norte. La decisión se difundió en el portal Defense Systems este mes y se da en el marco de una campaña de activistas que se oponen a este tipo de tecnología aeroespacial con fines bélicos.

El acuerdo entre el Cuerpo de Ingenieros de Forth Worth y el emporio empresario que tiene 80 mil empleados y 1650 oficinas en el mundo, permitirá que desde el aeródromo militar maniobren dos tipos de drones: el Grey Eagle y el modelo Shadow. El primero es el más utilizado por las fuerzas armadas de EE.UU. Tiene 8,8 metros de largo y una autonomía de vuelo de 30 horas. También es el de mayor tamaño entre estos aviones robotizados. El Shadow se lanza con una catapulta, su longitud es de 3,3 metros y puede volar hasta 6 horas. El Grey Eagle ha servido como arma de ataque en Irak y Afganistán; el segundo para hacer inteligencia y vigilancia.

El aeropuerto, uno de los pocos que hay en su tipo, contará con casi dos kilómetros de pistas, plataformas y un hangar de mantenimiento. “Tomará un año aproximadamente terminar las obras. Tenemos planeada la ceremonia de la primera piedra para el 2015 y esperemos que esté terminado en 2016”, declaró el teniente Lee Peters, vocero del Fuerte Bliss. La base también será un centro de entrenamiento en el manejo de esta tecnología. La Asociación Americana de Fabricantes de Drones (Auvsi) está de parabienes. Prevé la creación de 100 mil puestos de trabajo en esta actividad tecnológica y 82 mil millones de dólares en ingresos durante diez años.

Los que no la pasan bien en Estados Unidos son los detractores de la industria. Fronteras adentro, militantes que denunciaron el uso de esta tecnología para cometer asesinatos selectivos, han ido a parar a la cárcel.

El caso más emblemático es el de Mary Anne Grady Flores. Esta abuela de 58 años y que tiene tres nietos vive en Ithaca, Nueva York. Activista de la organización Upstate Drone Action fundada en 2010, se sumó a las protestas ante la base aérea de Hancock Field, vecina a Siracusa, desde donde se manejan a control remoto los aparatos no tripulados que sobrevuelan Afganistán. El juez David Gideon la condenó en julio pasado a un año de prisión y al pago de una multa de mil dólares. Es el mismo que le concedió una orden de restricción al coronel de la base, Earl Evans, quien argumentó en los tribunales que los manifestantes de Upstate eran un riesgo para su seguridad personal.

Ni siquiera una recomendación a su señoría del Departamento de Libertad Condicional, ni que el delito que se le imputaba a Grady Flores no merecía prisión, ni que tiene a su cargo el cuidado de su madre, torcieron la decisión de Gideon de enviarla a la cárcel de Jamesville, en Nueva York. La mujer le dijo al juez antes de que dictara sentencia: “La última perversión es la reversión de la verdadera víctima en este caso: ¿el coronel de una base militar cuyos drones asesinan a personas inocentes al otro lado del mundo o las personas inocentes que son las que realmente necesitan protección del terror de ataques de drones estadounidenses?”.

Más de un centenar de militantes fueron arrestados en los últimos cinco años durante la campaña contra la violencia teledirigida de estos aviones no tripulados. Marcos Colville es uno más. Lo detuvieron el 9 de diciembre de 2013. Acaban de dictarle un fallo adverso, pero no irá a la cárcel: un año de prisión condicional. Aunque nada es comparable a las víctimas fatales de los drones en Medio Oriente. En las guerras que ha llevado el imperio con sus socios europeos a esa región del planeta, se estima que “el daño colateral” entre civiles asciende al 32 por ciento. Un estudio de la New American Foundation de febrero de 2010 lo ubicaba en aquel porcentaje.

El contrato de SGS para el aeropuerto de drones es demasiado oneroso si se lo compara con los costos que podría demandar el uso de helicópteros. La razón, según especialistas, es que los aviones sin piloto requieren una tripulación en tierra de entre cinco y ocho personas para guiarlos. El uso civil que se les da a estos aparatos en Estados Unidos está propiciando un caos en el espacio aéreo. Pilotos y controladores de vuelos denunciaron desde el último 1º de junio unos 25 incidentes en los que se vieron involucradas estas naves no tripuladas.

Según la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA), los nuevos datos revelan que los drones, sobre todo en despegues y aterrizajes en varios aeropuertos muy transitados, están amenazando la seguridad aérea. En el de La Guardia, en Nueva York, se comprobó que el pasado 30 de septiembre el vuelo 6230 de Republic Airlines fue “casi alcanzado” por un pequeño aparato que volaba a 1200 metros.

Con las naves no tripuladas de Fuerte Bliss se supone que no debería ocurrir lo mismo. “El aeropuerto será cercado y asegurado y todas las operaciones se efectuarán en un espacio aéreo restringido”, explicaba el artículo de Defense Systems. A esta política reservada del gobierno de Barack Obama, que intenta modificar en el final de su mandato la imagen belicista que cosechó, algunos teóricos la denominan light footprint o huella ligera en español. ¿Por qué? La nueva estrategia militar de EE.UU. consiste en emplear de manera masiva el uso de drones, fuerzas especiales y elementos de una ciberguerra. O sea, un modo de intervención más invisible, acaso más sutil desde el empleo de la tecnología. Como si el presidente de Estados Unidos no hubiera comprendido que ocultar las torturas y las cárceles clandestinas a la mirada de la sociedad norteamericana y del mundo ya no es posible. Podría decirse, incluso, que hasta inútil.

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