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Por Francesc Relea *
Desde Brasilia

La localidad brasileña de Guaribas, en el estado de Piaiauí, era un reducto de pobreza y atraso, con la renta per cápita más baja del país (90 reales o 29 dólares). Apenas el 1 por ciento de la población tenía agua potable, mientras que el 75 por ciento era analfabeta. La mortalidad infantil hacía estragos y no había un solo ambulatorio. El presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva escogió Guaribas como punto de referencia del programa Hambre Cero, lanzado en enero pasado como uno de los ejes de la política social del nuevo gobierno. Las cosas han cambiado en aquel municipio del nordeste brasileño: en cuestión de días, unas mil casas tendrán agua canalizada, el dinero ha empezado a circular, se han abierto frentes de trabajo y desde abril no ha fallecido ningún niño.
Guaribas ha recuperado la dignidad, dicen las autoridades, que presentan lo acontecido en aquel municipio como ejemplo de que es viable una política social sin caer en el asistencialismo. Es una victoria simbólica que ensalza el mejor sello de la actuación del gobierno de Lula da Silva: el programa Hambre Cero. Dos palabras que han traspasado las fronteras de Brasil y que pudieron escucharse en la 58ª Asamblea General de Naciones Unidas, cuando el presidente brasileño se refirió en el discurso inaugural al desafío de erradicar la pobreza. La marca Hambre Cero y el logotipo -un plato con un cuchillo y un tenedor encima de la bandera nacional– han calado hondo en Brasil. No hay otro proyecto gubernamental más conocido. Empresas, entidades, instituciones o simples ciudadanos han aportado su grano de arena. Lula ha conseguido poner de moda la lucha contra el hambre. Un desfile de ropa, un torneo de golf, un concierto de rock o una fiesta universitaria son hoy un buen motivo para recaudar fondos para la campaña. El gobierno incentiva a las empresas a presentar proyectos que estimulen la inclusión social. A finales de agosto, 73 empresas y entidades tienen acuerdos de colaboración con el programa Hambre Cero. La última que recibió el certificado correspondiente fue la petrolera Petrobras, que invertirá 303 millones de reales (104 millones de dólares).
Pese a la buena acogida de la campaña para erradicar el hambre, la actuación del gobierno en el área social tropieza con dificultades. Dispersión de energías, superposición de funciones, exceso de burocracia, son algunas de las críticas que han proliferado en los últimos tiempos. El futuro del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, que encabeza José Graciano, y del Ministerio de Asistencia y Promoción Social, a cuyo frente trabaja Benedita da Silva, están en duda. Según fuentes cercanas a Lula, el presidente contempla una profunda remodelación en el área social en un futuro no lejano. “Habrá una mejora en los programas sociales”, vaticina Marco Aurelio García, asesor especial del presidente.
Una primera señal de los tiempos que se avecinan es el reciente nombramiento de Ana Fonseca como secretaria ejecutiva de los programas sociales, que dependerá directamente del presidente de la República. Historiadora y socióloga de formación, y especializada en políticas públicas, Fonseca estuvo al frente de varios programas sociales en San Pablo, que cosecharon buenos resultados a pesar de la limitación de los recursos. “Su nombramiento es clave”, asegura Marco Aurelio García. Fonseca y el economista Ricardo Henriques dirigirán la secretaría que unificará los diversos programas sociales en un proyecto integral denominado Bolsa-Familia, que pretende ganar eficacia, con un presupuesto para el año próximo de 5300 millones de reales (unos 1820 millones de dólares). A partir de este mes, los 50 reales mensuales (17 dólares) que reciben las familias en situación más desesperada podrán aumentar en algunos casos hasta 95 reales (33 dólares). De entrada, 1,2 millón de familias beneficiadas comenzarán a recibir la bolsa de ayuda, y al concluir el año la cifra llegará a 3,6 millones de familias, según loscálculos del gobierno. La meta hasta el 2006, cuando termine el mandato del presidente Lula da Silva, es que se beneficien 11,4 millones de familias.
La respuesta de los estados al nuevo programa social no ha sido muy entusiasta. Sólo cinco estados –Amazonas, Acre, Amapá, Goiás y Mato Grosso do Sul– han llegado a un acuerdo para unificar sus iniciativas en el área social bajo el paraguas del programa Bolsa-Familia. Los estados de Roraima, Tocantins, Paraíba y Rio Grande do Sul, así como el Distrito Federal, estudian la posibilidad de participar en el programa Bolsa-Familia. De momento, los estados de más recursos –San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía– no se han pronunciado.
Varios estados tienen sus propios programas de ayuda social, con montos que no coinciden con los que distribuye el gobierno federal. Por ejemplo, el estado de Goiás aplica un programa que entrega hasta 120 reales mensuales (41 dólares) por familia, lo que dificulta la unificación. Para evitar la duplicación de la ayuda, las autoridades federales y de los estados cruzarán los catastros. El gobierno federal realizará en los próximos seis meses una especie de “censo de pobreza”.
El presidente Lula da Silva ha pedido a sus ministros que se pongan las pilas y rindan cuentas ante la sociedad sobre lo actuado en el programa Hambre Cero. “No es un programa asistencialista y esto el gobierno no lo ha explicado con suficiente claridad”, dice Marco Aurelio García.
La ofensiva mediática comenzó el jueves con una larga entrevista colectiva que Lula concedió a las principales emisoras de radio. Entre el 9 y el 19 de octubre, el gobierno promoverá diversos actos para potenciar la lucha contra el hambre. Habrá conciertos, partidos de fútbol, carreras de motos y una exposición fotográfica en la Cámara de Diputados, en Brasilia.
La acción social, con programas como Hambre Cero, no cambiará Brasil, pero cuando llegue a las grandes ciudades dejará sentir sus efectos, porque la mayor pobreza no está en el campo sino en las aglomeraciones urbanas y sus cinturones de miseria. Marco Aurelio García subraya que una transformación profunda en un país tan inmenso y complejo como Brasil demanda mucho más que una política social. “Hay que pensar y planificar grandes políticas de infraestructuras, que permitan crear un gran mercado de masas”, dice. Y ello requiere tiempo. Mucho más que los cuatro años que durará el mandato de Lula. En nueve meses, el presidente ha instaurado un nuevo estilo de gobernar y, lo que es más importante, ha dejado sin palabras a las poderosas élites brasileñas que pronosticaban un rápido fracaso del antiguo sindicalista elegido presidente con el mayor caudal de votos de la historia de Brasil.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.