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El comisario Roberto Giacomino ya tiene quien lo investigue. El fiscal federal Miguel Osorio impulsó una denuncia en base a los mismos hechos por los que el Gobierno lo relevó de su cargo: la contratación de servicios informáticos para el Hospital Churruca sin licitación, con empresas de dos parientes a las que les pagaron enormes sobreprecios. El Ministerio de Justicia había anunciado que sería la Oficina Anticorrupción (OA) el organismo encargado de formular la denuncia, pero el juez Juan José Galeano habría actuado de oficio. Como está de turno pidió a la División Asuntos Internos de la Policía Federal que le enviara los datos del caso.
Galeano dio intervención a Osorio y ayer mismo el fiscal hizo el requerimiento para impulsar la denuncia con los elementos aportados por Asuntos Internos, además de la información publicada en los medios. La acusación abarca al también destituido superintendente de Bienestar de la fuerza, Raúl Pigretti, y a algunos familiares de Giacomino. Con cierta sorpresa, en el Ministerio de Justicia insistieron en que la OA está analizando la información y hará otra denuncia, que seguramente luego será acumulada a la inicial que tiene Galeano.
Pero no es la única causa que involucra a Giacomino, para quien la compra sin licitación parece ser una especialidad. La Cámara Federal tiene a estudio un planteo de “falta de acción” interpuesto en una causa en la que el ex jefe de la Policía Federal es uno de los que aparecen investigados por una contratación directa para la compra de patrulleros Peugeot 206. Se trata de un expediente que tramita el juez federal Jorge Urso sobre compras directas realizadas por la Policía Federal durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La última contratación ocurrió cuando la fuerza ya estaba a cargo de Giacomino. En esa causa se investiga la denuncia del concesionario Daniel Eduardo Meller, titular de la firma Trottar SA. Urso allanó la Oficina de Contrataciones de la policía y dependencias de la empresa, donde secuestró documentación sobre “compras directas, adquisiciones por ley secreta y otorgamiento de comodatos a funcionarios públicos”.
Además, el comisario inspector retirado Julio Argentino Aguirre, que tenía la concesión de un bar dentro del Hospital Churruca, denunció que meses atrás las autoridades de la fuerza le rescindieron el contrato para entregarle el predio a otra empresa perteneciente a “amigos” de la plana mayor que facturan “en negro”.