La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció un plan anticorrupción para la política y los negocios, que buscará marcar un punto de inflexión ante la crisis de confianza que golpea al país. Las medidas apuntan a terminar con los casos de fraude fiscal para financiar campañas políticas, además del tráfico de influencias en los que se vieron involucrados dirigentes políticos de todas las tendencias, incluido su hijo, Sebastián Dávalos. Además, Bachelet exigió agilizar la discusión de los proyectos de ley que limitan la reelección indefinida de senadores, diputados y otras autoridades locales elegidas por voto popular y que buscan garantizar el desempeño honesto de los políticos.

En un mensaje transmitido en la noche de anteayer por cadena nacional, Bachelet anunció una serie de medidas que contemplan la eliminación de entregas de dinero anónimas y reservadas que reciben los candidatos para solventar sus campañas electorales. “Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”, aseveró Bachelet. De este modo, los partidos políticos que quieran recibir las aportaciones económicas correspondientes tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros. “El Estado será el que financie el trabajo de los partidos, y para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros”, dijo.

De igual manera, advirtió que “todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños”, dijo Bachelet. “Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, afirmó la mandataria.

Por otro lado, durante una breve ceremonia realizada en el Salón O’Higgins del Palacio La Moneda, la mandataria requirió a los parlamentarios la discusión de los proyectos de ley que fueron incluidos en el paquete de medidas anticorrupción que detalló en su mensaje del martes por la noche. “Estoy convencida de que el perfeccionamiento de la democracia es una tarea continua que no pertenece a un mandato u otro, y esto supone un permanente diálogo entre miradas diversas y una articulación de una suma de voluntades”, indicó.

Respecto del fin de la reelección indefinida, como rige hoy, Bachelet planteó que los senadores puedan ser ratificados por una sola vez, es decir por un máximo de 16 años, mientras que los diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales lo puedan ser hasta dos veces, o un máximo de 12 años. “Una democracia moderna significa mayor participación, alta transparencia, mejores partidos, un sistema electoral representativo y también límites a la reelección de las autoridades”, justificó Bachelet.

El segundo proyecto enviado al Congreso establece un mecanismo de fideicomiso para autoridades que tengan un alto patrimonio en acciones y valores. La propuesta impide además que los funcionarios de la nación formen parte de empresas que hacen negocios con el Estado. Si ése fuera el caso, tienen que vender su participación. “Este proyecto de ley previene no sólo de mejor manera los conflictos de interés de las autoridades públicas, sino que establece sanciones más severas en caso de que se presenten. Primero, extiende, regula y aumenta las declaraciones de intereses y patrimonios, haciendo más duras las sanciones de quienes no cumplan con ellas”, explicó la jefa de Estado.

Bachelet explicó que el gobierno tiene un plazo de quince días para dictar las medidas administrativas, mientras que para los proyectos de ley cuentan con un plazo máximo de 45 días para su debate en el Parlamento. “No hay más tiempo que perder, y todos los diagnósticos y sugerencias están sobre la mesa. Nuestro deber es que Chile tenga un sistema democrático moderno, de acuerdo con un país que aspira a ser desarrollado”, sentenció.

Desde fines del año pasado, la Fiscalía Nacional investiga traspasos irregulares por millones de dólares de diversas empresas a políticos de distintos partidos, incluidos ex candidatos presidenciales, senadores y diputados, para financiar sus campañas electorales. Los más resonantes fueron los llamados casos Penta y Caval. El primero involucra una supuesta red de fraude fiscal y el financiamiento de campañas electorales a través de facturas falsas del grupo Penta, que sacudió al partido de la derecha Unión Demócrata Independiente (UDI). Pero el caso que más afectó a la imagen pública de la presidenta es el conocido como Caval, la empresa de su nuera, que está siendo investigada por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencia tras la compra y venta de un terreno de 44 hectáreas. Un hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, participó personalmente en la reunión que aseguró el crédito bancario usado en la operación y se vio luego obligado a renunciar a las labores que su madre le había dado como director sociocultural del gobierno.