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A medida que pasa el tiempo, a ritmo vertiginoso, los actos y las palabras del presidente Néstor Kirchner van tejiendo la trama de sus propósitos en múltiples planos simultáneos y aparecen con más nitidez, según el dicho popular, las patas de la sota. Las reacciones que despierta, aparte de esa generalidad que le atribuye la simpatía de dos tercios de la población, son bastante matizadas y todavía lábiles, fluctuantes al vaivén de las iniciativas presidenciales. Entre los jóvenes más que en ningún otro sector, la desconfianza espera que la desilusión aparezca a la vuelta de la esquina, según las mediciones de la opinión pública de la agencia Braga Menéndez que atiende la publicidad y la imagen del Gobierno. Hay también extremos de confianza incondicional, pletóricas de buena voluntad, como las que se escucharon en varias reuniones realizadas durante las últimas semanas de veteranos militantes de la JP de los años setenta. Uno de ellos lo sintetizó así: “Es un milagro y como tal sólo se puede tener fe”. Entre esas dos puntas, el abanico de opiniones registra diversas tonalidades, sin que falten las ideológicas, desde la derecha y la izquierda.
Al revisar las evidencias ofrecidas por el Gobierno, algunas a la vista y otras sugeridas, lo primero que destaca es la existencia de un pensamiento organizado, aunque a veces aparezcan cabos sueltos y ciertas improvisaciones para responder a las urgencias del momento. A la vez, en el gabinete es un lugar común el comentario acerca del insuficiente número de cuadros intermedios de confianza para realizar el torrente de tareas que se amontonan en las agendas cotidianas. Los empleados públicos que conservan sus empleos podrían ser una fuente de reclutamiento, pero el mutuo conocimiento y compromiso requiere más tiempo que el transcurrido desde la asunción. Con todo, el Presidente mantiene la iniciativa diaria, el centro del ring se dice en el boxeo, y sorprende a menudo a propios y ajenos con decisiones inéditas como la reciente destitución del jefe de la Policía Federal, imputado de corrupción administrativa.
En el plano político-institucional, incluido el electoral, es conocida la inclinación presidencial por la transversalidad, una suerte de pluralidad orgánica que no obliga a sus miembros a la disciplina de un frente multipartidario sino que deja a salvo la autonomía y la capacidad de maniobras de cada uno, pero en cada oportunidad que se requiera serán convocados a concurrir hacia un objetivo compartido. La transversalidad, además, no se agota en los partidos políticos puesto que está abierta a movimientos sociales y gremiales, organizaciones cívicas no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad.
Algunos concurrentes podrían, incluso, estrechar la alianza hasta incorporarse en alguna posición del Ejecutivo, como sería el caso, si se confirma la versión, de la incorporación al gabinete nacional del socialista rosarino Hermes Binner. Dada la tradición en la que el peronismo tendió siempre a cooptar a los aliados hasta subsumirlos en el propio movimiento, la diputada Elisa Carrió suele preguntarse si el plan oficial no consistirá al final en la formación de un pan-peronismo, que ocupe todo el espacio político, desde derecha a izquierda, marginalizando a la disidencia que pretenda mantenerse independiente.
O sea, la construcción de un “espacio” peronista, más ancho que el Partido Justicialista, que por un lado sustituya la hegemonía que tuvieron los conservadores neoliberales en los noventa y, además, le sirva al Presidente para ponerle límites al “aparato” peronista, en particular al bonaerense que por ahora controla Eduardo Duhalde. Por ahora, es poquito más que una hipótesis, ya que los datos sobre la futura composición de las cámaras del Congreso nacional indican más bien que la transversalidad y el propio Presidente tendrán que negociar los asuntos trascendentes con lasrepresentaciones de centro-derecha, incluido el peronismo que se siente incómodo con la actual gestión presidencial.
Junto con esta construcción de influencias y poderes políticos, en relación interactiva, habría que considerar la promoción de campos económicos que pretenden ser de sustancia diferente a los que se forjaron en el último cuarto del siglo XX. Las teorías y prácticas de la economía en etapa recesiva indican que las obras públicas son un instrumento decisivo para crear oportunidades legítimas de empleo y, a la vez, para dinamizar la formación de capitalismo productivo que reemplace al prebendario y al especulativo. El Gobierno enunció la fórmula de “producción y trabajo” para definir el eje central de la actividad económica necesaria para esta etapa y prometió una fuerte inversión en obras públicas, pero hasta ahora la inversión ha sido modesta, lo mismo que sus resultados.
De más está decir que semejante propósito tensa hasta el límite la capacidad de decisión del Gobierno, ya que desde hace por lo menos tres décadas esa capacidad está en manos de grupos concentrados de la economía donde están asociados capitales locales y transnacionales. Uno de los centros de esa puja son las empresas privatizadas y otro el de los núcleos financieros, en primer lugar las AFJP y los bancos. Para definir la relación con los servicios públicos, el Ejecutivo pidió facultades extraordinarias al Congreso, que se las otorgó. Es posible que el Ejecutivo piense que de ese modo recortará las posibles influencias de los lobbies empresarios sobre el legislativo, pero deberá aceptar que la experiencia pasada justifica la desconfianza que suscitan los superpoderes entre los que piensan que la democracia bien entendida es contraria a la concentración y a la verticalidad del poder de decisión.
Mientras dirime estos asuntos, el Gobierno pretende recurrir a la expansión del cooperativismo en todo el país, para lo cual cuenta con suficiente mano de obra entre los piqueteros organizados que desean evolucionar de su condición de receptores de subsidios a productores, recuperando así la cultura y la dignidad del trabajo. Al mismo tiempo, la acción social está diseñando la posibilidad de reemplazar los planes Trabajar por una tarjeta individual de débito que habilite los consumos del titular, jefe o jefa de familia sin empleo. De concretarse el sistema, sería necesario reempadronar a los recipientes, lo cual podría dejar de lado a los actuales intermediarios, sean gobernadores, intendentes, punteros o jefes de piquetes. Es lógico prever que los desplazados opongan resistencia a perder un recurso que en más de una ocasión permitió organizar un neoclientelismo manejado a discreción por estos intermediarios.
En la definición territorial y social, ya que no puede llegar de una vez a la inmensa masa de necesitados, el Gobierno prevé acudir en apoyo de municipios pequeños, los más pobres, allí donde las obras impactan con rapidez en la vida cotidiana de los habitantes, para lo cual se han seleccionado alrededor del diez por ciento de las comunas existentes, unas seiscientas, de las cuales trescientas serán atendidas antes de fin de año. En el plano social, el programa oficial pretende eliminar la indigencia como el primer paso de la lucha general contra la pobreza. El conjunto simultáneo, desde la regulación de las tarifas hasta el auxilio urgente de los más postergados, junto con la dinámica productiva y la producción limitada de nuevos empleos, al lado de la lucha contra la corrupción y la impunidad, de segura repercusión en las franjas más conscientes de las clases medias, dibujan ese tapiz de la esperanza que, hoy por hoy, es el principal soporte de la gestión presidencial, peleando con el tiempo antes que la impaciencia social comience a minar las opiniones positivas.